El fiscal en el banquillo: símbolo de la degradación institucional

España vive una situación inédita y profundamente anómala: el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra imputado y pendiente de ser procesado en juicio oral. Sí, han leído bien: el máximo responsable de la Fiscalía española, aquel que debería encarnar la imparcialidad, la justicia y la defensa de la legalidad, se sentará en el banquillo como un acusado más, mientras sigue en activo, protegido por el Gobierno y jaleado por un PSOE que ha convertido la indecencia en norma y la corrupción en forma de gobierno, pero eso, ya lo saben todos ustedes.

Lo lógico, lo elemental, lo que exigiría cualquier país serio, es que García Ortiz hubiera dimitido de inmediato o, en su defecto, que el Ejecutivo lo hubiera provocado su cese sin contemplaciones. Pero España ya no es un país serio, lleva mucho tiempo sin serlo. En España, bajo el sanchismo y el PSOE, la justicia se ha convertido en un apéndice más de Moncloa, y el fiscal general no es otra cosa que un comisario político al servicio de Pedro Sánchez.

El fiscal del presidente

No olvidemos que fue el propio Sánchez quien, en un arranque de sinceridad impropia de su cinismo habitual, reconoció en una entrevista que la Fiscalía dependía “del Gobierno”. Aquellas palabras, que en cualquier democracia habrían hecho caer al presidente de inmediato, pasaron de puntillas en esta España adormecida y resignada. Y lo cierto es que ese reconocimiento resume a la perfección lo que significa Álvaro García Ortiz: no es el fiscal de todos los españoles, sino el fiscal de Sánchez, el brazo ejecutor de sus intereses, la pieza clave para garantizar impunidad a su entorno y persecución a sus adversarios políticos.

Hoy, esa marioneta de Moncloa está llamada a responder por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La acusación es grave, y lo será aún más cuando se celebre el juicio y la opinión pública comprenda que quien debía velar por la legalidad era, en realidad, un engranaje más de la maquinaria de corrupción socialista.

Un sistema secuestrado desde 1985

Pero no nos engañemos: García Ortiz no es una anomalía aislada. Es el resultado de un sistema podrido que lleva décadas incubándose. Desde 1985, con la infame reforma impulsada por Felipe González, el Consejo General del Poder Judicial y, por extensión, el conjunto del poder judicial, quedaron secuestrados por los partidos políticos. Desde entonces, la independencia judicial pasó a ser una quimera, una aspiración incumplida.

La responsabilidad, por supuesto, recae principalmente en el PSOE, que diseñó el modelo para controlar la justicia. Pero también en un Partido Popular que, lejos de revertir aquella tropelía cuando ha tenido mayoría absoluta, la consolidó por puro cálculo partidista. Ese es el pecado original de nuestra democracia: un poder judicial colonizado, manipulado, sometido a los designios de quienes deberían ser investigados y juzgados por él.

El resultado lo tenemos delante: un fiscal general procesado que se aferra al cargo como si nada ocurriera, respaldado por un Gobierno que, a su vez, depende de esa fiscalía sumisa para blindarse frente a sus propios escándalos.

El reflejo de una España degradada

Lo de Álvaro García Ortiz no es solo un escándalo judicial: es el reflejo de la degradación total de las instituciones españolas. Hemos normalizado lo inaceptable. Hemos permitido que la Fiscalía sea una prolongación del Consejo de Ministros, que el Tribunal Constitucional actúe como sucursal del PSOE, que el Congreso sea un teatro donde la aritmética sustituye a la soberanía nacional y que el propio Gobierno legisle a la carta para amnistiar a sus socios golpistas.

Hoy es el fiscal general en el banquillo. Ayer fue la esposa del presidente imputada. Mañana será otro ministro señalado. La lista es interminable. Y lo terrible no es solo la corrupción en sí, sino la desvergüenza con que se exhibe, la impunidad con que se actúa, el silencio cómplice de quienes deberían defender el Estado de derecho.

Un fiscal indigno de su cargo

Álvaro García Ortiz es, hoy por hoy, indigno del cargo que ostenta. Un fiscal general que afronta un juicio oral no puede seguir ni un minuto más representando a la justicia española. Su mera presencia al frente de la Fiscalía es un insulto a la dignidad institucional, un desprecio a los ciudadanos y un síntoma inequívoco de que el PSOE ha canibalizado todas y cada una de las instituciones.

El sanchismo ha conseguido lo que parecía imposible: que la mentira, la corrupción y la indignidad se conviertan en rutina. Y lo peor es que, si los españoles no reaccionamos, pronto ni siquiera nos sorprenderá ver a un fiscal general condenado seguir recibiendo homenajes del poder político.

Hora de reaccionar

Este es el momento de decir basta. No se trata solo de la dimisión de un fiscal indigno; se trata de recuperar la independencia de la justicia, de devolver a las instituciones el prestigio que han perdido, de poner fin a la colonización partidista iniciada en 1985 y nunca revertida.

España no puede resignarse a vivir bajo la dictadura del PSOE y sus socios, que han convertido el Estado en un cortijo privado. La regeneración no vendrá desde dentro: vendrá de la presión ciudadana, de la valentía de exigir cambios reales, de la firmeza de quienes no están dispuestos a aceptar la corrupción como paisaje inevitable.

O recuperamos el Estado de derecho o pronto ni siquiera podremos quejarnos de haberlo perdido. La elección está en manos de los españoles. Y el ejemplo de un fiscal general en el banquillo debe servirnos de advertencia: si la justicia se degrada, la nación entera se arrastra con ella.