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Franco, 51 años después: la historia que no pueden borrar

Franco, 51 años después: la historia que no pueden borrar
por Javier Garcia Isac
20 de noviembre de 2026 a las 07:15
opinion

La opinión de Javier García Isac

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Han transcurrido 51 años desde aquel 20 de noviembre de 1975 en el que fallecía, en el Hospital de La Paz de Madrid, Francisco Franco Bahamonde. Medio siglo después, resulta sorprendente comprobar cómo un hombre que lleva más de cinco décadas muerto continúa ocupando un lugar privilegiado en las obsesiones políticas de quienes nos gobiernan.

Franco murió en su cama, después de casi cuarenta años al frente de España. Murió dejando un país profundamente diferente del que había encontrado al término de una terrible Guerra Civil. Una España que había pasado del hambre y la destrucción a convertirse en una sociedad industrializada, con una amplia clase media, infraestructuras modernas y una economía integrada progresivamente en el mundo occidental.

¿Significa esto que todo lo que hizo Franco estuvo bien? Evidentemente, no. ¿Significa que su régimen fue una democracia liberal? Tampoco. Pero una cosa es reconocer las limitaciones, los errores y las sombras de una etapa histórica, y otra muy distinta aceptar la caricatura grotesca que pretende imponernos una izquierda empeñada en convertir la historia de España en un tribunal permanente donde los acusados siempre son los mismos y los jueces pertenecen invariablemente a una determinada familia ideológica.

La historia no puede escribirse desde el resentimiento. Y mucho menos desde el Boletín Oficial del Estado. Además, el PSOE, el principal partido que provocó la guerra civil española, no tendría ningún tipo de legitimidad, ni para criticar al franquismo y, mucho menos, para decirnos a los demás como fue la historia de España.

EL ERROR DE JUZGAR 1939 CON LOS OJOS DE 2026

Uno de los mayores disparates de nuestro tiempo consiste en pretender juzgar la España de los años cuarenta utilizando exclusivamente los valores, las circunstancias y las sensibilidades del siglo XXI.

La Europa de 1939 no era la Europa que conocemos. Era un continente devastado por los totalitarismos, los enfrentamientos ideológicos y una guerra que estaba a punto de convertirse en mundial.

España acababa de sufrir tres años de una espantosa contienda civil. Había muertos en ambos bandos, familias destrozadas, infraestructuras destruidas y heridas que tardarían generaciones en cicatrizar.

La victoria de Franco, el 1 de abril de 1939, puso fin a aquella guerra, aunque no significó la llegada inmediata de la libertad política para todos los españoles. Había cosas más urgentes, cómo reconstruir un país y garantizar su seguridad. La posguerra fue dura. Negarlo sería tan poco riguroso como ignorar los crímenes y la violencia revolucionaria que también formaron parte de aquellos años.

Ahora bien, debemos preguntarnos qué habría sucedido si el resultado de aquella guerra hubiera sido diferente.

Es imposible conocer con certeza la respuesta. Pero resulta legítimo plantearse si una victoria de las fuerzas revolucionarias en un contexto europeo dominado por el enfrentamiento entre fascismo y comunismo, habría desembocado en una democracia parlamentaria o en un sistema próximo a los regímenes comunistas que posteriormente conocimos en Albania, Rumanía o Polonia. Creo que todos sabemos la respuesta. La izquierda española estaba muy lejos de ser civilizada y su modelo era el implantado en la Unión Soviética y sus satélites.

No todos los republicanos eran comunistas, ni todos los defensores de la República compartían un mismo proyecto político. Por eso, muchas veces se mataron entre ellos. Aquello ya no se trataba de república sí o no, aquello era otra cosa, era el Frente Popular. Tampoco puede ignorarse la influencia creciente del Partido Comunista y de la Unión Soviética durante la guerra.

Mi convicción es que España corrió un riesgo real de acabar sometida a una dictadura comunista como a la que esperaban socialistas y comunistas. Y quienes hoy presentan aquel conflicto como una sencilla batalla entre demócratas y fascistas están mintiendo y sustituyendo la complejidad histórica por propaganda.

EL FRANQUISMO NO FUE UN RÉGIMEN INMÓVIL

Hay algo que los enemigos de Franco parecen incapaces de comprender, o que sencillamente prefieren ocultar: el franquismo de 1940 no fue el franquismo de 1966, como tampoco el de 1966 fue exactamente el de 1975.

