No exigir la verdad: el verdadero triunfo del poder

El auténtico triunfo político es otro mucho más sofisticado: educar a la sociedad para que deje de exigir la verdad. No discutirla, no contrastarla, no reclamarla. Simplemente asumir que no corresponde pedirla.

Ese es el punto exacto en el que nos encontramos hoy España. No vivimos bajo un sistema donde el ciudadano sea sistemáticamente engañado, sino bajo uno donde el ciudadano ha sido domesticado para asumir, aceptar y no preguntar. El engaño puntual genera reacción; la renuncia a la verdad genera obediencia estable. Cuando la verdad deja de ser un derecho exigible y pasa a ser un estorbo, el poder ya no necesita explicarse.

Ese cambio cultural no ocurre por accidente. Es el resultado de años de relato, de pedagogía ideológica y de castigo social al que disiente. Y sus consecuencias empiezan a ser visibles en todos los ámbitos relevantes del país.

En la última semana España ha sufrido varios descarrilamientos ferroviarios, con fatídicas consecuencias, interrupciones graves del servicio, colapsos logísticos y situaciones que han afectado directamente a miles de personas. No hablamos de anécdotas técnicas, sino de un sistema ferroviario que muestra fallos reiterados en un país que presume de modernidad e infraestructuras ejemplares. Y de regalar dinero a otros países para sus trenes.

Lo verdaderamente grave no es solo lo ocurrido, sino la reacción posterior. No ha habido una exigencia social contundente de responsabilidades políticas. No ha habido dimisiones. No ha habido una asunción de errores de gestión. Se ha hablado de “incidencias”, de “circunstancias”, de “eventualidades técnicas”. El lenguaje administrativo ha vuelto a cumplir su función: diluir la responsabilidad hasta hacerla desaparecer.

Y, sin embargo, detrás de esos trenes hay decisiones políticas, nombramientos de amiguitas, presupuestos turbios, prioridades y personas concretas. ADIF no es una entidad metafísica. El Ministerio de Transportes no funciona por generación espontánea. Cada fallo grave es la consecuencia de una cadena de decisiones humanas.

Pero la sociedad ya no exige saber quién decidió, qué decidió y por qué. En este contexto encaja perfectamente que el presidente del Gobierno el señor Pedro Sánchez, haya pedido explícitamente a los ciudadanos que no se informen a través de medios que no sean los considerados “fiables”, los alineados con el relato gubernamental, es decir TelePedro. No es una salida de tono ni una frase mal calculada. Es una declaración ideológica incoherente con la moral y la realidad y muy coherente con su modelo de gestión.

El mensaje no va dirigido a los medios, sino al ciudadano borreguil: No se te ocurra contrastar ni comparar y por supuesto no escuches versiones incómodas. La crítica ya no se combate con argumentos, sino con deslegitimación previa, haciendo aspavientos con las manos exageradamente para que se te vean las palmas y parezcas honesto. Y claro, el que duda no es un ciudadano exigente, sino un desestabilizador. El que pregunta no ejerce un derecho, sino que “alimenta el ruido”. Si se te ocurre preguntar o cuestionar, eres facha.

Este es el punto en el que el poder deja de verse a sí mismo como servidor público y pasa a considerarse tutor moral de la sociedad.

El patrón es siempre el mismo. Ante cualquier crisis, el poder lanza una consigna tranquilizadora y esconde la mano. No se identifican responsables individuales, no se revisan estructuras de decisión, no se asumen errores estratégicos. Todo queda absorbido por una nebulosa de términos técnicos y mensajes que quieren parecer tranquilizadores.

Lo importante no es resolver el problema, sino aguantar el circo mediático. Y funciona porque la ciudadanía que le sigue ha sido entrenada para aceptar esa dinámica. Para indignarse brevemente y pasar página. Para confundir responsabilidad política con fatalidad inevitable. Y si entre medias, pueden decir que el accidente ferroviario mas grave de la historia de España es culpa de Franco, pues sujétame el cubata…

Este mismo mecanismo se reproduce de forma aún más peligrosa en ámbitos donde la verdad ha sido directamente sustituida por dogma ideológico, como ocurre con la Ley Integral de Violencia de Género y el discurso cancerígeno que la rodea.

Cuando la ministra de Igualdad Ana Redondo afirma públicamente que “de una mujer no se duda jamás”, no está haciendo una defensa de las víctimas. Está dinamitando un principio básico del Estado de Derecho: la presunción de inocencia del hombre y la necesidad de verificación de los hechos.

No se trata de negar la existencia de la violencia, sino de señalar una evidencia incómoda: ninguna política pública puede construirse sobre la prohibición de la duda. Porque donde no se puede dudar, no se puede investigar. Y donde no se investiga, no se busca la verdad, solo se protege el relato que compra votos. El sistema no distingue entre proteger a la víctima y blindar ideológicamente una ley. Y cuando ambas cosas se confunden, la realidad pasa a ser secundaria o terciaria.

De vez en cuando, la realidad se cuela por las grietas del discurso oficial. Casos que no encajan, como el mío, como de Eugenio García, como el de Jesus Muñoz y como el de ciento ochenta mil denuncias al año que se desmoronan, relatos que contradicen la imagen construida de “víctima incuestionable”.

El caso reciente de las acusaciones a Julio Iglesias, acompañado de informaciones públicas sobre la actividad de una de las denunciantes en plataformas como OnlyFans, no demuestra nada por sí solo. Pero obliga a preguntar. Y hoy, preguntar ya es pecado. No se puede señalar una contradicción sin ser acusado de atacar a todas las mujeres. No se puede exigir pruebas sin ser etiquetado como negacionista machirulo. No se puede cuestionar un relato sin ser expulsado del espacio moralmente aceptable. Ese es el verdadero éxito del poder: haber convertido la duda en delito social.

El ciudadano medio no es ignorante. Es funcionalmente dócil. Hemos aprendido que exigir la verdad tiene un coste: señalamiento, insulto, aislamiento. Es más cómodo repetir el marco, asentir y seguir adelante en silencio.

El poder no necesita convencerte de que algo es verdad. Le basta con que no quieras saber si lo es y, sobre todo, que no te atrevas a comentarlo. Trenes que fallan sin responsables. Leyes blindadas frente a la evidencia. Ministros que no saben hacer la “o” con un canuto, pero son progres y hay que mantenerlos en el poder.

Gobernantes que piden silencio informativo. Medios que actúan como correas de transmisión. Todo forma parte del mismo ecosistema de mal olor. No es radicalidad, es adultez democrática

Exigir la verdad no es extremismo. Es lo mínimo en una democracia adulta. El poder necesita control, y el control solo existe cuando el ciudadano pregunta, contrasta y no acepta dogmas ideológicos.

El día que dejamos de preguntar por qué descarrila un tren, por qué una ley se protege frente a la realidad, por qué se nos pide que no escuchemos otras voces, ese día el sistema ya ha ganado. Y no se nos habrá engañado. Se nos habrá obligado a renunciar a exigir explicaciones. Y una sociedad que no exige la verdad no necesita dictadura abierta. Se gobierna sola.

JOTA CAMACHO