Hay una verdad incómoda que el poder detesta porque deja al descubierto su inutilidad moral: cuando llega la tragedia, cuando todo se viene abajo, no es el Estado ni el Gobierno quien acude primero; es el pueblo. Hombres y mujeres anónimos. Vecinos sin siglas. Españoles sin carné de partido. Personas corrientes que, cuando suena el estruendo o se impone el silencio de la muerte, no preguntan a quién hay que votar, sino a quién hay que ayudar.
Lo hemos vuelto a ver en el último accidente ferroviario. Mientras los protocolos se activaban con la lentitud habitual del aparato burocrático, fueron los vecinos los primeros en llegar. Se metieron entre vagones destrozados sin saber si podían explotar, sin equipos especiales, sin cámaras, sin consignas. Solo con lo puesto y con lo único que hace falta en esos momentos: valentía y humanidad. Ese es el verdadero rostro de España. El que nunca sale en los discursos oficiales.
Esta escena no es una excepción: es la norma. Se repite una y otra vez, porque hay algo profundamente arraigado en el carácter del pueblo español que ningún gobierno ha logrado extirpar: la solidaridad real, la que no se anuncia, la que no se instrumentaliza.
Cuando el pueblo actúa y el poder estorba
Lo vimos con la gota fría en Valencia. Miles de voluntarios salieron a la calle sin esperar instrucciones de nadie. Limpiaron barro, rescataron a vecinos atrapados, ayudaron a los heridos, recogieron cadáveres cuando el Estado aún estaba deliberando. Nadie les preguntó a quién votaban. Nadie les ofreció una subvención. Nadie les puso una medalla en ese momento. Lo hicieron porque había que hacerlo.
Durante la pandemia ocurrió exactamente lo mismo. El Gobierno optó por el miedo, el encierro, el control y la propaganda. Se nos confinó como si el miedo pudiera sustituir a la responsabilidad, como si tratar a ciudadanos adultos como súbditos fuera una solución sanitaria. Y, sin embargo, el pueblo volvió a dar lecciones morales: redes de ayuda espontánea, vecinos llevando comida a ancianos, gente saliendo a protestar contra medidas absurdas e injustas que destrozaban vidas y negocios mientras la élite política incumplía sus propias normas.
Mientras tanto, el Estado se dedicaba a asustar, señalar, dividir y censurar. Y cuando aquello empezó a resquebrajarse, el Gobierno huyó hacia adelante sin asumir responsabilidades. Una vez más.
La solidaridad que no cotiza en Bolsa política
También lo vimos en los atentados de ETA. Sangre, caos, muertos. Y, de nuevo, gente corriente ayudando a gente corriente. Brazos que cargaban heridos, puertas abiertas, colas para donar sangre, silencio respetuoso y una dignidad colectiva que ningún relato oficial ha podido empañar del todo.
Frente a esa solidaridad limpia y desinteresada, la izquierda política siempre ha hecho lo mismo: intentar sacar rédito. El dolor ajeno convertido en eslogan. La tragedia transformada en pancarta. El sufrimiento utilizado como ariete ideológico.
El caso del hundimiento del Prestige fue paradigmático. Antes de limpiar, antes de ayudar, antes de resolver, se preguntaron cómo capitalizar el desastre. Da igual la catástrofe: su primera pregunta nunca es “¿qué hacemos?”, sino “¿cómo lo usamos?”. Si la víctima no encaja en su relato, se la ignora. Si encaja, se la explota.
