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Paracuellos del Jarama: 90 años de una matanza que España no debe olvidar

Paracuellos del Jarama: 90 años de una matanza que España no debe olvidar
por Javier Garcia Isac
22 de noviembre de 2026 a las 09:55
opinion

Paracuellos del Jarama: 90 años de una matanza que España no debe olvidarLa opinión de Javier García Isac

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Noventa años después, miles de españoles asesinados siguen reclamando memoria, verdad y reconocimiento. La responsabilidad de las autoridades republicanas, el papel de Santiago Carrillo y la persecución religiosa forman parte de una historia que ninguna memoria democrática debería silenciar.

Hay fechas que deberían permanecer grabadas a fuego en la conciencia de una nación. Fechas que no pueden desaparecer de nuestros libros de historia, que no deberían quedar sepultadas bajo toneladas de propaganda política y que, por encima de cualquier consideración ideológica, nos obligan a recordar a quienes perdieron la vida por pensar de manera diferente, por defender sus convicciones o, sencillamente, por encontrarse en el lugar equivocado.

Noviembre de 1936 es una de esas fechas.

Hace noventa años, mientras España se desangraba en una guerra fratricida, en las proximidades de Madrid se perpetró una de las mayores matanzas de prisioneros de nuestra historia contemporánea. Miles de hombres fueron sacados de las cárceles madrileñas, introducidos en vehículos y conducidos hacia Paracuellos del Jarama y otros lugares próximos, donde fueron asesinados sin juicio ni posibilidad de defensa.

No hablamos de muertos en combate. No hablamos de soldados caídos en una trinchera. Hablamos de personas que estaban bajo custodia de las autoridades y cuya vida debía estar protegida.

Hablamos de asesinatos. De ejecuciones extrajudiciales. De una tragedia que ninguna justificación militar, política o revolucionaria puede convertir en legítima.

Y hablamos, también, de responsabilidades históricas que deben estudiarse sin excepciones ni silencios interesados.

Las sacas de noviembre de 1936

El 7 de noviembre de 1936 comenzaron las grandes expediciones de presos desde las cárceles madrileñas. Aquellos traslados, presentados en ocasiones como evacuaciones hacia otros establecimientos penitenciarios, terminaron convirtiéndose en viajes hacia la muerte.

Las ejecuciones continuaron hasta los primeros días de diciembre.

Entre las víctimas había militares, profesionales liberales, estudiantes, sacerdotes, religiosos y personas detenidas por sus ideas o por sus supuestas simpatías políticas.

El número exacto continúa siendo objeto de discusión historiográfica. En un reciente trabajo publicado en Hispanidad, el historiador Javier Paredes recoge las investigaciones de José Manuel Ezpeleta, que sitúan en 3.750 los asesinados cuyos restos permanecen en las fosas originales de Paracuellos, además de otros 603 cadáveres trasladados allí posteriormente desde distintos lugares. Otros historiadores han ofrecido estimaciones diferentes y bastante más elevadas, posiblemente de personas asesinadas en otros lugares y que posteriormente serían enterradas en Paracuellos.

Pero quiero detenerme en una reflexión.

¿De verdad necesitamos discutir si fueron dos mil, tres mil o cuatro mil para comprender la monstruosidad de lo sucedido?

¿Acaso una sola persona asesinada por sus ideas no representa ya una tragedia?

Detrás de cada nombre había una familia. Una esposa que esperaba el regreso de su marido. Unos hijos que jamás volverían a abrazar a su padre. Unos padres que nunca pudieron despedirse de sus hijos.

Y detrás de aquellas fosas quedó también una herida que España tardaría décadas en comenzar a comprender.

El Frente Popular y las responsabilidades políticas

En noviembre de 1936, España tenía un Gobierno presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. El PSOE constituía una de las principales fuerzas políticas del Frente Popular, aunque aquella coalición reunía distintas organizaciones republicanas y de izquierdas.

Ante el avance de las tropas sublevadas sobre Madrid, el Gobierno abandonó la capital y se trasladó a Valencia. La defensa de Madrid quedó encomendada a una Junta presidida por el general José Miaja.

En aquella Junta, Santiago Carrillo ocupaba la Consejería de Orden Público.

Y aquí aparece una de las cuestiones fundamentales de esta tragedia.

Las matanzas se produjeron mientras las autoridades republicanas tenían bajo su responsabilidad a los presos. La documentación histórica acredita que no fueron simples muertes accidentales ni episodios aislados de violencia callejera. Fueron sacas organizadas que se repitieron durante semanas.

La responsabilidad concreta de cada dirigente, el conocimiento previo de las ejecuciones y la identidad de quienes impartieron las órdenes siguen siendo cuestiones discutidas por los historiadores. Pero la existencia de aquella maquinaria de ejecuciones y el fracaso de las autoridades encargadas de proteger a los detenidos son hechos que no pueden desaparecer del relato histórico.

La República tenía la obligación de proteger a quienes estaban en sus cárceles. Y en Paracuellos esa obligación fue trágicamente incumplida.

No se puede invocar la legalidad republicana para defender unas instituciones y olvidar, al mismo tiempo, los crímenes perpetrados bajo su autoridad.

Ni tampoco se puede pretender que una causa política, por legítima que se considere, conceda licencia para asesinar.

La persecución religiosa: miles de españoles asesinados por su fe

Pero Paracuellos no puede comprenderse sin recordar otra tragedia que acompañó a la Guerra Civil: la persecución religiosa desencadenada en buena parte de la zona republicana.

Iglesias incendiadas, conventos profanados, imágenes religiosas destruidas y sacerdotes y religiosas asesinados forman parte de aquella realidad histórica.

