Vivimos en un mundo distópico, donde la verdad se persigue y la mentira se premia. Donde el delincuente es protegido por el poder y el ciudadano honrado señalado como conspirador. España se ha convertido en un laboratorio político donde el PSOE de Pedro Sánchez se burla abiertamente de la justicia, de los medios, y sobre todo, del sentido común.
El caso de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, es el retrato exacto de esta degradación moral. Hablamos de un hombre que mintió descaradamente a todos los españoles. Dijo no conocer a Víctor de Aldama, uno de los epicentros de la trama Koldo, y el informe de la UCO, con casi 400 páginas, demuestra lo contrario. No son sospechas, no son interpretaciones: son hechos constatados. Habló con Koldo, intercedió por él y presionó a funcionarios públicos para que se abonaran facturas millonarias por mascarillas que no cumplían ni los requisitos mínimos de calidad.
Un presidente autonómico —porque eso era Torres entonces, presidente de Canarias— no se preocupa por una factura de mascarillas, salvo que tenga interés personal o político en que se pague. Y ese interés, según las pesquisas de la Guardia Civil, fue manifiesto. Pero lo más grave no es ya el delito o la mentira, sino la impunidad. Ángel Víctor Torres, seguramente por su fidelidad perruna a la trama, sería premiado con un ministerio, igual que seguramente, también lo sería Paca Armengol, con la presidencia de las Cortes.
El Gobierno, el PSOE, sus terminales mediáticas y sus socios de la mentira mediática cierran filas y repiten como un mantra: “no hay caso”, “todo son bulos”. La vieja táctica socialista: negar la mayor, aunque el agua les llegue al cuello.
Y mientras tanto, el mismo PSOE que ha convertido la corrupción en forma de vida, se atreve a dar lecciones de ética. El partido que arruinó Andalucía, que financió campañas con dinero del narcochavismo, que usa a las instituciones para proteger a los suyos, pretende convencernos de que Torres es una víctima. Una víctima de la “ultraderecha”, de los “fascistas”, o de esa prensa que no se arrodilla ante Moncloa.
Pero no. La víctima aquí es España. La víctima somos los ciudadanos que pagamos los millones que se repartían entre amigos del poder. La víctima son los funcionarios que sufrieron presiones por cumplir la ley. La víctima es la verdad, que en esta distopía sanchista está proscrita.
Lo mismo ocurre con el caso del fiscal general, Álvaro García Ortiz. A pesar de las pruebas, a pesar de las resoluciones judiciales y del juicio abierto por haber filtrado datos fiscales del novio de una adversaria política —Isabel Díaz Ayuso—, el PSOE sigue diciendo que es inocente. Que los culpables son los demás. Que la culpa la tiene el mensajero, el juez, o el ciudadano que se atreve a exigir justicia.
Así funciona el socialismo cuando gobierna: la mentira se convierte en doctrina oficial.
El mensaje que lanzan desde Moncloa es claro: no importa lo que diga la justicia, lo que revelen los informes, ni lo que vea la gente con sus propios ojos. Ellos decidirán qué es verdad y qué es mentira. El Ministerio de la Verdad ya no es una ficción de Orwell, es la política oficial del sanchismo.