Durante sus casi cuarenta años de existencia, el régimen experimentó transformaciones políticas, económicas y sociales extraordinarias.

Los primeros años estuvieron marcados por la autarquía, el aislamiento internacional, la escasez y una durísima posguerra. Fue una etapa difícil y con cierta represión política y de proximidad ideológica de algunos sectores del régimen a los fascismos europeos.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, España inició un proceso de transformación que se aceleraría especialmente durante los años cincuenta y sesenta.

Los acuerdos con Estados Unidos de 1953, la entrada de España en Naciones Unidas en 1955 y el Plan de Estabilización de 1959 marcaron etapas decisivas.

Llegaron los tecnócratas, el desarrollo industrial, la apertura económica y una transformación social que cambiaría para siempre la vida de millones de españoles.

España dejó de ser mayoritariamente rural. Crecieron las ciudades, se extendió el acceso a la educación, aumentó el consumo, se construyeron viviendas y millones de familias pudieron acceder a bienes que sus padres ni siquiera habían imaginado.

El automóvil, los electrodomésticos, las vacaciones y la vivienda en propiedad se convirtieron en símbolos de una nueva clase media.

Fue el llamado milagro económico español.

Naturalmente, aquel crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a una persona, pero no es menos cierto, que fue el régimen quien sentó las bases para que ese milagro económico y social se produjera. Y por supuesto, también fue consecuencia del esfuerzo de millones de trabajadores, empresarios, agricultores y familias españolas, así como de unas reformas económicas y de un contexto legislativo que favoreció el empleo y la vivienda.

Pero tampoco sería honrado negar que aquella transformación se produjo durante el régimen de Franco.

Porque la historia no deja de ser historia simplemente porque sus protagonistas nos resulten incómodos.

AUTORITARISMO Y TOTALITARISMO: NO TODO ES LO MISMO

Otra cuestión fundamental es la distinción entre un régimen autoritario y uno totalitario.

Franco gobernó mediante un régimen autoritario, sin partidos políticos y en las que sí había elecciones dentro de una democracia orgánica. Estaban garantizadas las libertades individuales, pero no los partidos políticos.

Pero eso no convierte automáticamente su régimen en idéntico al estalinismo, al maoísmo o al comunismo albanés.

El franquismo tuvo componentes de inspiración fascista, especialmente en sus primeros años, pero evolucionó hacia un sistema conservador, nacionalcatólico y autoritario que no reprodujo íntegramente los mecanismos de movilización y control característicos de los grandes totalitarismos comunistas.

La diferencia no es menor.

Mientras en la Europa sometida a Stalin se impusieron economías colectivizadas, sistemas de partido único comunista y una persecución sistemática de amplios sectores religiosos y sociales, España evolucionó hacia una economía de mercado, mantuvo la propiedad privada y terminó desarrollando una sociedad cada vez más abierta al exterior.

Esto no elimina la falta de libertades políticas durante el franquismo, pero permite comprender que no todos los sistemas dictatoriales fueron iguales.

Y yo me niego a aceptar que se coloque indiscriminadamente a Franco en el mismo plano histórico que Stalin, Mao o Pol Pot, responsables de catástrofes humanas de una magnitud extraordinaria.

La historia exige proporción, contexto y rigor.

LA DEMOCRACIA ORGÁNICA Y LA DESCONFIANZA HACIA LOS PARTIDOS

Franco defendió durante buena parte de su mandato un modelo político al que denominó democracia orgánica.

Su planteamiento consistía en que la representación de la sociedad debía articularse a través de la familia, el municipio y el sindicato, en lugar de mediante partidos políticos.

Conviene reconocer que aquello no fue una democracia en el sentido que hoy entendemos. No existía una competencia política libre ni la posibilidad de que los ciudadanos sustituyeran al jefe del Estado mediante elecciones. Hoy día tampoco podemos hacerlo y durante la II República, ningún Jefe de Estado fue elegido mediante sufragio universal.

Pero hay una reflexión de Franco que, contemplada desde la España de 2026, merece al menos ser examinada: su profunda desconfianza hacia los partidos políticos.

Franco consideraba que los partidos fomentaban las divisiones, anteponían sus intereses particulares al interés nacional y terminaban convirtiendo la política en una lucha permanente por el poder. Lo cierto es que no le faltaba razón.

