La opinión de Javier García Isac
Hay fechas que parecen condenadas a repetirse en la historia de España. Cambian los protagonistas, cambian las siglas, cambian las instituciones y hasta cambia el vocabulario. Pero algunas preguntas permanecen.
Una de ellas es particularmente incómoda: ¿qué debe hacer un Estado democrático con quienes utilizan sus propias instituciones para intentar quebrarlo?
El 6 de octubre de 1934 encontramos un antecedente que merece ser recordado.
Lluís Companys era presidente de la Generalitat de Cataluña. No era un perseguido clandestino. No estaba escondido en una montaña organizando una guerrilla. Presidía una institución del Estado republicano y ejercía las competencias que le proporcionaba el Estatuto de Autonomía.
Y desde el balcón de aquella institución proclamó unilateralmente el «Estado Catalán de la República Federal Española».
No lo digo yo.
Así lo recoge incluso la historia institucional de la propia Generalitat. La proclamación se produjo el 6 de octubre y la insurrección fue sofocada ese mismo día.
Conviene detenerse en ello porque la memoria política posee una extraordinaria capacidad para convertir los hechos en leyendas.
Companys se enfrentó al orden constitucional de aquella República que hoy algunos presentan como un paraíso democrático destruido exclusivamente desde fuera. El episodio catalán formaba parte de la enorme crisis de octubre de 1934 que ya comentábamos al recordar la insurrección revolucionaria socialista y los acontecimientos de Asturias.
Asturias y Cataluña.
Dos escenarios diferentes de una misma crisis de Estado.
Y en Cataluña ocurrió algo particularmente significativo: quien encabezaba la Generalitat utilizó su condición institucional para desafiar al propio Estado del que esa Generalitat formaba parte.
El Estado reaccionó.
Companys y sus consejeros fueron detenidos y procesados. El Tribunal de Garantías Constitucionales los condenó el 6 de junio de 1935 a treinta años de reclusión por rebelión militar.
Hasta aquí, podría parecer que la República había aprendido la lección.
Pues no.
Llegaron las elecciones de febrero de 1936, venció el Frente Popular tras un pucherazo del que ya no hay duda y comenzó una historia que a los españoles del siglo XXI nos resulta inquietantemente familiar.
La amnistía.
El 21 de febrero de 1936 se aprobó la amnistía para los condenados y encausados por delitos políticos y sociales. Companys salió de prisión.
Pero aquello no terminó simplemente con su excarcelación.
Llegó algo todavía más sorprendente.
Fue restituido en el poder.
El Gobierno aprobó pocos días después el mecanismo que permitió recuperar las instituciones catalanas y Companys y sus consejeros terminaron siendo restablecidos en los cargos que ocupaban antes del 6 de octubre.
El hombre que había participado en una rebelión contra el orden constitucional republicano volvía a presidir la Generalitat.
Como si el 6 de octubre no hubiera sucedido.
Como si aquella proclamación pudiera borrarse mediante un decreto.
Como si el problema no hubiera sido desafiar al Estado, sino haber perdido el desafío.
Los estudios del propio Centro de Estudios Políticos y Constitucionales describen precisamente ese proceso: condena, amnistía y restitución de Companys y sus consejeros en los cargos que ocupaban antes de la rebelión.
Y aquí aparece una de esas constantes españolas que deberían preocuparnos.
La extraordinaria debilidad del Estado cuando tiene delante al separatismo.
No porque el separatismo sea una opinión prohibida.
No lo es. Y eso es ciertamente una anomalía, que no se da en eso que los horteras llaman los países de nuestro entorno. No es normal que se permitan organizaciones que odian a la nación o la ponen en duda.
Una democracia fuerte no puede permitir elementos, partidos o asociaciones que debiliten al estado y nieguen o pongan en peligro la unidad del país.
Y el problema comienza cuando alguien decide que la legalidad sólo merece respeto hasta el instante en que impide alcanzar su objetivo.
Entonces las cosas cambian.
Y cambiaron también en 2017.
Ochenta y tres años después de Companys, Cataluña volvió a vivir un desafío institucional contra el orden constitucional.
Naturalmente, 1934 y 2017 no fueron acontecimientos idénticos. No hubo en 2017 una insurrección armada comparable a la de 1934 y sería históricamente incorrecto fingir que ambos episodios fueron iguales.
Pero existe una semejanza institucional que merece reflexión.
En 2017, quienes impulsaban la independencia volvieron a utilizar las instituciones autonómicas para tratar de situarse fuera del marco constitucional.
El Tribunal Constitucional dejó establecido que lo celebrado el 1 de octubre no podía considerarse un referéndum conforme al ordenamiento jurídico: había sido convocado por un órgano incompetente, vulneraba resoluciones judiciales y perseguía un objeto inconstitucional. Posteriormente se produjo la declaración parlamentaria del 27 de octubre, a la que respondió el Estado mediante la aplicación del artículo 155, el cese del Govern, la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones.
Otra vez el Estado había sido desafiado desde dentro de sus propias instituciones.
Y otra vez llegó, años después, la palabra mágica.
Amnistía.
La historia nunca se repite exactamente.
Pero algunas melodías resultan demasiado conocidas.
1934.
Desafío.
Condena.
