Y esa batalla, hay que reconocerlo, la derecha española la ha ido perdiendo durante décadas.
No porque la izquierda tuviera razón. Ni siquiera porque poseyera esa pretendida superioridad moral que se ha atribuido a sí misma hasta convertirla casi en dogma. La izquierda ha tenido la superioridad moral que otros le han permitido tener.
Y aquí aparece una responsabilidad que el Partido Popular debería asumir algún día.
Durante demasiado tiempo, buena parte de la derecha política creyó que cediendo conseguiría apaciguar a la izquierda. Pensó que entregándole una calle evitaría que reclamara la siguiente; que aceptando la retirada de una estatua terminaría la polémica; que renunciando a defender determinados episodios o personajes históricos sería admitida definitivamente en el selecto club de los demócratas homologados.
Se equivocó.
Porque quien pretende reescribir la historia nunca se conforma con una placa.
Primero fueron las calles
Durante años hemos contemplado cómo desaparecían nombres de calles, plazas y avenidas dedicadas a militares, políticos, escritores o personajes históricos vinculados, de una manera u otra, al régimen nacido de la Guerra Civil.
Algunos podían ser discutibles. Naturalmente.
La historia no es una colección de santos.
Pero lo verdaderamente significativo fue aceptar el principio de que determinados personajes debían desaparecer del espacio público no por el conjunto de lo que hubieran hecho durante sus vidas, sino porque habían quedado situados en el lado históricamente condenado por la izquierda.
Después llegaron monumentos, placas, escudos y estatuas.
Y la pregunta resulta inevitable: ¿dónde termina una depuración histórica cuando quienes la practican son también quienes deciden quién merece ser depurado?
Porque mientras unos desaparecen, otros aparecen.
El espacio público nunca queda vacío.
Allí donde se retira un nombre comienza muchas veces la carrera por colocar otro perteneciente al santoral político contemporáneo: dirigentes socialistas, sindicalistas, militantes de izquierdas o personajes elevados a la categoría de símbolos incontestables.
No estamos, por tanto, ante la desaparición de la política de nuestras calles.
Estamos ante la sustitución de una memoria por otra.
La memoria no puede pertenecer a un partido
Ese es probablemente uno de los mayores errores cometidos durante las últimas décadas.
España había conseguido algo extraordinariamente difícil: construir convivencia sobre una guerra que había dividido familias, pueblos y generaciones, una guerra provocada por el PSOE, el mismo partido que ahora decide que debe ser sustituido y por quien.
Aquello no significaba olvidar.
Significaba algo bastante más inteligente: aceptar que nuestros abuelos habían vivido una tragedia que nosotros no teníamos ninguna obligación de volver a combatir.
Pero después llegaron las leyes de memoria.
Y con ellas regresó una tentación peligrosísima: establecer desde el poder político una interpretación oficial del pasado. Insisto, y además, promovido por el principal responsable de provocar la contienda civil y sus socios.
La historia dejó de ser únicamente territorio de historiadores, archivos, documentos y debate académico para convertirse también en instrumento legislativo.
Y una democracia debería desconfiar siempre de los gobiernos que pretenden convertirse en notarios del pasado.
Porque el Parlamento puede aprobar leyes.
Lo que no puede aprobar es lo que sucedió.
La derecha que siempre pedía permiso
El Partido Popular creyó durante demasiado tiempo que podía gestionar este proceso administrando las concesiones.
Ese fue su gran error.
Cada vez que gobernaba podía haber derogado determinadas políticas impulsadas por la izquierda. Muchas veces no lo hizo. Mejor dicho, nunca lo hizo.
Cada vez que podía haber planteado una batalla cultural seria, prefería hablar exclusivamente de economía.
Como si una nación pudiera vivir únicamente del PIB.
Como si los pueblos fueran balances contables.
Como si la identidad, los símbolos, la historia, las tradiciones y la memoria colectiva fueran cuestiones secundarias que podían abandonarse porque provocaban demasiadas discusiones.
Mientras unos hablaban de déficit, otros escribían el relato.
Y al final quien escribe el relato acaba decidiendo también quién es el bueno y quién es el malo.
Ahí nació esa derecha acomplejada que parecía necesitar permanentemente un certificado de democracia expedido por sus adversarios.
Una derecha que pedía perdón antes incluso de hablar.
Y naturalmente nunca fue suficiente.
Porque la izquierda española no ha entendido aquellas cesiones como generosidad.
Las ha interpretado como debilidad.
Noventa años después
En 2026 se cumplen noventa años del comienzo de la Guerra Civil.
Y precisamente por eso deberíamos ser capaces de hablar de 1936 con más serenidad que nuestros abuelos, no con más odio.
España llegó entonces a una situación de violencia política, descomposición institucional y enfrentamiento social que desembocó en una sublevación militar y, después, en una guerra devastadora.
