El dinero negro del PSOE: sobres, maletas y silencio

Lo que hoy se conoce gracias al juez Leopoldo Puente no es una simple anécdota judicial: es la prueba palpable de que el PSOE podría estar financiándose ilegalmente mientras finge indignación moral ante la corrupción ajena. El magistrado ha encontrado pagos en metálico —en efectivo, en billetes— a José Luis Ábalos y a su inseparable Koldo García. Dos nombres que ya son sinónimos de corrupción, putrefacción y decadencia institucional.

El juez cita ahora a Mariano Moreno Pavón, entonces gerente del PSOE, y a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización. Lo hace porque los socialistas no han podido justificar de dónde salía tanto dinero en efectivo, ni por qué se hacían pagos de ese modo tan opaco. En pleno siglo XXI, en un partido que se jacta de transparencia, las cuentas se saldan a golpe de sobre.

¿De dónde sale ese dinero? ¿De qué caja B, de qué mordida, de qué contrato público, de qué comisión?

La realidad, incómoda y cada vez más evidente, es que el PSOE ha vivido y vive del dinero público. De lo que roba, de lo que manipula, de lo que esconde. Y cuando el dinero negro asoma, la respuesta oficial siempre es la misma: silencio, evasivas y destrucción de pruebas.

Ya no hablamos solo de los episodios chuscos de José Luis Ábalos —la furgoneta de las prostitutas, las cenas pagadas en efectivo, las colocaciones masivas de amantes en empresas públicas— o de Koldo García, el mamporrero de las mascarillas, el portador de maletines y fajos de billetes. Esto va mucho más allá de lo grotesco.

El juez Puente ha hecho lo que muchos españoles llevamos años esperando: preguntarse lo que el PSOE no quiere responder. ¿Por qué un partido que presume de ética socialista y de honradez obrerista paga en metálico a altos cargos? ¿Por qué no hay facturas, justificantes ni trazabilidad alguna?

Este nuevo auto judicial apunta hacia algo mucho más profundo: una posible red de financiación ilegal del PSOE, que habría funcionado a través de comisiones, contratos públicos y dinero en efectivo. No se trata de simples sobresueldos o “ayudas” personales. Hablamos de una trama organizada, sistemática, de un modelo de poder sustentado en la corrupción institucionalizada.

Y aquí conviene recordar a otro nombre clave: Víctor de Aldama. Ese empresario bien conectado, amigo de Ábalos y presente en la noche del caso Delcy Rodríguez en Barajas. De Aldama, en su declaración ante la Audiencia Nacional, dejó caer que “había mucha llama que venía de arriba”. ¿Qué quiso decir? Que el fuego de la corrupción no empieza en los peones, sino en los generales. Que el dinero no se movía sin que alguien más poderoso lo autorizara o lo protegiera.

¿De dónde salía ese efectivo? ¿Del negocio de los hidrocarburos? ¿De contratos adjudicados a dedo? ¿De mordidas internacionales? Son preguntas que el PSOE no responde porque, probablemente, las respuestas serían devastadoras.

La conexión entre Ábalos, Koldo y De Aldama ya dibuja un triángulo infernal: política, dinero y favores. El mismo esquema que se repite con Begoña Gómez, Carlos Barrabés y las subvenciones amañadas. Todo huele a lo mismo: corrupción de Estado, amparada desde Moncloa.

Pero la pregunta que debería estremecer a cualquier ciudadano es otra:

¿Dónde está ahora la Fiscalía? ¿Dónde están los fiscales , tan diligentes cuando se trata de otros organizaciones o tramas mafiosas, y tan mudos cuando el dinero negro brota del PSOE?

La respuesta es sencilla: donde Sánchez quiere que estén. Silenciados, domesticados y controlados.

Lo que el juez Puente ha destapado es solo el comienzo. Una cuerda que, si se sigue tirando, puede llevar directamente al corazón del sanchismo. Porque nadie puede creer que Ábalos y Koldo manejasen montañas de efectivo por su cuenta, sin el conocimiento o la complicidad de sus superiores.

El PSOE, ese partido que se presenta como garante de la moral pública, es hoy una máquina de fabricar corrupción. Ha parasitado el Estado, ha colonizado las instituciones, y ha convertido la política en un negocio personal. Ya no hay duda: el socialismo en España no es una ideología, es una estructura de poder y dinero.

El auto del juez Leopoldo Puente podría ser el principio del fin. Pero solo si la Justicia resiste las presiones. Porque lo que se está investigando no es un simple caso de sobresueldos: es la podredumbre del sistema político que Pedro Sánchez ha perfeccionado.

Cuando un partido paga en metálico, es porque no puede justificar su dinero.

Y cuando un Gobierno protege a sus corruptos, es porque forma parte del negocio.

España merece saber la verdad:

¿Quién metía los sobres?

¿Quién contaba los fajos?

¿Y quién se los llevaba a Moncloa?