Ábalos libre: el sanchismo también ha tomado la justicia

Ayer asistimos a una escena que retrata a la perfección la descomposición moral e institucional de España: José Luis Ábalos, exministro de Fomento, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, ha salido del Supremo sin que el juez haya decretado su ingreso en prisión provisional. ¿El motivo? La Fiscalía no lo ha solicitado. Y todos sabemos de quién depende la Fiscalía.

Lo dijo el propio Sánchez, con ese desparpajo chulesco que le caracteriza: “La Fiscalía depende del Gobierno”. Pues bien, hoy hemos comprobado una vez más que esa frase no era una metedura de pata, era una advertencia. Y el mensaje ha sido claro: la Fiscalía actúa como parapeto del sanchismo para blindar a sus cómplices y silenciar a quienes podrían hundir el régimen.

Porque si José Luis Ábalos no fuera socialista, si no tuviera la bendición de Pedro Sánchez, hoy estaría durmiendo entre rejas, como cualquier otro ciudadano acusado de hechos tan graves. Pero claro, Ábalos sabe demasiado: conoce las tramas, las maletas, los billetes de 500 y las noches del parador de Teruel. Y sabe también que su silencio es su seguro de vida.

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, no ha pedido prisión provisional. Pero no lo ha hecho porque la Fiscalía no lo ha querido pedir. Y esa Fiscalía responde a las órdenes de Félix Bolaños, el verdadero muñidor en la sombra del poder judicial. Bolaños ha extendido su mano sobre los tribunales, igual que antes lo hizo sobre el Congreso, la Moncloa y los medios de comunicación. El PSOE lo controla todo: el relato, las instituciones y, ahora, también, parece que la Justicia.

Era vital para el sanchismo que Ábalos no ingresara en prisión, porque su detención hubiera supuesto abrir una grieta que llegaría hasta la propia Moncloa. El exministro es el eslabón entre Pedro Sánchez y las cloacas económicas del socialismo, el punto de unión entre los maletines, los contratos y los “favores” a cambio de silencio. Si Ábalos hablase, el castillo de naipes se vendría abajo.

La pregunta es evidente: ¿qué habría pasado si en lugar de llamarse José Luis Ábalos se llamará Santiago Abascal, Núñez Feijóo o cualquier dirigente de Vox o del PP? ¿Habría recibido el mismo trato? ¿Le habría exonerado la Fiscalía? ¿O estaría hoy mismo esposado, humillado y retratado en todos los telediarios del régimen?

La doble vara de medir es el síntoma más claro de un Estado degradado.

Un Estado en el que la corrupción no se castiga si lleva las siglas del PSOE, en el que los jueces son presionados desde el poder y en el que la Fiscalía se ha convertido en un órgano político al servicio de la supervivencia del sanchismo.

La escena de hoy es un escándalo mayúsculo que confirma lo peor: la Justicia en España ya no es ciega, sino militante. Y lo es al servicio de un proyecto personalista, totalitario y corrupto.

Mientras tanto, los medios afines callan o desvían la atención con Gaza, con Trump o con el clima. Todo vale con tal de no hablar de la corrupción que asfixia a Sánchez y su entorno. Pero las pruebas están sobre la mesa, las investigaciones periodísticas y de la UCO lo acreditan, y el pueblo español —por mucho que intenten manipularlo— ya no es tan ingenuo.

La maniobra es clara: proteger a Ábalos para proteger a Sánchez.

El primero sabe que su suerte está unida a la del presidente; el segundo sabe que, si su amigo cae, el barro le salpicará hasta el cuello.

Hoy, una vez más, ha quedado claro que el sanchismo no gobierna: delinque, manipula y encubre.

Y que en la España de Pedro Sánchez no todos somos iguales ante la ley.

En una democracia sana, de esas que escasean, Ábalos estaría declarando desde prisión.

En la España de Sánchez, sale libre y protegido, porque la Fiscalía obedece al amo.