Si un tribunal frena al Gobierno, es lawfare. Si alguien pregunta por el censo electoral, es un facha golpista. Si los sindicatos convocan una huelga general a dos días del inicio de la campaña, es pura reivindicación social. Siempre hay una explicación, y todas apuntan en la misma dirección: a que el Adonis siga en la Moncloa.
Este artículo va para ti, votante de izquierdas, que crees de verdad en lo público, en la memoria y en la dignidad del trabajo. Te pido cinco minutos y una respuesta honesta a una sola pregunta: ¿te representa lo que está haciendo tu Gobierno?
La ley de nietos nació supuestamente para dar la nacionalidad a hijos y nietos de quienes tuvieron que huir de España por razones políticas, ideológicas o de creencia. Nadie se opone a eso. El problema no es la ley que aprobó el Parlamento. Es lo que se hizo con ella después.
Pocos días después de su entrada en vigor, una instrucción administrativa de octubre de 2022 estableció que se presumiría exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955. Sin acreditar persecución. Sin un solo papel que la demostrara. Con esa presunción, el emigrante que cruzó el Atlántico buscando trabajo pasó a ser, sobre el papel, un represaliado del franquismo. Y sus descendientes, votantes del PSOE.
En septiembre, el Tribunal Supremo, a instancias de Iustitia Europa y de Vox, suspendió cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones en el Censo de Residentes Ausentes. El 12 de octubre mantuvo la suspensión: 163.020 personas inscritas por esta vía no votarán el 29 de noviembre salvo que su consulado certifique un exilio real. El tribunal habló de un peligro fundado, real y serio de que el engorde del censo afectara a las elecciones. Hazte Oír, que llevó el asunto a la Junta Electoral Central en junio y al Supremo en agosto, sigue exigiendo que lo ordenado se cumpla de verdad antes del 29N.
Según la documentación remitida por la Abogacía del Estado, a 21 de octubre los consulados habían revisado 31.390 expedientes y solo habían expedido 91 certificados de exilio acreditado. Un 0,29 %.
El Estado ha aprobado más de medio millón de expedientes de nacionalidad por esta vía y hoy no es capaz de decir quién cumplía el requisito que justificaba la ley. Y más de un mes después de la primera orden del Supremo, el Gobierno sigue sin entregar la lista nominal de afectados. El tribunal lo ha calificado de incomprensible y ha dado cinco días a Félix Bolaños y José Manuel Albares, con multas coercitivas y posibles responsabilidades penales sobre la mesa.
Hazte Oír se ha querellado por prevaricación contra Sofía Puente, alto cargo del Ministerio de Justicia y hermana del ministro twittero Óscar Puente, a la que señala como responsable de aquella instrucción. Lo decidirá un juez y tenemos que recordarlo cuando ese mismo apellido sale a pedirte el voto con miedo en los ojos y amenazas de infierno en las calles.
No hace falta elucubrar mucho, sabemos que Sánchez sueña con un pucherazo de película. Y hay un incentivo evidente. Las encuestas pronostican una amplia derrota del bloque de izquierdas el 29N (Todas menos la que pagamos todos con Tezanos al frente, claro). Cuando un presidente necesita cada voto, un censo exterior que crece a golpe de una instrucción hecha a medida deja de ser una cuestión casual. Sánchez necesita hacer trampas y está acomodando como puede las reglas a su favor: ahora le basta con no aclarar, no entregar las listas y acusar a los jueces de hacer política.
Sánchez ha asegurado que seguirá siendo presidente después del 29N de una manera o de otra. Sus defensores dirán que habla de pactos parlamentarios. Pero un presidente con la ley de nietos bajo sospecha y un Gobierno que hace esperar al Supremo debería entender que esas palabras, en ese contexto, no tranquilizan a nadie. En democracia solo existe una manera: la que digan las urnas, y la que se acepta cuando dicen que no.
Óscar Puente ha resumido la estrategia sin taparse un poco ni disimular lo más mínimo: si PP y Vox gobiernan, habrá pesadillas y cuatro años de salir a la calle a protestar, así que más vale votar una vez que manifestarse durante una legislatura entera. Traducido: o nos votas a nosotros, o la calle será tu infierno. Ya no se pide el voto por la sanidad, la vivienda o los salarios. Se pide por miedo.
A ese miedo se suma la amenaza. En la Asamblea de Madrid, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, avisó a Ayuso de que en las calles de Madrid no iba a haber paz. Dos semanas después, otra diputada de su grupo, Jimena González, planteó que la gente optara por la vía francesa y prendiera fuego a la Real Casa de Correos. Lo hemos visto antes, con otro acento. En Colombia, antes de las presidenciales de junio, desde la propia campaña de Iván Cepeda se advirtió que el país ardería si ganaba la derecha. Es siempre el mismo guion: las instituciones valen mientras gano yo; si pierdo, las incendio.
CCOO y UGT han convocado para el 11 de noviembre la primera huelga general conjunta desde 2012. Por la vivienda y los salarios, dicen. Dos días antes de que arranque la campaña, con las Cortes ya disueltas.
La vivienda es, sin duda, el gran drama de una generación. Precisamente por eso la pregunta es obvia: ¿dónde estaban estos sindicatos durante ocho años de alquileres disparados, sueldos que no llegan y jóvenes que no pueden emanciparse? Sentados en la mesa del Gobierno, comiendo gambas, firmando acuerdos y fotografiándose con ministros, mientras sus organizaciones sumaban unos 569 millones en ayudas públicas desde 2018, según The Objective. Un sindicato que solo descubre la calle cuando su Gobierno amigo está a punto de perder no defiende al trabajador. Le hace la campaña a otro.
A ti, votante de izquierdas. No te pido que cambies de ideas. Te pido que compares lo que te prometieron con lo que estás viendo.
¿Te representa un Gobierno que no entrega al Supremo una lista que tiene en sus manos?
¿Te representa que una ley pensada para honrar a los exiliados se haya usado para engordar un censo sin control?
¿Te representan ministros que piden el voto con miedo y socios que avisan de que no habrá paz si pierden?
¿Te representa un presidente que habla de seguir «de una manera o de otra»?
La memoria democrática merecía algo mejor que esto. Los exiliados de verdad, los que perdieron casa, país y a veces la vida, merecían algo mejor que convertirse en la coartada de una operación de censo. Y tú mereces un Gobierno que no te trate como munición electoral.
España no es propiedad de Pedro Sánchez, ni del PSOE, ni de sus socios, ni de unos sindicatos que viven del presupuesto. España pertenece a todos, también y sobre todo a quienes votan en contra del Gobierno. La democracia no consiste en que gobierne siempre la izquierda y la derecha sea una anomalía. La democracia es la ley, jueces que pueden decir que no, un censo limpio y la capacidad de perder con dignidad.
Todo lo demás, por muchas banderas palestinas que lo envuelvan, es otra cosa. Y es hora de decirlo a la cara y señalándote con el dedo.
