Álvaro Uribe: la justicia, por fin, vence a la persecución política

Durante más de una década, Colombia asistió a uno de los procesos judiciales más escandalosos, injustos y abiertamente politizados de toda su historia democrática. El expresidente Álvaro Uribe Vélez —el hombre que pacificó Colombia, que derrotó a las FARC, que devolvió la seguridad, la inversión y el orgullo nacional— fue sometido a un auténtico calvario judicial por el simple hecho de haber frenado el avance del narcoterrorismo y del comunismo en su país.

Por fin, este 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ha puesto las cosas en su sitio: Uribe ha sido absuelto. Y con ello, se confirma lo que millones de colombianos —y muchos españoles también— sabíamos desde el primer día: no había delito, solo persecución política.

Un proceso político disfrazado de justicia

Todo comenzó en 2012, cuando Uribe, en uso de su derecho, denunció al congresista de izquierdas Iván Cepeda por manipular testigos para vincularlo con el paramilitarismo. Cepeda, protegido por un entorno judicial cada vez más ideologizado, presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe y a su hermano Santiago de haber participado en la creación del “Bloque Metro” de las AUC.

Aquella denuncia se volvió en su contra en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados de izquierda, decidió archivar la causa contra Cepeda y abrir una investigación contra Uribe, en un movimiento que fue cualquier cosa menos jurídico. La izquierda judicial, siempre presta a criminalizar a quien derrota al terrorismo, había encontrado su presa.

Ese mismo año apareció en escena el abogado Diego Cadena, acusado de ofrecer beneficios judiciales a un testigo en prisión. Fue la excusa perfecta: construir un relato de “soborno y fraude procesal” que no resistía el más mínimo análisis probatorio, pero que servía para un objetivo político: ensuciar el legado del presidente más exitoso de Colombia.

De la cárcel domiciliaria al linchamiento mediático

En 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, una decisión tan escandalosa como política. Las elecciones se aproximaban y el objetivo era neutralizar la voz de quien representaba el antídoto frente al socialismo. Aquella medida lo llevó a renunciar al Senado, lo que implicaba renunciar a su fuero y hacer que el caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía General, tal y como prevé la ley colombiana.

Pero el daño estaba hecho: durante meses, los medios de izquierda lo presentaron como culpable, sin pruebas y sin sentencia, en un linchamiento público digno de los peores regímenes bolivarianos.

Interceptaciones ilegales y pruebas contaminadas

El proceso judicial contra Uribe fue una cadena de irregularidades. Interceptaciones telefónicas ilícitas, más de 10.000 horas grabadas bajo la excusa de investigar otro número telefónico, cuando en realidad se trataba del celular del propio expresidente. De esas miles de horas, solo se usaron dos fragmentos de quince segundos como supuesta “prueba” incriminatoria.

La jueza Sandra Heredia, abiertamente sindicalista y con simpatías hacia el petrismo, aceptó esas pruebas ilícitas, violando el principio constitucional del debido proceso. En julio de 2025, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, en un fallo plagado de prejuicios, inconsistencias y falsedades.

El fallo absolutorio: la verdad emerge

El Tribunal Superior de Bogotá ha puesto fin a esta ignominia. El fallo es claro y contundente:

1. Revocatoria total de la condena. Se anuló la sentencia por vulnerar los derechos fundamentales del acusado.

2. Falta total de pruebas. No se demostró que Uribe ordenara sobornar testigos ni participara en maniobras procesales ilegales.

3. Testimonios inconsistentes. Los supuestos testigos clave incurrieron en contradicciones groseras, restándoles toda credibilidad.

4. Interceptaciones ilegales. El Tribunal declaró ilícitas las escuchas al teléfono de Uribe, obtenidas mediante engaño judicial.

5. Sesgos e irregularidades. La jueza de primera instancia actuó con prejuicio político y evidente parcialidad.

Con esta resolución, se restituye parcialmente el honor de un hombre inocente, aunque el daño moral y político causado es irreparable. La persecución no fue solo contra Uribe, sino contra la Colombia que representaba: la de la seguridad, el trabajo, la inversión, la familia y el patriotismo.

La sombra de la Corte Suprema

El caso, sin embargo, no ha terminado. La Corte Suprema de Justicia —la misma que dio origen a este calvario— tiene la última palabra en casación. Una Corte abiertamente izquierdista y antiuribista, que en los últimos años ha actuado más como brazo jurídico del Gobierno de Gustavo Petro que como garante de la Constitución.

No sería extraño que intenten revertir el fallo absolutorio o dilatarlo para seguir manchando la figura de quien más ha hecho por Colombia en el siglo XXI. Porque lo que está en juego no es un expediente judicial, sino el relato histórico: si se impone el uribismo o el neocomunismo.

Uribe, símbolo de una Colombia libre

Álvaro Uribe no fue un político perfecto, pero fue un estadista auténtico. Bajo su mandato (2002–2010), Colombia pasó de ser un Estado fallido, controlado por el narcoterrorismo, a convertirse en una nación en crecimiento, respetada en el mundo y con niveles de seguridad inéditos.

Su política de Seguridad Democrática rescató la autoridad del Estado, devolvió la confianza al ciudadano y permitió que millones de campesinos regresaran a sus tierras. Por eso lo odian los que viven del caos. Por eso lo persiguieron: porque no se arrodilló ante las FARC ni ante el Foro de São Paulo.

Una lección para España y para Occidente

Lo que ha sucedido con Uribe no es un caso aislado: es parte de un patrón que se repite en toda Iberoamérica. La izquierda usa el poder judicial para destruir a sus adversarios políticos, mientras se blinda a sí misma con leyes de impunidad y medios subvencionados.

Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Argentina con Milei, y lo sufrimos en España con VOX y con quienes defienden la unidad nacional. Quieren destruir a los patriotas porque son el último muro frente al globalismo y al socialismo internacional.

Uribe es hoy más que un hombre absuelto: es un símbolo de resistencia y dignidad. Ha demostrado que la verdad, aunque tarde, termina imponiéndose sobre la mentira y la manipulación. Y su victoria judicial es también una advertencia: la justicia no puede ser un arma política al servicio de los enemigos de la libertad.

Hoy Colombia respira un poco más libre. Álvaro Uribe ha sido absuelto.

La historia, tarde o temprano, pone a cada uno en su lugar.

A los patriotas, en el pedestal de la honra.

A los miserables, en el basurero del tiempo.