Las informaciones publicadas por El Confidencial este 5 de junio no son un escándalo más, ni una anécdota que se diluya entre titulares. Lo que se está denunciando, de ser confirmado por la justicia, supera todos los límites de lo tolerable en una democracia. Lo que está en juego no es un simple caso de corrupción, sino la existencia misma del Estado de Derecho.
El PSOE de Pedro Sánchez —la maquinaria sanchista— habría cruzado una línea roja inadmisible: utilizar a empresarios afines, a miembros de las fuerzas de seguridad y a operadores políticos para fabricar pruebas falsas, destruir reputaciones, presionar a jueces y fiscales, y atacar a los cuerpos policiales que investigan la corrupción del Gobierno.
Ya no hablamos de irregularidades. Ya no hablamos de enchufes, comisiones, o adjudicaciones amañadas. Estamos hablando de delitos gravísimos contra el orden constitucional. Estamos hablando de utilizar a las instituciones del Estado, y a quienes deberían servir al bien común, como instrumentos al servicio de una organización partidista cuya única finalidad es la conservación del poder a cualquier precio. Esto no es política: esto es crimen organizado.
Las cloacas al servicio del PSOE
La revelación de que el excomisario Marcelino Martín-Blas, procesado por corrupción, ha comparecido en el Congreso con documentación supuestamente manipulada y elaborada por el empresario Javier Pérez Dolset —colaborador directo de Moncloa— para desacreditar a jueces, fiscales y mandos de la UCO, es demoledora. Aún más si tenemos en cuenta que esa documentación habría sido promovida directamente por diputados socialistas, en una operación política planificada y ejecutada desde Ferraz y La Moncloa.
Los audios, los chats, las reuniones y las filtraciones a medios afines como El Plural y Público, no son fruto del azar. Forman parte de una estrategia que encaja como un reloj: hay una cadena de mando, hay unos objetivos políticos claros y hay unas herramientas del Estado puestas al servicio del PSOE.
¿Quién controla hoy la maquinaria del Estado? ¿Quién tiene el poder para activar a policías corruptos, a fiscales amigos, a medios subvencionados, a jueces presionables y a militantes infiltrados como Leire Díez? La respuesta es clara: Pedro Sánchez y su estructura de poder.
Leire Díez: la pieza útil en el engranaje del chantaje
Leire Díez no era una espontánea. No era una periodista independiente que investigaba por libre. Es una fontanera de Ferraz, vinculada a Santos Cerdán, enviada a fabricar escándalos para desactivar las investigaciones contra el entorno del presidente. Según las informaciones, se habría reunido con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ofreciéndole promesas de ascenso si filtraba información comprometedora contra la UCO y el fiscal Anticorrupción. La operación tenía un único objetivo: desacreditar a quienes se atrevían a tirar del hilo de la corrupción socialista.
Díez aparece también vinculada al montaje contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El mismo juez que ha puesto el foco en los negocios turbios de la "primera dama", y cuya independencia ha sido torpedeada con una campaña infame de bulos y desprestigio mediático.