Y aquí debo reconocer que, aunque no comparto totalmente su solución institucional, sí encuentro motivos para comprender parte de aquel diagnóstico.

Basta contemplar la España actual.

Partidos que parecen preocuparse más por su supervivencia que por el bienestar de los españoles. Organizaciones convertidas en maquinarias de colocación de cargos. Dirigentes cuya máxima aspiración consiste en conservar el sillón, aunque para ello deban pactar con quienes cuestionan la propia unidad nacional.

Hemos confundido demasiadas veces la democracia con el monopolio de los partidos.

Y una democracia no debería consistir en entregar un cheque en blanco cada cuatro años a unas organizaciones que después se consideran propietarias de las instituciones.

Franco se equivocó en algunas cuestiones, pero eso no significa que todas sus críticas al partidismo carecieran de fundamento.

FRANCO Y LAS BASES DE LA TRANSICIÓN

Existe una paradoja histórica que incomoda profundamente a quienes pretenden presentar el franquismo como un paréntesis completamente ajeno a la España posterior.

La Transición democrática se realizó, en buena medida, utilizando inicialmente las propias estructuras jurídicas e institucionales del régimen anterior.

Franco había designado a Juan Carlos como su sucesor a título de rey en 1969. Tras su fallecimiento, la Corona desempeñó un papel fundamental en el proceso que desembocaría en la democracia parlamentaria.

La Ley para la Reforma Política de 1976 fue aprobada por las Cortes franquistas y posteriormente ratificada por los españoles en referéndum.

Aquella transformación permitió avanzar hacia las elecciones generales de 1977 y la Constitución de 1978.

Es verdad que Franco no diseñó una democracia liberal como la que finalmente nació. Su proyecto sucesorio pretendía asegurar la continuidad de los principios fundamentales del movimiento.

Pero también es cierto que las instituciones heredadas fueron utilizadas para desmontar pacíficamente aquel sistema y construir otro diferente.

La democracia española no nació de la nada en 1977. Y ni mucho menos la trajo la izquierda.

Por eso me parece absurdo intentar borrar de nuestra historia todo lo anterior a la Constitución. España es muy anterior al 78 y a otras muchas Constituciones.

Y también sería bueno reconocer el inmenso error que se cometió legalizando los partidos que habían provocado la guerra civil y que habían conducido a España al desastre. Igualmente se debería reconocer la equivocación de cambiar absolutamente todo, hasta el punto de poner en peligro la propia existencia de España y su unidad. Fueron muchas las cosas que se hicieron mal a la muerte de Franco.

LA ESPAÑA QUE FRANCO DEJÓ

Cuando Franco murió, España era ya un país muy distinto del que había sido en 1939.

Tenía una importante base industrial, una sociedad urbana, millones de trabajadores cualificados, una extensa clase media y una población que aspiraba cada vez más a empleos estables y porvenir en su futuro.

Quienes pretenden convencernos de que entre 1939 y 1975 España fue simplemente un inmenso campo de concentración están faltando al respeto a la experiencia de millones de españoles que trabajaron, formaron familias, levantaron empresas y contribuyeron a transformar su país.

Mis padres y mis abuelos pertenecieron a aquellas generaciones.

Generaciones que conocieron las dificultades de una España muy distinta de la actual. Personas que trabajaron sin descanso, que supieron ahorrar, que construyeron hogares y que hicieron posible que sus hijos disfrutáramos de oportunidades que posiblemente ellos nunca tuvieron.

No acepto que su vida quede reducida a una caricatura ideológica.

No acepto que todo cuanto hicieron sea despreciado porque vivieron bajo un régimen que hoy resulta políticamente incómodo.

España no comenzó a existir en 1978.

Y mucho menos comenzó a ser una nación cuando determinados partidos decidieron concedernos el certificado de demócratas.

LA OBSESIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ CON UN HOMBRE MUERTO

Resulta verdaderamente llamativo que, después de más de medio siglo, el Gobierno de Pedro Sánchez siga dedicando tantos esfuerzos políticos a combatir el recuerdo de Francisco Franco.

En 2019 asistimos a la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, trasladados posteriormente al cementerio de Mingorrubio. Asistimos a la profanación de su tumba.

Aquella operación fue presentada como una gran victoria democrática.

Yo la viví como un espectáculo político innecesario, una utilización del cadáver de un antiguo jefe del Estado para alimentar una determinada estrategia ideológica.

