Hechos ya cotidianos, aunque absolutamente lamentables, suceden a diario tanto en la sala de plenos como en las de prensa del Congreso de los Diputados y que ponen de manifiesto el nivel de degradación democrática que de un tiempo a esta parte está sumiendo a España en opacidades y oscurantismos dignos regímenes políticos sucedidos y superados en siglos pretéritos.
Son muchos los ámbitos competenciales, jurisdiccionales, sectores de actividad e instituciones de aquí y de allá donde se están manifestando ciertas señales que hacen encender relevantes avisos de alarma en relación al incumplimiento sistemático de preceptos que, hasta la llegada al poder del partido sanchista, se consideraban consolidados en la democracia de nuestro país. El gobierno del PSOE en coalición con SUMAR ha superado todo tipo de exigencias y mandatos democráticos que, junto con el resto de partidos socios de investidura de Pedro Sánchez, que huelga nombrar y todos ellos autodeclarados enemigos de España, han decidido llevar a la práctica en forma de una serie de medidas de acción política conjunta absolutamente antidemocráticas que deberían de hacer pender sus cargos por la simple insinuación de llevarlas a cabo. Pero lejos de ello, nos encontramos en un caldo político podrido y hediondo donde estas acciones se producen a diario impunemente ante la estupefacción e impotencia de la sociedad.
Actos de dignidad y corrección política como es la figura de la dimisión han desaparecido, pase lo que pase, se esté acusado de lo que sea, comprometido o incluso condenado, hoy día en España, no dimite nadie, ergo todo desmán político ha dejado de estar sujeto a los estándares de la moralidad. Llegados a este punto es obligatorio citar al PP también, que no se escapa de la quema ni está libre de pecado, aunque no ha llegado tan lejos como sus compañeros de hemiciclo en cuanto a mala educación y falta de compostura.
Si aplicáramos filtros de conducta intachable, antecedentes penales o si un día cualquiera se llevaran a cabo test de detección de consumo de psicotrópicos por sorpresa a sus señorías, es posible que en el hemiciclo se quedaran únicamente los ujieres, si acaso, valga la hipérbole. Tal es la calidad de los más altos representantes de la soberanía nacional y habilitados para ostentar los poderes públicos de este país.
Todos asistimos atónitos a los desplantes y desprecios que portavoces de los partidos realizan día si y día también a ciertos periodistas en sede parlamentaria negándose a responder preguntas que están avaladas por el interés general de la ciudadanía. Pueden ser cuestiones que les sean incómodas, cuestiones que se ciernan sobre su ámbito personal, cuestiones que resalten desvalores de los propios políticos o de sus partidos, pero ello no les habilita a su desprecio ni descrédito, ya sea de forma explícita, tácita o mediante los silencios excluyentes tan recurridos.
En un país democrático la libertad de expresión, de opinión, la libertad de prensa o información, la pluralidad política, las manifestaciones de la voluntad popular así como la ejecución de las garantías constitucionales que sostienen los derechos y libertades y que los poderes públicos deben garantizar, son condiciones sine qua non para que una nación pueda mantener el apelativo democrático. Y señores diputados, sí, ustedes tienen la obligación de responder, les guste o no, ello es un acto debido por razón de su cargo y no hacerlo como de facto lo hacen es una violación democrática.
