La UCO bajo amenaza

Lo que está ocurriendo en España con el Gobierno de Pedro Sánchez supera ya cualquier ficción política. Lejos de pedir disculpas, asumir responsabilidades o tan siquiera abrir una investigación seria sobre las gravísimas actuaciones de su fontanera Leire Díez, el PSOE ha optado por el insulto a la inteligencia colectiva: sostienen, sin sonrojo alguno, que se trata de una “militante de base”, una supuesta periodista que estaba realizando una investigación. ¿A qué llaman “militante de base”? ¿A una comisaria política a sueldo de empresas públicas, que se reúne con mandos de la Guardia Civil en restaurantes para ofrecer ascensos a cambio de información sensible contra la UCO y contra el fiscal anticorrupción?

Estamos ante un caso de libro de utilización partidista del Estado y de las instituciones de seguridad para desacreditar a quienes, precisamente, están investigando la corrupción que afecta al núcleo duro del poder socialista. Leire Díez no era ninguna espontánea. Era —y es— una fontanera del sanchismo, una agente política al servicio del régimen, que recibía dinero público mientras trabajaba en la sombra para construir un relato que desactivara a quienes están cercando judicialmente al PSOE.

Los audios filtrados no dejan lugar a dudas. En ellos, Leire y sus acompañantes hablan de destruir la reputación del teniente coronel Antonio Balas de la UCO, de minar la credibilidad del fiscal anticorrupción, y de manejar a la prensa para lanzar un relato favorable al Gobierno. Nada de eso suena a “militancia de base”. Eso suena a operación de Estado encubierta, con el único objetivo de proteger al PSOE y, especialmente, a Pedro Sánchez de los escándalos que salpican cada vez con más fuerza a su familia, su entorno, sus ministros y sus altos cargos.

Pero lo verdaderamente escandaloso es que lejos de escarmentar, el Gobierno está redoblando la apuesta. Ahora, el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, quiere modificar la ley para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —la misma que está destapando las cloacas del sanchismo— no dependa del juez instructor, como sucede hasta ahora, sino de la Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Ya lo dijo el propio Sánchez sin pudor alguno: “¿De quién depende la fiscalía? Pues eso…”

Es decir, el plan de Sánchez es que la UCO —ese cuerpo incómodo que investiga con libertad— deje de tener autonomía y quede bajo control directo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya obediencia al Gobierno no es ya una sospecha, sino un hecho probado. El mismo fiscal que ha sido amonestado por el Tribunal Supremo por actuar al margen de la legalidad para proteger a altos cargos socialistas. El mismo que se ha convertido en el “fontanero mayor del reino” desde la Fiscalía General del Estado.

¿Se imaginan lo que supone que las investigaciones contra la corrupción de Sánchez y su entorno pasen a estar bajo control de su fiscal de confianza? ¿Qué clase de democracia puede sostenerse cuando quienes deben investigar y castigar la corrupción están controlados por los propios corruptos?

Pedro Sánchez ha entendido el poder como un botín. Ha colonizado el CIS, RTVE, la Fiscalía, el CNI, el INE, el CGPJ, y ahora va a por la Guardia Civil judicial. No le basta con la impunidad: quiere la sumisión absoluta de todas las instituciones a su figura. Y para ello necesita desacreditar a los jueces independientes, asfixiar a la prensa crítica, y desmantelar los cuerpos policiales que aún no han sido politizados. Todo con el mismo patrón: acusaciones falsas de “ultraderecha”, victimismo de manual, y cortinas de humo constantes.

La operación Leire Díez no es un episodio menor. Es la prueba de que el PSOE ya actúa como una organización parapolicial dispuesta a todo para tapar la podredumbre. En lugar de expulsarla, el partido sale en su defensa. En lugar de abrir una investigación, la presentan como una heroína amateur que luchaba por la verdad. Mientras tanto, sus propios chats y audios muestran la operación sucia: manipular, infiltrar, desacreditar, controlar. Y todo eso con dinero público, desde el corazón de las instituciones.

España está entrando en una etapa extremadamente peligrosa. No estamos hablando solo de corrupción: estamos hablando de un sistema en descomposición donde la separación de poderes está siendo eliminada. Un sistema donde el poder judicial es colonizado, la prensa libre perseguida y los cuerpos policiales leales son hostigados por el mero hecho de cumplir con su deber. Un sistema donde quien denuncia es criminalizado, y quien delinque es ascendido o protegido.

La maniobra de Bolaños para reformar la justicia no tiene otro objetivo que blindar al sanchismo y dejar fuera de juego a cualquier elemento que pueda hacerle frente. Es la institucionalización del abuso de poder. Si no actuamos pronto, si no desenmascaramos con fuerza esta deriva autoritaria, corremos el riesgo de que palabras como “justicia”, “democracia” o “libertad” se conviertan en meras etiquetas vacías. Palabras bonitas para adornar una dictadura encubierta en apariencia democrática.

No nos equivoquemos: o frenamos esta maquinaria de corrupción y poder absoluto, o el régimen del sanchismo acabará por destruir lo poco que queda de nuestro Estado de Derecho. No se puede confiar en un partido que protege a sus fontaneros, que manipula las instituciones y que pretende reescribir las leyes para no rendir cuentas. España no puede seguir siendo rehén de una mafia política que se disfraza de partido de gobierno.

Hoy más que nunca, la defensa de la justicia, de la Guardia Civil y de la libertad exige denunciar al PSOE y al sanchismo por lo que realmente son: una amenaza directa a la democracia.