Precisamente por eso resulta tan llamativo el comportamiento del Gobierno y del PSOE.
Porque la presunción de inocencia protege a Begoña Gómez frente a una condena anticipada, pero la independencia judicial debería proteger también al juez frente al linchamiento político.
Y con Juan Carlos Peinado hace mucho tiempo que algunos parecen haber olvidado esta segunda parte.
No se discuten simplemente sus resoluciones. Eso sería perfectamente legítimo. Las resoluciones judiciales pueden criticarse, recurrirse y eventualmente ser corregidas por tribunales superiores. De hecho, algunas decisiones adoptadas durante esta instrucción han sido cuestionadas o corregidas por otras instancias judiciales.
Pero una cosa es criticar jurídicamente una resolución y otra muy diferente desacreditar personalmente al juez que la dicta.
Patxi López ha llegado a decir que Peinado «no tiene valor como juez» y ha recurrido incluso a una comparación con Franco para afirmar que había querido dejarlo todo «bien atado» antes de jubilarse. Otros dirigentes socialistas llevan meses hablando de persecución, obsesión, atropello, ensañamiento y lawfare.
¿De verdad este es el respeto institucional que merece un juez cuando está investigando a la esposa del presidente del Gobierno?
La pregunta resulta todavía más pertinente después de escuchar a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. Ante la perspectiva del jurado popular, ha afirmado que confía en que sea ecuánime y ha añadido una frase extraordinariamente significativa: «Hacer justicia es declararla inocente».
Perdón.
Hacer justicia no es declararla inocente.
Tampoco declararla culpable.
Hacer justicia es escuchar las acusaciones, escuchar a las defensas, examinar las pruebas, respetar las garantías procesales y permitir que quienes tienen legalmente encomendada la función de juzgar lleguen libremente a una conclusión.
Eso es hacer justicia.
Lo demás es intentar escribir el veredicto antes del juicio.
Y aquí aparece la gran contradicción.
El jurado popular existe en España desde la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995. Fue presentado entonces como una forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia. Ciudadanos corrientes convertidos temporalmente en jueces de los hechos.
Magnífico.
Pero parece que el entusiasmo por la justicia popular disminuye considerablemente cuando quien debe sentarse delante de esos ciudadanos es la esposa del presidente socialista.
Entonces el pueblo quizá ya no resulta tan fiable.
Entonces hay que explicarle anticipadamente dónde está la justicia.
Entonces hay que repetir que todo es una persecución.
Entonces hay que presentar al instructor como un juez obsesionado.
Y todo ello antes de que sepamos siquiera quiénes serán los nueve ciudadanos que formarán el jurado.
Ese es precisamente el aspecto que debería preocuparnos.
Los futuros miembros del jurado no viven encerrados en una urna de cristal. Ven televisión, escuchan radio, leen periódicos y utilizan las redes sociales. Saben quién gobierna España y saben quién es Pedro Sánchez.
Por eso quienes ostentan responsabilidades institucionales deberían extremar la prudencia.
Especialmente el Gobierno.
No estoy diciendo que una declaración política determine el voto futuro de un jurado. Estoy diciendo algo mucho más sencillo: cuando miembros del Gobierno proclaman públicamente cuál consideran que debe ser el desenlace justo de un procedimiento que todavía no se ha celebrado, están introduciendo presión política en el ambiente que rodea ese juicio.
Y eso me parece gravísimo.
Porque Begoña Gómez no debe ser condenada por ser la esposa de Pedro Sánchez.
Pero tampoco puede recibir una protección política especial por serlo.
Debe ser juzgada exactamente igual que cualquier ciudadano.
Hay, además, una paradoja que atraviesa todo este procedimiento.
La condición de esposa del presidente no es irrelevante para algunas de las conductas que se investigan, porque precisamente la acusación sostiene que existió un presunto aprovechamiento de esa posición y de esa relación personal para acceder a interlocuciones institucionales excepcionales. Esa es una tesis acusatoria que tendrá que probarse en el juicio y que las defensas niegan.
Por tanto, nadie debería simplificar el asunto diciendo que se la juzga simplemente «por ser la mujer de Sánchez».
