Hay momentos en los que la política deja de ser una administración de matices y se convierte en una elección moral. No porque desaparezcan las complejidades —que no desaparecen nunca—, sino porque la línea que separa el bien del mal se vuelve visible incluso para los ciegos voluntarios. La narco-dictadura venezolana ha cruzado esa línea hace tiempo: asesinatos selectivos, represión sistemática, saqueo de recursos, encarcelamiento de disidentes y una economía criminal que ha colonizado el Estado. Ante ese panorama, las democracias no pueden esconderse tras el lenguaje tibio de la “preocupación” ni las derechas patrióticas diluirse en un centrismo impotente. Es la hora de nombrar las cosas por su nombre y de elegir bando.
En ese contexto, la posición de Santiago Abascal no es una extravagancia ideológica, sino una coherencia estratégica. Abascal entiende —y actúa en consecuencia— que la batalla decisiva de nuestro tiempo no es solo económica o cultural, sino civilizatoria: democracia frente a tiranía; Estado de derecho frente a crimen organizado; soberanía nacional frente a redes transnacionales que trafican con drogas, corrupción y propaganda. Su alineamiento con Javier Milei y Donald Trump no responde a una foto coyuntural, sino a una lectura lúcida del tablero iberoamericano y atlántico.
Porque lo que ocurre en Venezuela no es un accidente local, sino el laboratorio de un autoritarismo de izquierda que se ha exportado con éxito gracias a una red de complicidades políticas, financieras y mediáticas. El Grupo de Puebla ha servido de paraguas intelectual y logístico a ese proyecto, blanqueando regímenes criminales con un vocabulario de derechos humanos selectivos y soberanías a la carta. A esa cobertura se suma la penetración del clan de los Soles, una estructura narco-militar que no solo controla rutas y puertos, sino que ha infiltrado partidos, gobiernos y movimientos sociales en la Iberosfera. Negarlo es ingenuidad; callarlo, complicidad.