Las cifras tradicionales, recogidas entre otros por el historiador Antonio Montero Moreno, sitúan en torno a 6.800 los miembros del clero y de las órdenes religiosas asesinados durante la contienda: 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.365 religiosos y 283 religiosas. Algunas publicaciones ofrecen cifras ligeramente diferentes, próximas a las 300 religiosas.

Casi siete mil vidas.

Conviene recordar que estas cifras corresponden al conjunto de la persecución religiosa durante la Guerra Civil, no exclusivamente a los asesinatos de Paracuellos o las matanzas en Montjuic bajo la presidencia de la Generalitat de Luis Companys.

Y conviene recordar también que muchas de aquellas personas no habían empuñado un arma ni participado en operación militar alguna.

Su delito, a ojos de sus perseguidores, era vestir una sotana, pertenecer a una congregación o mantener una fe que determinados sectores revolucionarios consideraban incompatible con la sociedad que pretendían construir.

Nadie debería morir por creer en Dios. Nadie debería ser perseguido por llevar un crucifijo. Nadie debería acabar frente a un pelotón de fusilamiento por ser sacerdote, monja o católico.

La libertad religiosa no puede depender del color político de quien gobierna.

Y quienes reivindican hoy la tolerancia, los derechos humanos y la libertad de conciencia deberían ser los primeros en reconocer el sufrimiento de aquellas víctimas.

Noventa años después: la memoria no puede tener propietarios

Durante estos días de noviembre, cuando se cumplen noventa años de aquellos asesinatos, considero imprescindible formular una pregunta.

¿Por qué resulta tan difícil construir una memoria histórica que reconozca a todas las víctimas?

España ha dedicado numerosos debates, leyes, monumentos y recursos públicos a recuperar episodios de nuestro pasado. Es legítimo recordar a quienes padecieron la represión, investigar sus desapariciones y reconocer su sufrimiento. Tenemos un monumento de reconciliación que es el Valle de los Caídos, de todos los caídos y el PSOE se empeña en profanarlo.

Pero esa misma exigencia moral debería extenderse a quienes fueron asesinados en la retaguardia republicana.

Los muertos no pueden clasificarse entre dignos e indignos de recuerdo según la ideología de sus asesinos.

Las familias de Paracuellos tienen el mismo derecho a la memoria que las familias de cualquier otra víctima de nuestra Guerra Civil.

Y aquí quiero detenerme en el PSOE.

El Partido Socialista Obrero Español de 1936 formaba parte del Gobierno del Frente Popular. El PSOE actual conserva las siglas y la continuidad histórica de aquella organización, aunque sus dirigentes, sus posiciones políticas y las circunstancias institucionales sean profundamente diferentes, o eso pensábamos…

Esa continuidad histórica permite plantear una cuestión legítima: ¿qué reconocimiento público merece hoy la responsabilidad política de las autoridades de entonces?

No conozco una petición institucional de perdón del PSOE específicamente por las matanzas de Paracuellos. Sería deseable un reconocimiento inequívoco de aquellos crímenes, sin excusas ni relativizaciones.

Reconocer el pasado no significa atribuir culpabilidad penal a quienes viven noventa años después. Significa aceptar que ninguna organización política debería sentirse obligada a justificar los crímenes cometidos por sus antecesores.

La memoria histórica pierde su sentido cuando deja de ser un ejercicio de verdad para convertirse en una selección interesada de víctimas.

Las fosas que todavía nos hablan

Quien contempla el cementerio de Paracuellos del Jarama comprende que hay lugares donde las palabras sobran.

Allí están las fosas. Allí están las cruces. Allí reposan los restos de hombres cuya vida terminó de manera brutal.

Algunos tenían hijos pequeños. Otros acababan de comenzar su vida adulta. Otros habían dedicado su existencia al servicio religioso, a su profesión o a su familia.

Todos tenían derecho a vivir.

Me gustaría que, al cumplirse este noventa aniversario, fuéramos capaces de mirar aquellas tumbas sin anteojeras ideológicas.

Que recordáramos a las víctimas por sus nombres y apellidos.

Que pudiéramos explicar a nuestros hijos y nietos lo sucedido sin convertir la historia en un instrumento de enfrentamiento permanente.

Que reconociéramos los crímenes de la retaguardia republicana con la misma claridad con la que se nos exige hablar del régimen de Franco, al que manipulan y tergiversan sin piedad.

Porque la verdad histórica no necesita compensaciones ni equilibrios artificiales. Cada asesinato merece ser investigado y condenado por lo que fue.

Ni olvido ni justificación

Noventa años después, Paracuellos continúa planteándonos una obligación moral.

Recordar a los asesinados.

Investigar las responsabilidades.

Reconocer el sufrimiento de sus familias.

Y rechazar cualquier intento de convertir aquellos crímenes en una consecuencia inevitable de la guerra.

La violencia política no fue un accidente menor de nuestra historia. Destruyó familias, alimentó odios y dejó cicatrices que todavía forman parte de nuestra memoria colectiva.

Por eso, cuando recordamos Paracuellos, no estamos reivindicando una nueva confrontación entre españoles.

Estamos reivindicando algo mucho más elemental: el derecho de los muertos a no ser olvidados.

No podemos devolverles la vida. No podemos reconstruir las familias destruidas ni recuperar las décadas que les fueron arrebatadas.

Pero sí podemos impedir que el silencio vuelva a enterrarlos.

Paracuellos no pertenece a una ideología. Pertenece a la historia de España. Y sus víctimas merecen verdad, dignidad y recuerdo.

Noventa años después, ante aquellas fosas, solo cabe inclinar la cabeza y recordar.

Que descansen en paz.

Y que España nunca vuelva a conocer semejante horror.


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