No.
Se juzgarán hechos concretos y habrá que determinar si son delictivos.
Y eso es precisamente lo que parece molestar a determinados dirigentes socialistas: que el procedimiento haya conseguido llegar hasta el momento en el que las acusaciones tendrán que probar sus afirmaciones ante un tribunal.
Durante meses hemos escuchado que no había caso.
Después, que la investigación era prospectiva.
Después, que Peinado tenía una obsesión.
Después, que existía lawfare.
Y ahora que existe apertura de juicio oral, comienza una nueva fase del relato: desacreditar al instructor y proclamar anticipadamente la inocencia.
La estrategia política parece evidente.
Si el procedimiento desaparece, tenían razón.
Si continúa, es persecución.
Si una instancia judicial corrige a Peinado, funciona el Estado de derecho.
Si una resolución permite continuar el procedimiento, estamos ante lawfare.
Es una concepción curiosamente selectiva de la independencia judicial.
Yo no quiero jueces del Gobierno.
Tampoco jueces de la oposición.
Quiero jueces independientes.
Y quiero que puedan investigar a un ministro, a un empresario, a un periodista, al hermano del presidente o a la esposa del presidente sin tener que soportar que desde el poder político se cuestione su honorabilidad profesional cada vez que una resolución resulta incómoda. Conviene aquí recordar la persecución sufrida por la juez que investigó al hermano del Presidente, Beatriz Biezma. Todas las cloacas socialistas se pusieron a trabajar para “asustar” a la juez. Son los métodos mafiosos que utiliza el PSOE desde su fundación.
Porque aquí nos jugamos algo mucho más importante que el futuro judicial de Begoña Gómez.
Nos jugamos el mensaje que reciben los jueces españoles.
¿Qué debe pensar mañana un magistrado al que corresponda investigar a alguien próximo al poder?
¿Que tendrá detrás a ministros, portavoces parlamentarios y dirigentes del partido gobernante examinando públicamente no solamente sus autos, sino su persona, sus intenciones y su profesionalidad?
Juan Carlos Peinado se jubila.
Pero el problema permanece.
Y también permanecerá el precedente.
Ahora la causa pasará a la Audiencia Provincial y llegará el momento del jurado popular. Nueve ciudadanos tendrán una enorme responsabilidad. Deberán escuchar únicamente lo que se exponga en la sala y decidir conforme a las pruebas y a las instrucciones legales que reciban.
Ni yo sé cuál debe ser su veredicto ni debería saberlo el Gobierno.
Esa es precisamente la esencia de la justicia.
Por eso resulta especialmente desafortunado que desde el Ejecutivo se diga que «hacer justicia es declararla inocente».
No.
Hacer justicia es dejar trabajar a la Justicia.
Sin llamadas desde La Moncloa.
Sin consignas.
Sin campañas de descrédito.
Sin convertir al juez en acusado.
Sin persecuciones ni amenazas.
Y, sobre todo, sin enviar mensajes anticipados a unos ciudadanos que todavía ni siquiera saben que terminarán formando parte del jurado.
Durante años nos dijeron que el jurado popular democratizaba la Justicia.
Pues aquí lo tienen.
Ahora toca respetarlo.
También cuando el acusado pertenece al círculo más próximo del poder.
Porque el Estado de derecho demuestra realmente su fortaleza cuando quien comparece ante un tribunal tiene poder, influencias o apellidos importantes.
Begoña Gómez tiene derecho a defender su inocencia con todas las garantías.
El juez Peinado tenía derecho y obligación de instruir conforme a su criterio jurídico, sometido como cualquier magistrado al control de las instancias superiores.
Y el futuro jurado tiene derecho a decidir sin que nadie le indique previamente qué veredicto constituye «hacer justicia».
Ni Pedro Sánchez.
Ni Patxi López.
Ni un ministro.
Ni la portavoz del Gobierno.
Porque cuando el poder político empieza a explicar públicamente cuál debería ser el resultado correcto de un juicio que todavía no ha comenzado, el problema ya no es solamente Begoña Gómez.
El problema es quién pretende decirle a la Justicia lo que tiene que decidir.
