Porque conviene comenzar llamando a las cosas por su nombre. Lo ocurrido en Ceuta no ha sido un simple episodio anecdótico de inmigración irregular. El 30 de julio se produjo una entrada masiva de dimensiones extraordinarias. El propio Ministerio del Interior terminó manejando una cifra de unas 72.000 personas, de las cuales aseguraba pocos días después que unas 70.000 habían regresado a Marruecos. Otra nueva mentira del gobierno corrupto del PSOE.
Y aquello tampoco surgió de la nada. Durante la primera quincena de junio Ceuta ya había registrado 212 entradas irregulares por vía terrestre, prácticamente la totalidad de las contabilizadas en las fronteras terrestres españolas durante aquel periodo. Me refiero también a los que entraban por el espigón con una facilidad pasmosa que sorprendía incluso a los propios invasores.
Es decir: había avisos. Había presión. Había antecedentes.
Y después llegó la avalancha.
Podemos discutir si jurídicamente debemos llamarlo crisis migratoria, entrada masiva, presión fronteriza o cualquier otra expresión que satisfaga a los especialistas en eufemismos. Políticamente, cuando decenas de miles de personas atraviesan en horas una frontera española, yo lo considero una invasión de hecho de nuestro territorio, aunque evidentemente no estemos hablando de una invasión militar convencional. No lo necesitan.
Y ante algo semejante, lo normal en cualquier nación sería cerrar filas.
En España, no.
En España inmediatamente aparecen quienes parecen preocuparse antes por los derechos de quien atraviesa ilegalmente la frontera que por el derecho de los españoles a que esa frontera exista.
Ahí reside el problema.
Siempre buscando una disculpa
Resulta especialmente revelador que después de semejante episodio buena parte del debate haya girado alrededor de las devoluciones.
Amnistía Internacional, por ejemplo, ha solicitado explicaciones al Gobierno por las que considera posibles devoluciones «forzosas e ilegales».
Naturalmente, España es un Estado de derecho, aunque muchas de sus leyes deberían ser derogadas, pues van directamente en contra de los intereses de España y los españoles. Sus autoridades se ven obligados a cumplir la ley. También cuando se produce una emergencia fronteriza. El enemigo también está dentro en forma de leyes y sentencias que nos perjudican.
Pero una cosa es exigir garantías legales y otra muy diferente convertir al que entra irregularmente en protagonista absoluto del relato mientras el español que vive en Ceuta desaparece de la fotografía.
¿Quién habla del derecho de los ceutíes a vivir tranquilos?
¿Quién habla del miedo de una población que contempla cómo su frontera puede convertirse en cuestión de horas en papel mojado?
¿Quién se acuerda del guardia civil, del policía nacional, del militar o del funcionario que tiene que enfrentarse a una situación que jamás debería haberse producido?
¿Quién defiende el derecho de España a controlar quién entra y quién sale de España?
Ahí determinados sectores de nuestra izquierda comienzan a tartamudear.
Hay quien piensa que sería injusto meter a toda la izquierda en el mismo saco. El propio coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha llegado a calificar de fracaso la política de apaciguamiento hacia Marruecos y ha acusado a Rabat de no comportarse lealmente, pero a la hora de la verdad, todos sostienen a este corrupto gobierno del PSOE.
Bienvenido sea.
Porque defender a España no debería ser de derechas ni de izquierdas.
Debería ser simplemente español.
El extraño complejo español
Existe, sin embargo, una izquierda para la que la bandera nacional produce incomodidad mientras cualquier bandera extranjera parece despertar simpatía.
Una izquierda que sospecha de España por principio.
Que cuando existe un conflicto entre el interés nacional español y cualquier causa exterior comienza buscando argumentos para explicar por qué probablemente la culpa sea nuestra.
Es fascinante.
Si España protege su frontera, somos insolidarios.
Si devolvemos a quienes han entrado irregularmente, somos inhumanos.
Si reclamamos respeto a nuestra soberanía, somos nacionalistas.
Si recordamos que Ceuta y Melilla son España, parece que estemos provocando. Si reclamamos la soberanía de Gibraltar es un acto de injerencia en las relaciones internacionales.
Y mientras tanto Marruecos juega sus cartas.
Como haría cualquier Estado que defiende sus intereses.
El problema, por tanto, no es que Marruecos defienda los intereses de Marruecos.
El escándalo es que haya españoles que parezcan sentir vergüenza cuando España intenta defender los suyos.
Eso es lo verdaderamente incomprensible.
Marruecos tiene su política exterior, su estrategia regional, sus reivindicaciones y sus ambiciones. España debería tener exactamente lo mismo: una política exterior diseñada exclusivamente desde el interés nacional español.
Ni más ni menos.
Ceuta no necesita solidaridad: necesita soberanía
Hay algo profundamente equivocado cuando hablamos de «solidaridad con Ceuta».
Ceuta no es un país amigo.
Ceuta no es una colonia.
Ceuta no es un territorio extranjero al que España tenga que prestar ayuda humanitaria.
Ceuta es España.
Por tanto, cuando se vulnera la frontera de Ceuta se vulnera una frontera española.
Cuando un ceutí siente miedo, es un español quien siente miedo.
Y cuando alguien cuestiona su españolidad, está cuestionando nuestra soberanía nacional.
Parece elemental.
Pues en la España de 2026 hay que explicarlo.
Quizá ese sea nuestro drama.
