Un Gobierno incapaz de gobernar: sin presupuestos, sin rumbo y sometido al chantaje

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado cotas de incapacidad y descomposición que ni los más pesimistas podían prever. A día de hoy, no solo no es capaz de gobernar con un mínimo de eficacia o coherencia institucional, sino que ni siquiera puede presentar unos Presupuestos Generales del Estado. Y no hablamos ya de aprobarlos, algo que requeriría una mínima estabilidad política y una base parlamentaria sólida, sino simplemente de presentarlos. Un fracaso absoluto. Un síntoma evidente de que este Gobierno ha dejado de gobernar para dedicarse en exclusiva a su propia supervivencia.

Sánchez no gobierna: regatea, soborna, se arrodilla y reparte privilegios a una amalgama de socios que lo desprecian, pero que le mantienen en el poder mientras saquean el Estado. Lo que debería ser la herramienta fundamental de la acción de gobierno –los presupuestos– se ha convertido en una misión imposible, porque ni siquiera hay consenso entre las tribus que componen esta farsa. ¿Cómo van a acordar nada si cada socio tiene intereses diametralmente opuestos? ¿Cómo van a pactar partidas económicas si lo único que buscan es su propio beneficio territorial, ideológico o partidista?

Sánchez está preso de una coalición Frankenstein formada por golpistas catalanes, filoterroristas vascos, comunistas sin escrúpulos y una izquierda radical que desprecia a España y a sus instituciones. Cada uno con su agenda, con su exigencia, con su amenaza. Y mientras tanto, un PSOE irreconocible, convertido en una secta al servicio de un solo hombre, silente y cobarde, viendo cómo se destruyen los fundamentos de la democracia sin decir ni una palabra. Lo importante es el poder. El país puede esperar. La ruina también.

Lo de los presupuestos no es una anécdota. Es la prueba de que el régimen de Sánchez se sostiene sobre la mentira, el chantaje y la propaganda. Cada día que pasa sin cuentas públicas es un día más de inestabilidad, de parálisis, de improvisación. No hay modelo económico, no hay visión de Estado, no hay responsabilidad con los ciudadanos. Todo se subordina a la supervivencia política del líder. Un líder que no duda en humillarse ante Puigdemont, en legitimar a Bildu, en comprar el silencio de ERC o en financiar a sus socios con dinero público mientras la clase media se asfixia.

España vive en un permanente estado de excepción política. No hay control parlamentario real, no hay respeto por la legalidad, no hay separación de poderes. Todo está supeditado al proyecto personal de Sánchez, que no tiene más ideología que su permanencia en la Moncloa. Y por eso no hay presupuestos: porque gobernar exige diálogo real, exige cesiones dentro de la legalidad, exige visión de país, no de partido. Pero eso no interesa. El presupuesto es un obstáculo, no una prioridad.

No caigamos en la trampa del relato. Esto no es una simple crisis de Gobierno. Es la confirmación de que estamos ante una legislatura fallida, sin proyecto, sin rumbo, sin alma. España está siendo gobernada por una coalición de intereses incompatibles, unidos únicamente por el odio a todo lo que representa la nación: su historia, su unidad, su prosperidad. Sánchez no lidera, no coordina, no manda. Solo resiste, manipula y paga. Y para eso, necesita dinero. Pero no lo tiene, porque no puede aprobar nada. Porque ni sus socios le respetan ni los españoles le creen.

La situación es insostenible. Mientras la inflación ahoga a las familias, mientras las pequeñas empresas cierran, mientras aumenta el desempleo y se disparan los impuestos, el Gobierno se dedica a negociar amnistías, a colocar afines en el poder judicial y a reescribir el relato oficial de una España que se descompone. No hay presupuestos porque no hay gobierno. Hay un régimen al borde del colapso que sobrevive a base de propaganda, mentiras y cesiones a los enemigos de la nación.

El problema ya no es solo Pedro Sánchez. El problema es el modelo de poder que ha construido, basado en la sumisión, el sectarismo y la corrupción institucional. Un modelo que impide algo tan elemental como presentar unos Presupuestos Generales. No es solo incapacidad: es una amenaza directa al orden constitucional. Y ante eso, solo cabe una respuesta: firmeza, denuncia constante y la exigencia de que esta pesadilla llegue a su fin cuanto antes.