Sobre sus causas, responsabilidades y protagonistas existe —y debe existir— discusión histórica.
Lo intelectualmente pobre es reducir aquel drama gigantesco a una película infantil de buenos y malos.
Hubo asesinatos, persecuciones, represalias y atrocidades.
En ambos bandos. Pero solo uno tenía razón, el que venció.
Hubo héroes y hubo criminales.
También en ambos bandos.
Y precisamente porque han transcurrido noventa años deberíamos tener suficiente madurez para estudiarlos a todos sin necesitar permiso de ningún ministerio.
No comparto esa idea según la cual millones de españoles deben sentirse hereditariamente culpables por aquello que hicieron, pensaron o defendieron personas que murieron hace décadas.
Nadie hereda la culpa de sus abuelos.
Tampoco su inocencia.
Heredamos su historia.
Y tenemos derecho a conocerla entera.
El delito de haber existido
Pero hemos llegado a una situación verdaderamente absurda.
Hay españoles a quienes parece exigírseles que pidan perdón por existir.
Que pidan perdón por sus apellidos.
Por sus recuerdos familiares.
Por conservar una fotografía.
Por admirar a determinados militares.
Por estudiar ciertas páginas de nuestra historia sin aceptar previamente la interpretación oficial.
Por decir que España también tuvo héroes entre quienes hoy han sido expulsados del callejero.
Pues no.
Yo no pienso pedir perdón.
No voy a pedir perdón por querer conocer mi historia completa.
No voy a pedir perdón por sentir orgullo de España.
Ni por recordar a quienes, acertada o equivocadamente, creyeron que estaban sirviendo a su patria.
Porque comprender históricamente a alguien no significa necesariamente justificar cada uno de sus actos.
Esa diferencia elemental parece haberse perdido.
La bestia nunca queda satisfecha
La política de cesiones siempre termina de la misma manera.
Primero te piden que retires una placa.
Después que cambies una calle.
Luego que desmontes una estatua.
Más tarde que aceptes su interpretación histórica.
Después que asumas su vocabulario.
Y finalmente te preguntan qué derecho tienes tú a participar en la vida pública si no compartes sus premisas.
Ese es el peligro.
Porque cuando un adversario deja de ser considerado simplemente alguien equivocado y comienza a ser presentado como moralmente ilegítimo, la democracia empieza a deteriorarse.
Hoy algunos sectores hablan con una ligereza preocupante de ilegalizaciones, cordones sanitarios y exclusiones políticas.
Y conviene recordar algo elemental: una democracia se demuestra precisamente permitiendo participar a quienes defienden ideas que nos disgustan, siempre dentro de la ley.
Si algún partido comete un delito, que actúen los tribunales.
Pero pretender expulsar políticamente al adversario porque molesta ideológicamente es otra cosa.
Hay que volver a dar la batalla cultural
La solución tampoco consiste en hacer exactamente lo mismo pero al revés.
No necesitamos sustituir una memoria sectaria de izquierdas por una memoria sectaria de derechas.
Necesitamos libertad.
Libertad para investigar.
Libertad para publicar.
Libertad para recordar.
Libertad para homenajear.
Libertad para discutir nuestra historia sin que cada generación tenga que volver a cavar las trincheras de 1936.
Y necesitamos recuperar algo que durante demasiado tiempo pareció políticamente incorrecto: el orgullo nacional.
Orgullo por nuestra historia completa, con sus luces y sus sombras.
Por nuestros soldados.
Por nuestros descubridores.
Por nuestros científicos.
Por nuestros escritores.
Por quienes defendieron España en diferentes épocas y bajo diferentes regímenes.
Una nación que solamente enseña a sus hijos aquello de lo que deben avergonzarse termina creando ciudadanos incapaces de defenderla.
Ya está bien
Durante décadas una parte de la derecha creyó que retrocediendo conseguiría tranquilidad.
No la consiguió.
Entregó posiciones culturales y recibió nuevas exigencias.
Aceptó el lenguaje del adversario y terminó discutiendo dentro del marco intelectual construido por ese mismo adversario.
Esa época debería terminar.
No para volver a dividir España entre rojos y azules.
Precisamente para lo contrario.
Para dejar de hacerlo.
Han pasado noventa años.
Noventa.
Ya es hora de permitir que los muertos descansen y que los vivos podamos discutir nuestra historia sin pedir autorización.
Que cada español pueda recordar a sus antepasados.
Que pueda estudiar 1936 sin consignas.
Que pueda sentirse orgulloso de España sin pedir disculpas.
Y, sobre todo, que nadie vuelva a aceptar esa monstruosa idea de que media España tiene que pedir perdón eternamente a la otra media.
Porque quizá esa haya sido la mayor victoria cultural de la izquierda durante todos estos años: conseguir que millones de españoles hayan aprendido a hablar de su propia historia en voz baja.
Yo me niego.
Noventa años después, no pienso pedir perdón por existir.