Hemos llegado a tal grado de confusión moral que defender la frontera puede parecer sospechoso mientras vulnerarla encuentra inmediatamente un ejército de explicaciones sociológicas.
Yo me niego a aceptarlo.
La solidaridad comienza por quienes cumplen las leyes. La justicia comienza protegiendo al ciudadano que paga sus impuestos y respeta las normas. Y la soberanía empieza por algo tan elemental como decidir quién puede atravesar las fronteras de una nación.
Después podremos hablar de cooperación, ayuda al desarrollo, acuerdos internacionales, asilo, protección de menores y todas las obligaciones jurídicas y humanitarias que correspondan.
Pero primero tiene que existir España.
La maldición española
Decía al comienzo que existe una vieja maldición nacional.
España ha sufrido históricamente una extraordinaria dificultad para generar consensos alrededor de su propia existencia.
Otros pueblos pueden enfrentarse ferozmente sobre impuestos, economía, religión o política social y, llegado el momento de defender sus fronteras, saben dónde termina la discusión.
Aquí no.
Aquí incluso la nación se discute.
La bandera se discute.
La historia se discute.
La soberanía se discute.
La unidad territorial se discute.
Y ahora hasta el derecho a controlar nuestras fronteras parece susceptible de debate.
Hay una izquierda, si no toda, que lleva décadas construyendo buena parte de su identidad política contra la propia idea de España. Una izquierda que ha confundido internacionalismo con desprecio por lo nacional y solidaridad con renuncia.
Y así hemos llegado hasta aquí.
No digo que quien discrepe de mi política migratoria sea enemigo de España. Sería absurdo. En democracia podemos discutir sobre procedimientos, leyes, asilo o integración.
Lo que denuncio es algo diferente: la tendencia sistemática de determinados sectores políticos y mediáticos a contemplar cualquier conflicto desde la perspectiva menos favorable al interés nacional español.
Eso sí resulta preocupante.
Porque ningún país puede sobrevivir eternamente si una parte de sus élites culturales y políticas considera moralmente sospechoso defenderlo.
Marruecos ha aprendido
Y mientras nosotros discutimos, Marruecos observa.
Aprende.
Presiona cuando considera que debe presionar y cierra la frontera cuando le interesa cerrarla. El pasado 15 de agosto las autoridades marroquíes desplegaron un importante dispositivo para impedir nuevos intentos masivos de entrada hacia Ceuta.
Curioso.
Cuando Marruecos quiere controlar su frontera, puede hacerlo.
Conviene recordarlo.
España necesita mantener buenas relaciones con Marruecos. Evidentemente. Sería lo deseable. Somos vecinos y estamos condenados a entendernos.
Pero entenderse no significa arrodillarse.
Cooperar no significa ceder.
Y ser vecinos no significa renunciar a nuestros intereses.
La amistad entre Estados solamente funciona cuando existe respeto. Y el respeto comienza cuando el otro sabe que existen líneas que jamás permitiremos cruzar.
Literal y metafóricamente.
España no puede pedir perdón por existir
Por eso creo que ha llegado el momento de desenmascarar determinados discursos.
Defender España no es xenofobia.
Defender nuestras fronteras no es racismo.
Defender Ceuta y Melilla no es colonialismo.
Exigir el cumplimiento de la ley no es fascismo.
Y pedir que quien entra irregularmente sea devuelto conforme a la legislación tampoco debería convertir a nadie en un monstruo.
De hecho, el propio ministro de Exteriores, el botones José Manuel Albares, ha afirmado públicamente que quienes entren irregularmente serán devueltos y que Marruecos está dispuesto a colaborar en ello. De nuevo un discurso grandilocuente que nunca cumplen.
Hasta la Comisión Europea ha respaldado la posibilidad jurídica del retorno de menores no acompañados a Marruecos, aunque en España existen garantías adicionales y procedimientos específicos de protección del menor que deben respetarse, cuando todo sabemos que el menor donde debe estar es o bien con su familia, o bien bajo la tutela de su estado, no de España.
Por eso resulta todavía más grotesco presentar cualquier devolución como una barbaridad moral.
España tiene derecho a existir.
España tiene derecho a defenderse.
España tiene derecho a proteger sus fronteras.
Y España tiene derecho a exigir a sus gobernantes que antepongan los intereses de los españoles a cualquier otro interés.
No debería ser revolucionario escribir algo semejante.
Pero en esta España nuestra casi empieza a parecerlo.
Porque nuestro verdadero problema quizá no esté al otro lado de la frontera.
El problema está en quienes, desde este lado, llevan demasiado tiempo enseñándonos que sentirnos españoles es sospechoso, defender nuestra historia es reaccionario y proteger nuestro territorio resulta moralmente cuestionable.
Yo sostengo exactamente lo contrario.
Una nación que pide perdón permanentemente por existir termina dejando de existir.
Y una izquierda que quiera gobernar España debería comenzar por algo extraordinariamente sencillo:
querer a España.
Mientras algunos sigan considerando que España es el enemigo, los españoles tenemos no solamente el derecho, sino la obligación, de señalarlo.
Porque Ceuta no se discute.
Melilla no se discute.
Nuestra soberanía no se negocia.
Y nuestra frontera no puede convertirse en una puerta que otros decidan cuándo abrir y cuándo cerrar.
España debe volver a comportarse como una nación que se respeta a sí misma.
Y quizá entonces consigamos romper, de una vez por todas, esa vieja maldición española.