Sudáfrica fue fundada por europeos que, tras largas y duras travesías, convirtieron aquel territorio hostil en una tierra fértil, avanzada y próspera. Los bóers, descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes, labraron durante generaciones una nación que, con todas sus contradicciones, logró ser el país más desarrollado del continente africano. Pero hoy, aquellos que fundaron Sudáfrica y la convirtieron en una potencia regional —la minoría blanca— son perseguidos, masacrados y expulsados, mientras el mundo calla cómplice.
Lo que se vive actualmente en Sudáfrica es una tragedia silenciada: una limpieza étnica selectiva y progresiva contra los blancos, en especial los agricultores afrikáner. Una persecución sistemática que no se denuncia, que se oculta, y que ni los organismos internacionales ni los grandes medios quieren reconocer, porque no encaja en la narrativa de los “oprimidos buenos” y los “opresores malos”.
De nación modelo a estado fallido
Sudáfrica fue, durante décadas, un referente económico y militar en África. Bajo el régimen del apartheid —con todas las sombras y luces que la historia debe juzgar con rigor y no con consignas—, el país contaba con estabilidad, crecimiento y orden. Las ciudades funcionaban, las infraestructuras eran punteras, y existía una legalidad clara, aunque discriminatoria. Pero tras el final del apartheid y con la llegada de Nelson Mandela, se prometió una Sudáfrica inclusiva, democrática y próspera para todos.
La realidad fue bien distinta.
Desde la muerte de Mandela en 2013, y sobre todo en la última década, el país se ha precipitado hacia el abismo: corrupción generalizada, colapso de servicios básicos, delincuencia descontrolada, racismo institucionalizado contra los blancos y una violencia agraria que ya se cobra cientos de vidas al año. El “arco iris” se desvaneció y dejó paso a una pesadilla étnica que nadie quiere mirar de frente.
La persecución de los blancos
Las cifras son escalofriantes: miles de agricultores blancos han sido asesinados en ataques brutales en sus propias fincas, muchos torturados, violados o quemados vivos. No son crímenes comunes. Son ejecuciones selectivas, organizadas y justificadas por una narrativa de odio impulsada desde el poder. El Congreso Nacional Africano (ANC), el partido de gobierno desde 1994, y grupos radicales como los Economic Freedom Fighters (EFF), liderados por Julius Malema, promueven abiertamente la expropiación de tierras sin compensación y alimentan el resentimiento racial con discursos incendiarios.
Malema, por ejemplo, ha gritado en actos públicos: “maten al bóer”. Y nadie en Naciones Unidas, en Bruselas, ni en los medios que se escandalizan por cualquier micromachismo, dice nada. Porque en este caso, las víctimas no interesan: son blancos.
Los blancos sudafricanos, apenas un 7% de la población, son ahora ciudadanos de segunda. No solo por el acoso físico, sino por el racismo legal que se ha institucionalizado. Las políticas de “discriminación positiva” —como la Black Economic Empowerment— excluyen a blancos de empleos, ayudas, becas y licitaciones públicas. A igual o mejor preparación, no tienen acceso a nada por su color de piel. Es el apartheid a la inversa, pero celebrado por la corrección política.
