Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado que el sanchismo se empeña en mantener

En un país serio, un fiscal general del Estado imputado por filtrar datos fiscales de un contribuyente habría sido cesado de inmediato. Pero España, bajo el sanchismo, ya no es un país serio. Es un país intervenido, prostituido institucionalmente, donde la justicia se ha convertido en un apéndice más de la maquinaria de poder de Pedro Sánchez. Donde la fiscalía, que “depende del Gobierno” según el propio Sánchez, ha pasado de ser un garante del Estado de Derecho a convertirse en un instrumento de persecución de disidentes y protección de corruptos.

Álvaro García Ortiz no es una excepción. Es la regla del sanchismo.

De Dolores Delgado a García Ortiz: la saga de la infamia

Conviene recordar de dónde viene este personaje. García Ortiz fue el elegido de Dolores Delgado, la ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez, la pareja sentimental de Baltasar Garzón, ese ex juez prevaricador que representa mejor que nadie la politización y degradación de la justicia española. Garzón es al poder judicial lo que José Luis Rodríguez Zapatero es al PSOE: su inspirador en las cloacas, su guía en la podredumbre. De Garzón aprendieron todos: Dolores Delgado, Félix Bolaños y el propio García Ortiz.

Zapatero destroza el PSOE, Garzón destroza la justicia, y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Dolores Delgado, la fiscal de las togas manchadas de militancia, la que pasó sin sonrojarse del Consejo de Ministros al cargo de Fiscal General del Estado, colocó a García Ortiz como su sucesor directo. Y Pedro Sánchez, que lo sabe todo y lo controla todo, ratificó con entusiasmo al sucesor de su fiscal de confianza.

Imputado por filtrar datos de un contribuyente

El fiscal general del Estado está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Nada menos. Está acusado de filtrar a un medio de comunicación datos fiscales de un contribuyente, en este caso, la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, para desgastar políticamente a un adversario de Sánchez. Los fiscales del caso lo acusan de utilizar el poder de su cargo para perpetrar una vendetta política, saltándose la ley y filtrando datos que estaban protegidos por el secreto fiscal.

¿Quién facilitó esos datos fiscales? ¿Fue solo la Fiscalía o estuvo también implicado el Ministerio de Hacienda? La pregunta no es retórica: en cualquier país serio se investigaría hasta el final. Aquí no, porque todo apunta a un modus operandi compartido en la maquinaria sanchista.

Las asociaciones de fiscales piden su dimisión

No son medios de comunicación críticos, ni analistas de tertulia, ni “ultraderechistas” como les gusta calificar a todo el que no se arrodilla ante el Gobierno: son las propias asociaciones de fiscales las que exigen la dimisión de Álvaro García Ortiz. Denuncian su comportamiento, su falta de neutralidad, su politización y su uso de la Fiscalía como herramienta partidista al servicio de Pedro Sánchez.

Pero, como siempre con el sanchismo, las peticiones de dimisión solo sirven para confirmar la impunidad. Cuanto más sucio y manchado de escándalos esté un alto cargo, más posibilidades tiene de ser blindado por Sánchez.

“La fiscalía depende del Gobierno”, y punto

Conviene recordarlo una y otra vez: fue Pedro Sánchez quien, en televisión, afirmó con toda tranquilidad que “la fiscalía depende del Gobierno”. Ningún periodista del régimen se escandalizó. Ningún tertuliano de plantilla protestó. Era la confesión pública de la colonización de las instituciones. Era el sanchismo, sin caretas.

Por eso no extraña que un fiscal general imputado siga en su cargo. Por eso no extraña que el fiscal general se use para tapar las vergüenzas del sanchismo, perseguir a jueces, filtrar datos fiscales de adversarios y proteger al Gobierno.

García Ortiz es otro de los sicarios del sanchismo. Otro alfil en la podredumbre institucional que vivimos.

Un síntoma más de la podredumbre del régimen

En un país donde el presidente del Gobierno es capaz de mentir descaradamente, utilizar la Moncloa como plató de propaganda y poner a su esposa al frente de negocios con aroma a corrupción, no sorprende que su fiscal general esté imputado y siga en su puesto. El sanchismo premia la sumisión y la complicidad, no la honradez ni la independencia.

El problema no es solo Álvaro García Ortiz, sino el sistema que lo protege. Un sistema donde Hacienda se convierte en policía política, la Fiscalía en herramienta partidista y los jueces son acosados si no se pliegan a las órdenes del régimen.

García Ortiz es la imagen perfecta de este tiempo: un fiscal general del Estado imputado, sostenido en su puesto por el sanchismo, protegido por la maquinaria mediática afín y utilizado para perseguir al disidente mientras protege al corrupto.

España necesita recuperar la dignidad y la independencia de sus instituciones. Para ello, lo primero es desalojar al sanchismo del poder y recuperar la justicia, la fiscalía y la Hacienda pública como herramientas de servicio al ciudadano, no como armas de persecución al servicio de un régimen decadente.

Hasta entonces, el fiscal general imputado seguirá en su puesto, como un recordatorio diario de en qué se ha convertido la justicia en la España del sanchismo.