El PSOE parece haber abrazado una dinámica interna que recuerda a la omertà italiana: una ley del silencio no escrita que protege a los responsables de las irregularidades mientras persigue a quienes se atreven a hablar. Esta "ley del silencio", más propia de estructuras mafiosas que de un partido político democrático, no solo impide el escrutinio interno, sino que castiga duramente a aquellos que, como Juan Lobato, intentan actuar con transparencia.
Esta misma semana, Lobato ha presentado su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid. En su carta, ha justificado su renuncia como un intento de frenar la “división grave” que su caso había generado en el partido. Lo paradójico es que Lobato no cae por hacer algo malo, sino precisamente por intentar protegerse documentando una conversación comprometedora sobre la filtración de correos relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este episodio deja claro que, para el PSOE, el pecado imperdonable no es cometer irregularidades, sino romper con la omertà.
El Liebling Approach: corrupción y ley del silencio
Como perito judicial en delitos económicos, financieros y blanqueo de capitales, tuve la oportunidad de estudiar el Liebling Approach. Esta teoría sostiene que la ley no es suficiente para combatir delitos como la corrupción. Para que sea efectiva, debe ir acompañada de un estigma social que condene estos actos como moralmente inaceptables. Sin este rechazo colectivo, las leyes pierden su fuerza, y los delincuentes pueden incluso ser vistos como víctimas, socavando por completo el sistema de justicia.
Un ejemplo evidente de esta dinámica lo vimos en el País Vasco durante los años más oscuros del terrorismo. Aunque los responsables de crímenes atroces eran encarcelados, una parte de la sociedad los idolatraba, deslegitimando así las acciones de la justicia. En el caso del PSOE, la falta de este estigma hacia los actos de corrupción genera una impunidad social que refuerza la ley del silencio y debilita la confianza ciudadana en la política.
De la omertà al silencio institucional
El caso de Juan Lobato no es un hecho aislado; forma parte de un patrón mucho más amplio dentro del PSOE. La figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por su supuesta participación en el mismo caso que ha hecho caer a Juan lobato, es otro ejemplo de cómo la omertà opera en el partido. En lugar de abordar el problema de raíz, el PSOE ha optado por mantener un silencio cómplice que evita cuestionar a quienes ocupan posiciones clave.
Lo mismo ocurre con los casos Koldo y Ábalos, en los que las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias han salpicado a figuras destacadas del partido. Lejos de exigir responsabilidades, la narrativa oficial del PSOE se centra en deslegitimar a los denunciantes, como Víctor de Aldama, quien, a pesar de haber aportado pruebas en sede judicial, ha sido tachado de mentiroso y delincuente por las mismas instituciones que deberían investigar a fondo sus acusaciones.
