El fracaso del Estado autonómico en las catástrofes españolas

Llevamos más de cuarenta años padeciendo un Estado autonómico que se nos vendió como el gran remedio a todos nuestros males.

Un modelo que supuestamente traería cercanía, eficacia y descentralización. La realidad es muy distinta: lo que tenemos es un Estado fallido, fragmentado en diecisiete reinos de taifas donde nadie asume responsabilidades y todos culpan al vecino.

Cada tragedia que sufre España es un recordatorio del desastre autonómico. En la gota fría que asoló Levante, vimos presidentes autonómicos acusando al Gobierno central de abandono, y alcaldes llorando por falta de medios. Durante el volcán de La Palma, el pueblo quedó abandonado entre promesas incumplidas, papeleo interminable y administraciones enfrentadas en lugar de unidas. En la COVID-19 se evidenció el caos total: diecisiete criterios sanitarios, diecisiete estrategias distintas, diecisiete maneras de confinar y reprimir a los ciudadanos, mientras el Gobierno central se lavaba las manos y declaraba estados de alarma inconstitucionales. Y ahora, con los incendios que arrasan nuestra tierra, volvemos a lo mismo: excusas, abandono y propaganda.

El modelo autonómico es, en definitiva, una fábrica de irresponsables. Cada gobierno regional acusa al central de dejación, y éste acusa a las comunidades de incompetencia. Resultado: los ciudadanos desprotegidos, los pueblos arrasados, los agricultores y ganaderos arruinados, y el país convertido en ceniza.

PP y PSOE: guardianes del desastre

No olvidemos que tanto el PP como el PSOE son responsables de mantener esta farsa. Ninguno de los dos ha tenido el valor de cuestionar el modelo. Se alimentan de él, colocan a sus clientelas y justifican su permanencia con discursos vacíos. Se ha convertido en un régimen de privilegios para políticos y burócratas, mientras la nación se hunde en la ineficacia y la insolidaridad.

La izquierda: rentabilidad política y manipulación

Y en medio de las catástrofes, la izquierda —que gobierna hoy España— solo busca rentabilidad política. Ministras como Yolanda Díaz aparecen en manifestaciones, en protestas, como si fueran activistas de pancarta y no parte del Gobierno que tiene la obligación de actuar. Son ellas las responsables de no enviar al ejército, de no dotar de medios suficientes, de no limpiar montes en invierno, de convertir la Agenda 2030 en una mordaza que impide gestionar nuestros bosques y proteger a los ciudadanos. Pero prefieren la foto y la consigna antes que asumir su incapacidad.

Un Estado convertido en teatro

Lo más sangrante es que cuando los pueblos sufren, cuando las familias pierden sus casas, cuando los agricultores lo pierden todo, el Gobierno y sus aliados se reparten la escena: unos protestan, otros prometen ayudas que nunca llegan, y todos siguen cobrando. Es un teatro permanente donde los ciudadanos siempre ocupamos el papel de víctimas.

Urge desmontar este modelo

El Estado autonómico no es ya solo ineficaz: es insolidario, caro e inútil. Se ha demostrado en la gestión sanitaria, en lo que ellos llaman pomposamente emergencias climáticas, en las catástrofes naturales y en cualquier crisis nacional. Lo único que ha logrado es dividir, enfrentar y convertir en excusa la inacción de quienes deberían responder.

La única salida realista y valiente es desmontar este modelo, devolver competencias estratégicas al Estado, garantizar la igualdad entre españoles y que, cuando haya una catástrofe, exista una respuesta nacional inmediata, sin papeleos, sin discusiones territoriales y sin políticos de plató jugando a indignarse mientras el país arde o se hunde.

El fracaso autonómico está a la vista. Y quienes lo defienden, sean del PP o del PSOE, solo lo hacen porque viven de él. España no aguanta más.