En una democracia sana, el periodista incómodo es una necesidad. En una dictadura encubierta, es una amenaza. En España, a día de hoy, quien se atreve a ejercer el periodismo con libertad y sin pedir permiso es rápidamente etiquetado, censurado y acosado. Porque molesta. Porque señala. Porque denuncia lo que otros callan.
Hoy, el periodista incómodo no es el héroe de la libertad, sino el objetivo del régimen. Un régimen que reparte subvenciones millonarias a medios amigos, mientras niega acreditaciones, expulsa a profesionales de las ruedas de prensa y criminaliza a quienes no se arrodillan ante el relato oficial. ¿Pruebas? Las hay a decenas: veto a periodistas de Informa Radio en el Congreso, expulsiones de Vito Quiles, insultos a Javier Negre, amenazas a medios como La Gaceta de la Iberosfera, EDATV o 7NN. Y lo más preocupante: el silencio cómplice de una prensa domesticada y cobarde que calla, porque vive del pesebre.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido algo que muchos en la derecha aún no comprenden: que controlar el relato es controlar el poder. Y para eso necesita una prensa servil, incapaz de cuestionar los dogmas del sanchismo, de la Agenda 2030, del globalismo o del multiculturalismo impuesto a golpe de subvención. Necesita periodistas obedientes, con carné de partido, más cerca del activismo que del periodismo.







