El PSOE como organización criminal: de las cloacas al poder absoluto

Las informaciones publicadas por El Confidencial este 5 de junio no son un escándalo más, ni una anécdota que se diluya entre titulares. Lo que se está denunciando, de ser confirmado por la justicia, supera todos los límites de lo tolerable en una democracia. Lo que está en juego no es un simple caso de corrupción, sino la existencia misma del Estado de Derecho.

El PSOE de Pedro Sánchez —la maquinaria sanchista— habría cruzado una línea roja inadmisible: utilizar a empresarios afines, a miembros de las fuerzas de seguridad y a operadores políticos para fabricar pruebas falsas, destruir reputaciones, presionar a jueces y fiscales, y atacar a los cuerpos policiales que investigan la corrupción del Gobierno.

Ya no hablamos de irregularidades. Ya no hablamos de enchufes, comisiones, o adjudicaciones amañadas. Estamos hablando de delitos gravísimos contra el orden constitucional. Estamos hablando de utilizar a las instituciones del Estado, y a quienes deberían servir al bien común, como instrumentos al servicio de una organización partidista cuya única finalidad es la conservación del poder a cualquier precio. Esto no es política: esto es crimen organizado.

Las cloacas al servicio del PSOE

La revelación de que el excomisario Marcelino Martín-Blas, procesado por corrupción, ha comparecido en el Congreso con documentación supuestamente manipulada y elaborada por el empresario Javier Pérez Dolset —colaborador directo de Moncloa— para desacreditar a jueces, fiscales y mandos de la UCO, es demoledora. Aún más si tenemos en cuenta que esa documentación habría sido promovida directamente por diputados socialistas, en una operación política planificada y ejecutada desde Ferraz y La Moncloa.

Los audios, los chats, las reuniones y las filtraciones a medios afines como El Plural y Público, no son fruto del azar. Forman parte de una estrategia que encaja como un reloj: hay una cadena de mando, hay unos objetivos políticos claros y hay unas herramientas del Estado puestas al servicio del PSOE.

¿Quién controla hoy la maquinaria del Estado? ¿Quién tiene el poder para activar a policías corruptos, a fiscales amigos, a medios subvencionados, a jueces presionables y a militantes infiltrados como Leire Díez? La respuesta es clara: Pedro Sánchez y su estructura de poder.

Leire Díez: la pieza útil en el engranaje del chantaje

Leire Díez no era una espontánea. No era una periodista independiente que investigaba por libre. Es una fontanera de Ferraz, vinculada a Santos Cerdán, enviada a fabricar escándalos para desactivar las investigaciones contra el entorno del presidente. Según las informaciones, se habría reunido con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ofreciéndole promesas de ascenso si filtraba información comprometedora contra la UCO y el fiscal Anticorrupción. La operación tenía un único objetivo: desacreditar a quienes se atrevían a tirar del hilo de la corrupción socialista.

Díez aparece también vinculada al montaje contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El mismo juez que ha puesto el foco en los negocios turbios de la "primera dama", y cuya independencia ha sido torpedeada con una campaña infame de bulos y desprestigio mediático.

¿Quién protegía a Leire Díez? ¿Quién la sentó ante las cámaras para que leyera un comunicado redactado en Ferraz? ¿Quién permitió que accediera a mandos de la Guardia Civil con impunidad? La respuesta, una vez más, es la misma: el PSOE.

El empresario del régimen: Javier Pérez Dolset

Si algo define al PSOE es su capacidad para tejer redes clientelares. Javier Pérez Dolset, productor de contenidos y empresario con negocios en el entorno del Ministerio de Cultura, aparece como un actor clave en la trama. Según El Confidencial, habría sido quien elaboró los documentos y audios falsificados que después utilizó Martín-Blas en el Congreso.

Dolset no es un cualquiera. Está implicado en una causa por corrupción y fraude, y ha sido señalado por sus vínculos con el poder político. Es el perfil perfecto para actuar como conseguidor, como intermediario entre el poder político y el mundo empresarial.

¿Quién financia estas operaciones? ¿Con qué dinero se pagan las campañas de desinformación, las grabaciones manipuladas, los chantajes velados? ¿Son fondos públicos los que se destinan a proteger al sanchismo?

La maquinaria totalitaria del sanchismo

Estamos ante una estructura criminal de Estado. Lo que describe El Confidencial no es una anécdota, es un patrón. Lo vimos con el Tito Berni, con Koldo, con Ábalos, con Delcy Rodríguez, con Víctor de Aldama, con Begoña Gómez, con David Sánchez, con el fiscal Álvaro García Ortiz, con Marlaska, con Pilar Alegría, con la censura a periodistas incómodos, con el intento de control sobre la UCO, con la reforma del CGPJ, con la expulsión de medios del Congreso, con el blanqueamiento de Bildu, con la destrucción del Valle de los Caídos, con la ley de memoria totalitaria, con la compra de medios a golpe de BOE…

Pedro Sánchez no gobierna: ocupa el poder. Y el PSOE ya no es un partido: es una organización criminal con fachada institucional.

¿Y ahora qué? ¿Qué exige esta situación?

De confirmarse todo lo que se está publicando, el Gobierno debe ser disuelto de inmediato. El PSOE debe ser ilegalizado por utilizar estructuras del Estado con fines delictivos. Se deben convocar elecciones generales anticipadas con una premisa clara: el PSOE no puede volver a presentarse hasta que no se depuren responsabilidades penales, institucionales y políticas. La democracia no puede convivir con una mafia que manipula jueces, amenaza a policías y destruye vidas para perpetuarse en el poder.

Hay que exigir justicia. Hay que exigir verdad. Y hay que exigir una regeneración real de las instituciones. Porque lo que se ha roto no es solo la confianza en un partido político, sino la confianza en el sistema democrático. Lo que el sanchismo ha hecho con España no tiene precedentes.

España necesita una catarsis

Y esa catarsis empieza por acabar con el PSOE como estructura de poder. Solo así se podrá recuperar la dignidad institucional, la libertad y el futuro. Porque un país donde el Gobierno actúa como una mafia, es un país condenado a la ruina moral.