No se trataba de devolver la libertad a los españoles. Esa libertad individual se había conquistado décadas atrás.

No se trataba de terminar con una dictadura. Franco llevaba muerto desde 1975.

Se trataba de convertir a un difunto en protagonista de una batalla política contemporánea.

Y eso me parece profundamente lamentable. Y además todo ello organizado por el partido más criminal y corrupto de nuestra historia, organizado por el PSOE.

Siempre he pensado que a los muertos hay que dejarlos descansar.

Se puede discutir su legado, estudiar sus decisiones, criticar sus errores y debatir sus responsabilidades históricas.

Pero utilizar sus restos mortales como instrumento de confrontación política me parece una forma especialmente mezquina de entender la convivencia.

La profanación se realizó mediante un procedimiento legal, convenientemente manipulado para ajustarlo a los intereses del PSOE. Además, la legalidad de una decisión no impide que pueda cuestionarse su oportunidad, su intención política o su significado moral.

Y yo cuestiono las tres cosas.

LAS LEYES DE MEMORIA Y EL INTENTO DE IMPONER UNA HISTORIA OFICIAL

Mi rechazo a las leyes de memoria histórica y democrática nace de una convicción muy sencilla: la historia debe pertenecer a los historiadores, a los investigadores y al debate público, no a los gobiernos.

Un Estado puede y debe facilitar la localización de desaparecidos, proteger archivos, reconocer a las víctimas y garantizar que cualquier ciudadano pueda conocer el pasado.

Pero otra cosa muy diferente es pretender establecer una interpretación política oficial de la historia.

No quiero que un Gobierno me diga qué debo pensar de Franco, de la Segunda República, del Frente Popular o de la Guerra Civil.

Tampoco quiero que me obligue a admirar a quienes considero responsables de graves errores históricos.

La libertad de pensamiento consiste precisamente en poder discrepar.

Resulta especialmente contradictorio que quienes aseguran defender la memoria democrática parezcan, en ocasiones, incapaces de aceptar que millones de españoles puedan tener una interpretación diferente de nuestro pasado.

La memoria personal es legítima. La investigación histórica es imprescindible. La imposición ideológica resulta incompatible con una sociedad verdaderamente libre.

Y no podemos permitir que nuestros hijos conozcan una versión mutilada de la historia de España, donde unos crímenes merecen condena eterna y otros desaparecen discretamente de los libros.

Las víctimas merecen respeto con independencia de quiénes fueran sus verdugos.

La verdad histórica no debería tener carné de partido.

FRANCO, 51 AÑOS DESPUÉS

No escribo estas líneas para sostener que el franquismo fue perfecto. No lo fue. Como no lo es la democracia que dicen que nos hemos dado.

Las escribo porque me niego a aceptar que la historia de España pueda reducirse a una sucesión de consignas elaboradas desde los despachos de un ministerio.

Franco fue una figura decisiva del siglo XX español.

Dirigió el bando vencedor de una guerra terrible, gobernó autoritariamente durante casi cuarenta años y presidió una etapa en la que España experimentó transformaciones económicas y sociales profundas.

Su legado contiene luces y algunas sombras que deben estudiarse sin ocultaciones.

Pero también sostengo que resulta imposible comprender la España democrática sin conocer la España anterior.

La prosperidad material no sustituye a la libertad política, como tampoco la existencia de elecciones garantiza por sí sola la prosperidad, la concordia o el buen gobierno.

Una nación necesita ambas cosas: libertad y bienestar, instituciones sólidas y conciencia de su propia historia.

Cincuenta y un años después de la muerte de Franco, deberíamos haber alcanzado la suficiente madurez como para estudiar aquella época sin convertir cada aniversario en una nueva guerra entre españoles.

Sin embargo, algunos parecen necesitar permanentemente el fantasma del franquismo para justificar su discurso político.

Y mientras discuten con los muertos, los vivos seguimos esperando soluciones a nuestros problemas.

España necesita mirar hacia delante, pero sin renunciar a comprender su pasado.

Porque una nación que desconoce su historia está condenada a dejar que otros se la escriban.

Y porque el verdadero triunfo de una democracia no consiste en borrar la memoria de quienes la precedieron, sino en permitir que cada ciudadano pueda juzgarlos libremente.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Lo que no debería morir nunca es nuestro derecho a conocer, interpretar y discutir la historia de España sin que ningún Gobierno pretenda pensar por nosotros.


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