El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía. Lo inimaginable, lo indecente, lo contrario al más elemental principio de igualdad ante la ley, se ha consumado. Se ha certificado, con toga y con cobardía, el derrumbe del Estado de Derecho en España. Y no se equivoquen: esta aberración jurídica, moral y política, no es únicamente responsabilidad del PSOE de Pedro Sánchez. No. También es fruto directo de la claudicación, la cobardía y la complicidad del Partido Popular.
Porque la entrega del Tribunal Constitucional al sanchismo fue pactada, firmada y ejecutada por los de siempre: por los traidores de ambos lados del mismo régimen. El PSOE exigió la cabeza del Estado de Derecho y el PP, diligente, ofreció la bandeja.
PP y PSOE: el pacto de la ignominia
El pacto para renovar el Tribunal Constitucional —junto con el del Consejo General del Poder Judicial— fue vendido por el PP como un ejercicio de "responsabilidad institucional". Lo que realmente hicieron fue entregarle el último dique de contención jurídica a Pedro Sánchez para que pudiera perpetrar su golpe sin resistencia legal. El PSOE colocó a sus peones: entre ellos Juan Carlos Campo, el mismo que fue ministro de Justicia de Sánchez y que, en 2021, afirmaba tajantemente que la amnistía era inconstitucional. Hoy, ese mismo Campo se ha abstenido. No ha votado en contra. No ha defendido la Constitución. No ha defendido la justicia. Ha defendido su carrera, su sillón, su cobardía.
La traición tiene muchos rostros, pero en este caso, algunos son especialmente nítidos. El de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal, convertido en activista del sanchismo togado. El de Laura Díez, ex directora general en Moncloa, redactando sentencias a la carta. Y el de los magistrados "conservadores" que, en un alarde de sumisión, acudieron dócilmente al pleno para dar quórum a una decisión que destruye los principios de igualdad, legalidad y justicia. Con su sola presencia, hicieron posible el desenlace.
¿Dónde estaban cuando eran mayoría?
Hay que recordar, además, que durante años el PP tuvo mayoría “conservadora” en el Constitucional. ¿Y qué hicieron esos magistrados? Nada. Literalmente, nada. Guardaron en los cajones los recursos interpuestos contra las leyes ideológicas de Zapatero. La ley del aborto, la de memoria histórica, la de género, la de adoctrinamiento educativo. Todas dormían el sueño de los cobardes en un Tribunal paralizado por la inacción de unos magistrados que se decían conservadores, pero que solo conservaron sus sueldos y sus silencios.
Cuando por fin el PSOE recuperó la mayoría, con sus peones bien colocados, sacó los recursos de los cajones y los tumbó. Así de sencillo. Así de previsible. Así de suicida ha sido el comportamiento del PP.
Juan Carlos Campo y la hipocresía institucional
El caso de Juan Carlos Campo merece capítulo aparte. Ministro de Justicia durante la etapa en que el propio Sánchez y varios miembros del PSOE reconocían públicamente que una ley de amnistía sería inconstitucional, ahora se ha abstenido. No ha tenido la dignidad de votar en contra. Ni siquiera la decencia de marcharse. Ha traicionado no solo sus palabras, sino la esencia misma del cargo que ostenta: el de garante de la legalidad. ¿Cómo puede un exministro, que ha expresado su convicción de que algo es inconstitucional, abstenerse cuando se le exige pronunciarse sobre ello desde el máximo órgano constitucional del país? Solo desde la corrupción moral más absoluta se entiende tal comportamiento.
¿Dónde quedó el Estado de Derecho?
La ley de amnistía es una ley de impunidad. Está redactada no en base a criterios jurídicos, sino para salvar a delincuentes condenados por delitos gravísimos: sedición, malversación, desobediencia. No hay ninguna voluntad de reconciliación, solo un precio político pagado por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Ha prostituido la legalidad para mantenerse unos meses más en Moncloa, aunque el precio sea la demolición del orden constitucional.
