La caída del número dos de Marlaska: cortina de humo o peón sacrificado del PSOE

En un régimen acorralado por la corrupción, las dimisiones ya no son actos de responsabilidad política, sino piezas sacrificadas en un tablero que huele a cloaca. Eso es lo que representa la dimisión de Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, número dos de Fernando Grande-Marlaska. Un hombre que hasta hace unas horas controlaba directamente los resortes clave del Ministerio del Interior, y que ahora es abandonado a su suerte para ser utilizado como cortina de humo, o peor aún, como chivo expiatorio de una trama mucho más oscura y estructurada: la del PSOE y su red de fontaneros políticos al servicio del sanchismo.

El PSOE necesita víctimas. Necesita culpables a los que señalar para proteger al núcleo duro del poder. Rafael Pérez puede acabar siendo uno de ellos. Su salida llega en el momento exacto en el que explota el escándalo de Leire Díez Castro, la ya célebre “fontanera de Ferraz”, de la que hemos sabido —gracias a la exclusiva publicada hoy por El Mundo— que se reunió hasta en dos ocasiones con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en la trama Koldo. Las reuniones no eran informales ni fortuitas: se le prometió un ascenso si colaboraba en atacar a la UCO y al fiscal anticorrupción.

Esto es gravísimo. Es el uso del poder institucional para destruir a quienes investigan la corrupción del poder. No estamos ante un escándalo menor ni ante una operación aislada. Estamos ante una red mafiosa incrustada en el Estado, que utiliza a altos cargos, medios afines y cuerpos de seguridad para manipular la realidad y blindar al presidente del Gobierno y su entorno.

La idea de que Leire Díez actuaba por libre, sin respaldo político, es directamente insultante para la inteligencia de los ciudadanos. ¿Una simple asesora con capacidad de prometer ascensos en la Guardia Civil? ¿Una espontánea reuniéndose en secreto con un mando implicado en una trama que salpica al corazón del sanchismo? Solo puede prometer un ascenso quien controla o tiene línea directa con quien los decide. Por tanto, Leire Díez trabajaba al servicio del PSOE y bajo el paraguas de los que mandan realmente en Ferraz, como Santos Cerdán.

Y es aquí donde aparece Rafael Pérez. La información filtrada, convenientemente publicada tras su dimisión, pretende asociarlo a las maniobras sucias de Leire Díez. Todo para desviar la atención del verdadero escándalo: que desde el núcleo del PSOE se conspiraba para reventar las investigaciones de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Pérez es la cabeza de turco que el sistema ofrece a los medios para fabricar el relato de que “ya se ha depurado todo”. Pero no se engañen: el pez gordo sigue intacto.

El Ministerio del Interior, en manos de un Marlaska que ha sido degradado a figurón decorativo, ya no es garante del orden constitucional, sino instrumento político al servicio del PSOE. Lo que está en juego no es un cargo, sino la credibilidad misma del Estado de derecho. Cuando la Guardia Civil ya no investiga libremente, sino bajo amenaza de represalias, estamos ante un proceso de venezolanización institucional.

Por eso dimite Rafael Pérez. No por dignidad. Dimite porque alguien tiene que caer antes de que caiga todo. Dimite para proteger a Marlaska, para distraer a la prensa, para calmar los ánimos, para que no se hable más de los móviles de Koldo, los audios de Santos Cerdán o el papelón de Begoña Gómez.

Y sin embargo, todo apunta a que no será suficiente. Porque lo que revela esta operación es que el PSOE ha cruzado todas las líneas rojas. Ya no se trata de colocar familiares, de repartir contratos entre amigos o de manipular el BOE. Se trata de perseguir a los cuerpos de seguridad del Estado que investigan la corrupción socialista. Se trata de destruir a la UCO para proteger a los corruptos. Se trata de ofrecer ascensos a cambio de información que sirva para eliminar pruebas o desacreditar a fiscales.

Eso no es política. Eso es mafia.

Lo de Leire Díez no es un caso aislado. Es la prueba de que existe una estructura en la sombra operando desde Ferraz. Una estructura que responde al sanchismo, que tiene nombres, apellidos, móviles, reuniones, fechas y objetivos. Y que ahora, en su desesperación, empieza a dejar cadáveres por el camino. Rafael Pérez es el primero, pero no debe ser el último.

La Justicia tiene una oportunidad histórica: o corta de raíz este entramado mafioso, o España se hunde definitivamente en la miseria moral y política. Dimisiones como esta, lejos de cerrar el escándalo, lo confirman y lo agravan.

Porque cuando una asesora sin rango ofrece ascensos a mandos de la Guardia Civil para manipular investigaciones, lo que tenemos delante no es un Gobierno: es una organización criminal. Y eso, tarde o temprano, exige responsabilidades. De verdad. De las que se pagan ante un juez.

Y no con dimisiones teatrales.