La agonía de un régimen podrido: justicia secuestrada y Sánchez acorralado

España vive una situación absolutamente insostenible en materia de justicia. Tenemos al ministro Félix Bolaños, auténtico comisario político del sanchismo, convertido en una especie de capataz de la judicatura. Su misión no es garantizar la independencia judicial, sino colonizar tribunales, fiscalías y consejos para ponerlos al servicio de un presidente cada vez más acorralado.

El último escándalo es demoledor: el Tribunal Supremo abre juicio oral contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado impuesto por Sánchez, por la presunta filtración en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y no hablamos de una anécdota, hablamos de la máxima autoridad del Ministerio Fiscal sentado en el banquillo, con una fianza de 150.000 euros. ¿Se imaginan qué ocurriría en cualquier democracia seria de eso que los cursis llaman de nuestro entorno? Dimisiones inmediatas, crisis institucional y una catarata de responsabilidades. Aquí, en cambio, el fiscal general se aferra al cargo, protegido por el Gobierno, con el aplauso del PSOE y de sus corifeos mediáticos.

Y la casualidad —si es que en política existen las casualidades— hace que todo esto ocurra en vísperas de la comparecencia judicial de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, citada por el juez Juan Carlos Peinado. Blanco y en botella: embarrar el terreno, desviar la atención, fabricar titulares para que la opinión pública se olvide de lo realmente importante. Sánchez lleva demasiado tiempo aplicando esta estrategia del ruido, del humo, del “y tú más”, de la mentira permanente.

El problema es que ya no cuela. La gente percibe la podredumbre de un régimen que utiliza a fiscales y jueces afines como parapeto, que persigue a los magistrados independientes, que dicta desde Moncloa lo que deben decir los medios y que se ha convertido en una maquinaria de poder al margen de la nación.

La justicia española hoy está en manos de un Gobierno que la concibe como un instrumento de supervivencia política. Bolaños actúa como el interventor de un Estado en descomposición. García Ortiz es el símbolo de la degradación de la Fiscalía. Y Sánchez, cada día más nervioso, utiliza cortinas de humo para tapar la corrupción y los escándalos que afectan a su propio hogar.

España no puede seguir mucho tiempo en esta agonía. Un país no sobrevive cuando sus instituciones están secuestradas, cuando la fiscalía actúa como abogado defensor del Gobierno, cuando los jueces valientes son atacados y cuando el poder ejecutivo convierte la mentira en forma de vida.

Lo que vemos ya no es política, es supervivencia. Lo que vemos ya no es un Gobierno, es un régimen en descomposición que se aferra con uñas y dientes al poder. Y la pregunta es clara: ¿cuánto tiempo más vamos a permitir que España sea rehén de un presidente, de su familia y de un grupo de cortesanos que se creen dueños del Estado?

La respuesta debería llegar cuanto antes, porque la paciencia de los españoles está agotada y la justicia —si aún queda un resquicio de independencia— debe actuar para poner fin a esta agonía insoportable.