Lorenzo Serena: cuando decir la verdad se castiga más que mentir

En estos días, el nombre de Lorenzo Serena Puig se ha convertido en algo más que el de un funcionario: es la prueba viviente de que el sistema público puede estar armado con códigos anticorrupción, leyes de transparencia y declaraciones solemnes, pero seguir siendo un instrumento de silencio, penalización y castigo hacia quienes no aceptan lo que se impone por debajo de la mesa.

La integridad que se volvió una amenaza

Lorenzo Serena, con casi treinta años de experiencia, era el secretario de la mesa de contratación del proyecto de ampliación del túnel de Belate (Navarra).

El proyecto no era trivial: contratos millonarios, empresas con conexiones políticas, consejos de adjudicación con procedimientos cuestionables. Serena comenzó a poner en actas lo que veía: irregularidades en los criterios técnicos, discrepancias entre las puntuaciones que los vocales daban, la solicitud de certificados de solvencia fuera del ámbito competente, procedimientos opacos y resultados decididos no ya por consenso colegiado, sino por influencias ajenas al marco legal.

Él no guardó silencio. Denunció. Enviaba correos, hacía votos particulares, alertó ante instancias parlamentarias, acudió a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, compareció ante comisiones del Senado.

El precio de la honradez

Y entonces vinieron las represalias. El sistema –ese mismo que proclama valores como la transparencia, integridad, mérito, función pública…– decidió apartarlo. Lo trasladaron a un destino que no correspondía a su cualificación ni trayectoria. Lo enviaron a un edificio en Landaben, a un despacho diminuto, bajo una escalera. Se habló de reorganizaciones administrativas, de errores, hasta de disculpas oficiales. Pero lo esencial es que su voz pasó de estar en el centro de los procesos a estar excluida, al margen.

Ni los códigos éticos ni las leyes de protección al denunciante le protegieron automáticamente de quedar expuesto al ostracismo, la desconfianza institucional, la invisibilidad profesional.

¿Cuántos Lorenzos existen?

Este caso plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos funcionarios como Lorenzo Serena hay, que ponen voz a lo irregular, a lo corrupto, y en lugar de recibir reconocimiento, reciben castigo? ¿Cuántos ven cómo sus advertencias son ignoradas, sus informes devorados por la burocracia, su integridad vapuleada por intereses “políticos” o económicos?

Porque poseer códigos anticorrupción, leyes de transparencia, protección al denunciante, no es lo mismo que aplicarlos de verdad. La letra sin el respaldo institucional se convierte en papel mojado. Y muchas veces, el funcionario que dice “esto está mal, esto es ilegal, esto es injusto” es quien paga el precio más alto: invisibilidad, alejamiento, desmotivación, desprestigio; no porque su denuncia no sea válida, sino porque molesta.

El deber público frente al silencio cómplice

Serena ha demostrado algo que muchos olvidan: que la administración pública no es neutra, no es de nadie. Es de todos. Y exige responsabilidad, incluso cuando esa responsabilidad incomoda. Lo que ha hecho Lorenzo Serena —y eso lo distinguen los grandes servidores públicos— es cumplir con su deber: destacar las irregularidades, exigir que los criterios se apliquen de forma justa, defender el interés general por encima de los intereses particulares.

Y lo ha hecho sin grandilocuencias, sin buscar aplausos, sino desde la certeza ética de que las normas existen para algo más que firmar documentos o justificar recortes de prensa.

La integridad como riesgo institucional

Este caso debería sacudir a quienes están en cargos de poder público. Porque cada vez que se margina a un denunciante, cada vez que se silencian las irregularidades, no solo se está fallando a la ley, sino a la democracia, al estado de derecho, a la confianza ciudadana.

Lorenzo Serena no es un héroe exótico: es un ejemplo de lo que ocurre cuando la integridad se convierte en riesgo institucional. No es alguien que busca fama, sino justicia. Y su historia debería servir para revisar si los códigos éticos de las administraciones no son colecciones de buenas intenciones, sino normas vivas, con sanciones reales para quienes violan la ley, y garantías reales para quienes la defienden.

Porque si no, siempre habrá Lorenzos Serenas ignorados, desplazados, amordazados por la propia estructura que juraron servir.