Del miedo al bulo: cuando la corrupción socialista roza el crimen de Estado

En cualquier democracia sana, el testimonio de un capitán de la Guardia Civil, advirtiendo que temía por su vida, que se sentía vigilado, que sospechaba que un sicario venezolano —sí, un asesino a sueldo— podía acabar con él por orden de su propio Gobierno, sería motivo de una investigación de Estado, de portadas, de comparecencias urgentes en el Congreso, de dimisiones y de alarma nacional. Pero estamos en la España del sanchismo. En la España donde el bulo lo fabrica el Gobierno, lo amplifican sus sicarios mediáticos —como El Plural, La Sexta y la TVE de la comisaria Silvia Intxaurrondo— y lo repiten obedientes los ministros del Régimen. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Aquí lo importante es proteger la corrupción y silenciar al que moleste. Y si hace falta fabricar una mentira para hundir al adversario o al testigo incómodo, se fabrica. Sin pudor. Sin escrúpulos.

La historia es tan grave que asusta, pero no por el bulo que han lanzado, sino por la realidad que pretenden tapar.

Vicente Bonilla, entonces capitán de la UCO —Unidad Central Operativa de la Guardia Civil—, manifestaba en 2021 a un confidente su temor real a ser asesinado. Sí, lo dijo. Pero no porque fantaseara con matar al presidente del Gobierno, como insinúa ahora esa maquinaria del fango que es la izquierda mediática y política. Lo dijo porque se sentía amenazado. Porque intuía que su trabajo, sus investigaciones, sus conocimientos sobre las cloacas del poder, lo ponían en peligro. Y porque había motivos fundados para pensar que desde el entorno del Gobierno, sí, del Gobierno de Pedro Sánchez, con conexiones evidentes con el chavismo venezolano, se podía orquestar un atentado contra su vida. Esto lo dijo un capitán de la UCO. No lo dijo un tuitero anónimo. No lo publicó una web conspiranoica. Lo dijo un profesional de élite, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no se le escuchó. Se le atacó.

En lugar de investigar por qué un miembro de la UCO temía ser asesinado por un sicario venezolano —qué palabra tan precisa: “sicario”—, lo que ha hecho el Gobierno ha sido fabricar una campaña para destruirle. Tomaron una conversación antigua, descontextualizada, manipulada y la convirtieron en arma de destrucción mediática. El mensaje: este guardia civil planeaba atentar contra Pedro Sánchez. Todo mentira. Todo parte de la estrategia soviétizante del sanchismo: lanza el bulo, que ya habrá medios afines que lo conviertan en titular, ministros que lo repitan, y periodistas paniaguados que lo defiendan en las tertulias.

Hasta tres ministros del Gobierno, tres, se han prestado a esta indecencia: Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar López. Todos han señalado públicamente al capitán Bonilla, todos han dado pábulo a esa infamia, todos han servido al Régimen como comisarios políticos. Ninguno ha pedido disculpas. Ninguno ha matizado. Ninguno ha sentido vergüenza. Porque para el sanchismo, el fin justifica los medios. Y si hay que destrozar la vida de un servidor público, para tapar las miserias del PSOE y de su presidente, se hace. Total, ya tienen a El Plural —el mismo que fabricó el bulo de los dos DNI del juez Peinado—, a La Sexta, a Público, y a una televisión pública convertida en agit-prop bolivariano con Silvia Intxaurrondo como jefa de agitación.

Pero lo verdaderamente grave no es el bulo. Lo verdaderamente escalofriante es el motivo original de la conversación: un miembro de la Guardia Civil tenía miedo de ser asesinado por un sicario venezolano contratado por el Gobierno. Y eso nos lleva a una pregunta que debería estremecer al país entero: ¿qué sabe el capitán Bonilla? ¿Qué información maneja? ¿Por qué temía que lo mataran?

Y aquí se abren las compuertas del abismo.

Sabemos que el sanchismo tiene lazos directos con la dictadura venezolana. Zapatero, el siniestro mediador de las sombras, presume de amistad con Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez, la vicepresidente que pisó Barajas con maletas cuyo contenido nunca fue inspeccionado, en una noche negra que aún huele a cloaca. Sabemos que Víctor de Aldama, el conseguidor, el que fuera amigo del Gobierno, el implicado en la trama de los hidrocarburos, tiene conexiones internacionales turbias. Sabemos que el caso Koldo, el caso Tito Berni, el caso de los contratos covid, el rescate de Air Europa, el uso partidista de los fondos europeos, y el blindaje mediático judicial y fiscal del sanchismo no son casualidades aisladas, sino eslabones de una cadena de corrupción institucionalizada.

Lo que Bonilla sugiere con sus palabras es que el sanchismo no es ya una mafia política en el sentido clásico, sino una organización criminal de Estado, con ramificaciones que alcanzan al crimen organizado, a servicios de inteligencia paralelos, a gobiernos extranjeros afines, y a mecanismos de chantaje, intimidación y manipulación propios de una dictadura. Esto no va solo de sobres y comisiones. Esto va de amenazas. De silencios forzados. De miedo. De violencia encubierta. De algo mucho más oscuro.

Y la estrategia es siempre la misma: transformar a la víctima en culpable. Como en las dictaduras. Como en el chavismo. Como en el narcosocialismo del que el PSOE ha tomado ejemplo. Si alguien habla, se le destruye. Si alguien investiga, se le desacredita. Si un juez molesta, se filtran sus datos. Si un periodista cuestiona, se le expulsa del Congreso. Y si un guardia civil teme por su vida, se le llama terrorista.

Vivimos tiempos tenebrosos. España se adentra en una era autoritaria donde el poder no se limita a controlar las instituciones, sino que extiende sus tentáculos hasta el último resorte del Estado, anulando toda oposición, persiguiendo toda disidencia, castigando todo atisbo de rebeldía.

Hoy ha sido Vicente Bonilla. Mañana puede ser cualquiera. Porque en la España del sanchismo, el enemigo no es el delincuente. El enemigo es el que lo señala.

Y ese es, precisamente, el síntoma más claro de que estamos ante una mafia de Estado.