La sentencia dictada por la justicia francesa contra Marine Le Pen no es una condena judicial, es un auténtico golpe de Estado disfrazado de legalidad. Cuatro años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargo público. No por haber robado, ni por haberse beneficiado de las corruptelas del sistema, como sí hacen otros políticos progresistas a los que jamás se investiga. No. La han condenado por pensar diferente, por ser un obstáculo para el proyecto globalista que las élites tratan de imponernos desde Bruselas, desde Davos y desde los lobbies progresistas que operan en la sombra.
Lo que están haciendo con Le Pen no es nuevo. Es un guion perfectamente trazado, una estrategia que repiten con precisión milimétrica allí donde un candidato patriota, soberanista y defensor de las libertades amenaza con acabar con el chiringuito de las élites. Lo vimos en Brasil, cuando se orquestó una campaña mediática, judicial y política para apartar a Jair Bolsonaro del poder. Lo vimos en Estados Unidos en 2020, cuando a Donald Trump le robaron la presidencia en la mayor estafa electoral de la historia moderna. Y lo estamos viendo hoy en Francia, donde, viendo que Marine Le Pen es la gran favorita para las presidenciales, han activado la maquinaria del Estado profundo para apartarla de la carrera.
Esta persecución no es un hecho aislado. Es un patrón que se repite en toda Europa y en todo Occidente. En Rumanía, el Tribunal Constitucional ha impedido que Georgescu, el candidato patriota, pueda presentarse a las elecciones. En Austria, cuando el FPO fue el partido más votado, los perdedores se aliaron para evitar que gobernara. En Alemania, la élite política y mediática mantiene un cordón sanitario contra Alternativa para Alemania, criminalizando a millones de alemanes por el simple hecho de querer un país libre y soberano.