1936.
Amnistía.
Restitución.
2017.
Desafío institucional.
Condenas.
Indultos primero.
Amnistía después.
Y en medio de todo ello permanece una cuestión que España parece incapaz de resolver definitivamente: ¿cuántas oportunidades debe conceder una nación a quienes anuncian que volverán a intentar sus objetivos poniendo en peligro la propia existencia del país?
Aquí aparece además otro debate incómodo.
Los partidos.
Esquerra Republicana no desapareció como consecuencia del 6 de octubre de 1934.
Y en la España actual tampoco se ilegalizó a las formaciones separatistas que protagonizaron políticamente el proceso de 2017.
Conviene ser rigurosos: la Ley Orgánica de Partidos Políticos no permite ilegalizar una organización simplemente porque defienda la independencia. Esa es otra anomalía que hace tremendamente débil a una nación. Incluso la propia ley diferencia entre defender cambios profundos del marco institucional mediante procedimientos democráticos y desarrollar determinadas conductas graves y reiteradas contra el sistema de libertades que pueden activar un procedimiento judicial de ilegalización.
El debate sería:
¿Debe modificarse nuestro ordenamiento para responder de manera diferente cuando una organización utiliza sistemáticamente las instituciones del Estado para intentar quebrar unilateralmente el propio orden constitucional? Pero además, por encima de cualquier Constitución está la propia España y su unidad.
Un Estado que no sabe defenderse termina enseñando a sus adversarios dónde están sus debilidades.
El separatismo catalán lleva más de un siglo demostrando una extraordinaria capacidad para aprovechar cada oportunidad política que encuentra.
Cuando el Estado es fuerte, retrocede.
Cuando percibe debilidad, avanza.
Cuando obtiene una competencia, reclama la siguiente.
Cuando consigue una concesión, la convierte en punto de partida para exigir otra.
Y cuando sus dirigentes sufren consecuencias jurídicas por vulnerar las leyes, comienza inmediatamente la campaña para presentar esas consecuencias como persecución política.
Ésa es la trampa.
Convertir al infractor en víctima.
Convertir al Estado en verdugo.
Convertir la aplicación de la ley en represión.
Y convertir después el perdón en una obligación moral.
Companys terminó siendo convertido en un símbolo. Él es el culpable de las matanzas que se produjeron. Bajo su presidencia serían asesinados más de 10.000 catalanes. Al finalizar la guerra,
Companys fue capturado en Francia, por exigencia de la burguesía catalana que tanto había sufrido sus excesos, entregado a España, sometido a un consejo de guerra y fusilado en 1940 por los crímenes cometidos.
Una cosa no borra la otra.
Que su ejecución en 1940 merezca una valoración propia no convierte automáticamente en democrático todo lo que Companys hizo anteriormente.
El Companys fusilado no puede borrar al Companys del 6 de octubre de 1934, ni el de las matanzas que él consintió y ordenó.
Ése es precisamente uno de los grandes problemas de nuestra memoria histórica: creemos que una persona tiene que ser completamente héroe o completamente villano.
La historia no funciona así.
Companys fue víctima de sus actos.
Y Companys había protagonizado seis años antes una rebelión contra la legalidad de la Segunda República.
Ambas afirmaciones pueden ser ciertas simultáneamente.
Pero parece que España necesita santos políticos.
Y cuando fabrica uno, elimina de su biografía todo aquello que molesta.
Por eso recordar el 6 de octubre resulta tan necesario. Y recordar las matanzas de Montjuic permitidas por Companys también.
No para ajustar cuentas con un muerto.
Sino para preguntarnos si hemos aprendido algo.
Porque el verdadero problema no es Companys.
El verdadero problema es un Estado que periódicamente parece avergonzarse de ejercer como Estado.
Un país democrático debe permitir que se discuta prácticamente todo.
También su organización territorial.
También la Constitución.
También la monarquía.
También las autonomías.
Pero nunca de la propia unidad y existencia del país. Eso jamás.
Pero existe además una diferencia gigantesca entre proponer cambiar las reglas y decidir unilateralmente que las reglas dejan de aplicarse cuando impiden conseguir aquello que uno desea.
Sin esa diferencia no existe democracia.
Existe simplemente la ley del más audaz.
Companys cruzó aquella frontera en 1934. Y también en 1936.
El separatismo volvió a desafiar gravemente al estado en 2017, aunque mediante circunstancias y procedimientos diferentes.
Y España volvió después a debatir sobre perdón, indultos y amnistía.
Quizá por eso el 6 de octubre no pertenece solamente a los libros de historia.
Es una advertencia.
El separatismo no necesita necesariamente derrotar al Estado de una sola vez.
Le basta con comprobar que cada desafío termina convirtiéndose, tarde o temprano, en una nueva negociación.
Y mientras España continúe confundiendo generosidad con debilidad, reconciliación con impunidad y diálogo con la renuncia a establecer límites claros, seguiremos regresando una y otra vez al mismo punto.
1934 debería habernos enseñado algo.
2017 nos recordó que quizá no habíamos aprendido suficiente.
Y ésa es la verdadera tragedia: no que la historia se repita exactamente, sino que España siga tropezando con preguntas que lleva casi un siglo sin saber responder.
