El Fiscal General delincuente: la sentencia que desnuda al sanchismo

España ha cruzado una línea que jamás debió pisar. Por primera vez en nuestra historia —y subrayo: por primera vez— un Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Y no solo eso: ha sido condenado. Dos años de inhabilitación y 10.000 euros de indemnización por atacar y filtrar datos de un contribuyente, desde el poder del Estado, a un ciudadano cuya única “culpa” era ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sí, el mismo ciudadano al que filtraron sus datos fiscales para intentar destruir a la presidenta de Madrid. Y el verdugo fue nada más y nada menos que quien debía garantizar la legalidad: Álvaro García Ortiz, hoy ya no un presunto, sino un delincuente condenado por la Justicia española.

Este es el nivel moral del sanchismo. Este es el nivel de degeneración institucional al que nos han arrastrado. Y aún tienen la desfachatez, el atrevimiento y la soberbia de llamarse “demócratas”.

El fiscal de Sánchez ya es un delincuente: ¿y ahora qué, presidente?

Pedro Sánchez, aquel que con esa sonrisa enfermiza, preguntaba a la oposición y a los medios:

“¿Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?”

Pues aquí está la respuesta:

¿Quién va a pedir perdón ahora al pueblo español?

¿Quién va a pedir perdón por colocar en la cúspide de la Fiscalía a un delincuente?

¿Quién va a responder por un fiscal que ha manipulado, filtrado, ocultado y presionado hasta deformar la democracia?

Álvaro García Ortiz no es un accidente. No es un error.

Es el modelo del sanchismo.

Fue elegido precisamente por eso: porque era dócil, obediente, militante y dispuesto a todo. Y ha cumplido su papel hasta el final: destruir pruebas, perseguir adversarios, proteger a los corruptos del PSOE y embarrar todo aquello que pudiera afectar a Moncloa.

Televisión Española insultando al contribuyente para defender al condenado

La maquinaria mediática del régimen no ha perdido el tiempo. En esa RTVE que pagamos todos, convertida en una cloaca propagandística del sanchismo, los feladores mediáticos habituales —con Javier Ruiz como maestro de ceremonias— se lanzaron en tromba a defender al delincuente García Ortiz.

Les pagamos para que nos insulten, para que nos engañen, para que nos llamen extremistas mientras justifican al fiscal condenado. Es obsceno. Es pornográfico. Es la degradación moral de un país que ha permitido al PSOE colonizar hasta el último rincón del Estado.

Javier Ruiz y compañía calificaron de “vergüenza” que un Fiscal General respondiera ante la Justicia. Lo que es una vergüenza, lo indecente, lo intolerable, es que un fiscal general filtre datos fiscales con fines políticos, y que todavía haya quien le dé palmaditas en la espalda.

Bolaños: “Respetamos la sentencia, pero no estamos obligados a compartirla”

Este es el nivel.

Este es el ministro de Justicia de un país europeo.

Este es el hombre que controla la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.

Félix Bolaños, más conocido como la vieja del visillo, es el mismo que planificó y ejecutó la profanación de la tumba de Frsnco, ahora nos dice que respeta pero no comparte la condena. ¿Y qué significa eso? Simple:

que para el PSOE la Justicia solo es válida cuando absuelve a los suyos y condena a la oposición.

Cuando los jueces se atreven a actuar con independencia, el Gobierno los desacredita.

Cuando la Justicia señala al PSOE, el discurso cambia: “no compartimos”.

Cuando se condena al fiscal de Sánchez, entonces es “una decisión controvertida”.

Pero si mañana imputan a Feijóo o Abascal, entonces la Justicia será “ejemplarizante”.

El choque ya es frontal: el sanchismo contra el Estado de Derecho

Lo que está ocurriendo no es un episodio aislado.

Es la confirmación de una ruptura total entre la España institucional y la España sanchista.

Jueces y fiscales independientes están siendo presionados, señalados, hostigados y desterrados por investigar las cloacas del PSOE.

Los jueces que se negaron a tapar el caso Koldo o David Sánchez, son perseguidos y machacados .

Los que advirtieron irregularidades en el caso Begoña fueron desplazados.

Los que investigaron a Víctor de Aldama o a Ábalos fueron silenciados.

El régimen no soporta que haya una sola institución que no controle.

Pero la sentencia contra García Ortiz marca un antes y un después:

se ha condenado al símbolo del control total del PSOE sobre la Justicia.

Esto, para el sanchismo, es un misil en la línea de flotación.

Sánchez debería dimitir mañana. Pero no lo hará: tiene demasiado que ocultar

Un presidente digno, responsable, con un mínimo de decencia, habría cesado hoy mismo al Fiscal General.

Un presidente respetuoso con la Justicia habría pedido perdón.

Un presidente con sentido del Estado habría convocado elecciones.

Pero Pedro Sánchez no es ese presidente.

Ni lo ha sido nunca.

Ni puede permitirse serlo.

Porque sabe perfectamente que fuera del poder le espera lo mismo que hoy ha recibido su fiscal general: el banquillo.

Él, su esposa, su hermano, sus ministros, sus testaferros, sus recaderos, sus Koldos, sus Aldamas, sus Ábalos, sus Laya, sus Torres, sus Garzón, sus González, sus Cerdán.

Sánchez no deja el poder porque sin el poder está perdido.

Estamos ante una guerra civilizatoria: España o el PSOE

Lo sucedido con García Ortiz no es una anécdota.

Es un síntoma.

Es un diagnóstico.

Es la constatación definitiva de que el PSOE es incompatible con España, incompatible con el Estado de Derecho, incompatible con la convivencia, incompatible con la libertad.

No estamos ante una batalla cultural.

Estamos ante una guerra civilizatoria, donde se pone en juego qué país seremos:

– ¿Una nación libre?

– ¿O una república bananera gobernada por un partido con un fiscal general delincuente?

La sentencia marca el comienzo de algo que el sanchismo ha intentado evitar: la resistencia de las instituciones.

Y hoy, por primera vez en años, ha quedado claro que el régimen tiene grietas.

El fiscal general ha caído.

Mañana podrían caer los demás.

Esto no ha terminado.

Esto acaba de empezar.