El referéndum de la Reforma Política: cuando España dijo “sí” al cambio, sin saber todo lo que le iban a quitar

El 15 de diciembre de 1976, los españoles acudieron a las urnas para votar la Ley para la Reforma Política. Fue un referéndum limpio, claro en su pregunta y contundente en su resultado: el 94,17 % de los votantes dijo “sí” a un proceso de transformación política que debía servir para adaptar el sistema a una nueva etapa sin romper traumáticamente con todo lo anterior.

Ese respaldo fue muy superior al que recibiría después la Constitución de 1978. Y este dato, que deliberadamente se silencia, lo dice todo. Porque los españoles no votaron una ruptura salvaje, ni un suicidio del Estado, ni un desmontaje del principio de unidad nacional. Votaron una reforma ordenada, controlada y con continuidad institucional.

Lo que vino después ya no fue exactamente lo que se votó aquel 15 de diciembre.

Una reforma, no una demolición

La Ley para la Reforma Política fue presentada como una transición desde dentro del sistema, no como una liquidación del mismo. Permitía elecciones, pluralismo político, nuevas Cortes, adaptación democrática, pero sin dinamitar los pilares esenciales del Estado.

Aquella ley no hablaba de:

Estado autonómico descontrolado.

Separación asimétrica entre españoles.

Chantaje de los nacionalismos.

Colonización de la Justicia.

Partidos convertidos en agencias de colocación.

Era una ley de evolución, no de destrucción.

Y por eso fue apoyada masivamente. Porque España, tras cuarenta años de estabilidad, paz social y desarrollo económico sin precedentes, no estaba pidiendo el caos. Estaba pidiendo una apertura gradual.

Pero las élites tenían otros planes.

Las renuncias invisibles: lo que no se votó y sí se perdió

Lo que comenzó como una reforma terminó convirtiéndose, en apenas dos años, en una cadena de renuncias históricas que nadie explicó con claridad a los españoles:

Se renunció a la soberanía real.

Se entregó el modelo territorial al chantaje autonómico.

Se abrió la puerta al desmontaje de la unidad nacional.

Se desactivó la autoridad del Estado.

Se repartió el poder entre partidos como si fuera un botín.

Nada de eso figuraba en la papeleta del 15 de diciembre de 1976.

El pueblo votó una cosa.

Las élites pactaron otra muy distinta.

El inicio del gran pacto de élites

Aquel referéndum fue el punto de partida del gran pacto de élites: políticas, económicas, mediáticas e ideológicas. Un pacto no para servir a España, sino para asegurarse el control del nuevo sistema.

A partir de ahí:

Los viejos aparatos se reciclaron.

Las nuevas siglas se repartieron el poder.

Los medios se alinearon.

Las grandes fortunas se adaptaron.

Y el pueblo quedó fuera de las decisiones esenciales.

España pasó de un Estado fuerte a un Estado negociado, troceado, fragmentado, permanentemente en subasta.

La Constitución: una vuelta de tuerca todavía peor

Dos años después llegó la Constitución de 1978. Y aquí está una de las grandes trampas de nuestro relato oficial:

la Constitución fue votada por menos porcentaje de españoles que la Ley de Reforma Política.

Pero, además, supuso una vuelta de tuerca más profunda, más peligrosa y más destructiva:

Blindó el modelo autonómico.

Introdujo las bases del café para todos.

Normalizó el chantaje territorial.

Dejó abierta la puerta al desguace institucional.

Y sembró la semilla de todos los conflictos posteriores.

Lo que en 1976 era una reforma prudente, en 1978 se convirtió en una reingeniería completa del Estado sin que el pueblo tuviera conciencia real de su alcance.

De la reforma al régimen de partidos

La Ley de 1976 nació con una intención clara: abrir el sistema a la participación.

Pero la Constitución de 1978 lo cerró en un régimen de partidos.

Desde entonces:

Los ciudadanos dejaron de elegir directamente.

Las listas cerradas secuestraron la soberanía.

La partitocracia sustituyó a la representación real.

Y el interés nacional fue sustituido por el interés de las siglas.

La democracia prometida se transformó en una oligarquía de partidos.

El precio de aquella ingenuidad colectiva

España pagó —y sigue pagando— el precio de aquella ingenuidad de 1976:

El Estado de las Autonomías convertido en un monstruo ingobernable.

El separatismo convertido en fuerza decisiva.

El Tribunal Constitucional politizado.

La Justicia asediada.

La unidad nacional permanentemente cuestionada.

Nada de esto fue lo que votaron los españoles el 15 de diciembre.

De aquel “sí” masivo, al actual “no” a la Nación

El referéndum de la Reforma Política fue aprobado por una España que todavía creía en sí misma, que no se odiaba, que no estaba dividida, que no discutía su propia existencia.

Hoy, casi medio siglo después, esa España ha sido sustituida por:

Una nación fragmentada.

Una sociedad enfrentada.

Un Estado débil.

Y una clase política entregada al chantaje separatista.

Pedro Sánchez es el resultado final de aquel proceso mal cerrado:

el presidente que gobierna sin mayoría, sostenido por quienes quieren destruir España y protegido por el régimen de partidos nacido de aquella transición pactada.

1976 fue una oportunidad histórica… malograda por las élites

El 15 de diciembre de 1976 España dijo “sí” a la reforma.

No dijo “sí” a la demolición.

No dijo “sí” al caos autonómico.

No dijo “sí” al separatismo como socio de gobierno.

No dijo “sí” a la corrupción sistémica.

Eso vino después.

Y vino impuesto desde arriba.

España necesita hoy una nueva reforma, pero de verdad

Casi cincuenta años después, España necesita otra reforma. Pero no para destruir lo que queda, sino para recuperar lo que se perdió:

Unidad nacional.

Soberanía.

Igualdad entre españoles.

Autoridad del Estado.

Y representación real.

Porque el problema ya no es de derechas o izquierdas.

Es un problema de supervivencia nacional.

Y porque aquel referéndum de 1976, el más apoyado de nuestra historia reciente, sigue siendo hoy una amarga lección:

Cuando el pueblo confía y las élites traicionan, el daño tarda décadas en repararse.