20 de octubre de 2011: el día que se blanqueó a ETA y se traicionó a las víctimas

El 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anunció su “cese definitivo de la actividad armada”. Los medios del sistema, los partidos del consenso y el propio Gobierno socialista presentaron aquel día como una victoria de la democracia. Pero la realidad fue otra, mucho más amarga y más indecente: ETA no fue derrotada, fue integrada. Y quienes la integraron, quienes blanquearon su historia y negociaron con sus verdugos, tienen nombres y apellidos: José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y su ministro del Interior, Antonio Camacho —sí, el mismo que hoy es abogado de Begoña Gómez—.

Lo que ocurrió aquel 20 de octubre no fue una victoria moral del Estado, sino la culminación de años de cesiones políticas, morales y judiciales. ETA no entregó las armas, las guardó. No pidió perdón, fue premiada. No fue juzgada, fue legitimada. Y lo más grave: lo hizo con la complicidad de un Gobierno socialista que, en lugar de aplicar la ley y el Estado de Derecho, prefirió negociar con los asesinos.

Las actas de las conversaciones entre el Gobierno de Zapatero y la banda terrorista, desclasificadas años después, son una prueba vergonzosa de esa traición. En ellas se detalla cómo los enviados del Ejecutivo socialista, con el consentimiento de Zapatero, pactaron con ETA la reducción de la presión policial, el fin de las detenciones y la legalización de sus brazos políticos. Incluso se llegó a acordar que ciertos comandos no fueran perseguidos para “no entorpecer el proceso de paz”. Una frase cínica que resume la miseria moral de aquella época: no detener asesinos para que el PSOE pudiera vender un éxito político.

Zapatero siempre quiso ser el presidente de la “paz”, aunque para ello tuviera que pisotear la memoria de los muertos. Pero la paz no se negocia con pistoleros. La paz se impone desde la justicia. Lo que el PSOE hizo fue reemplazar la justicia por la propaganda. Rubalcaba, el eterno operador de la trastienda, fue el arquitecto silencioso de esa rendición. Antonio Camacho, su ministro del Interior —el mismo que hoy asesora judicialmente a la esposa de Sánchez—, fue el ejecutor político de esas órdenes infames. Y todos ellos, con Zapatero al frente, se mancharon las manos de indignidad y de cobardía.

Aquel 20 de octubre fue el inicio de la fase más repugnante de la historia reciente de España: el blanqueamiento del terrorismo. Los mismos que habían asesinado a niños, guardias civiles, empresarios, militares y jueces, pasaron a ser interlocutores válidos. El PSOE permitió que Bildu, la marca política de ETA, se presentara a las elecciones, y la justicia, sometida al poder político, miró hacia otro lado. Hoy, esa misma Bildu gobierna ayuntamientos, controla instituciones y marca la agenda de Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados.

Si algo caracteriza a la izquierda española es su extraña comprensión hacia la violencia de los suyos. Son indulgentes con ETA, justifican los crímenes del FRAP y del GRAPO, miran hacia otro lado ante los asesinatos del Frente Popular. Y es que, en el fondo, ETA hizo lo que muchos en la izquierda soñaron con hacer: matar por la revolución, destruir España y humillar a los símbolos de la nación. Lo que no pudieron lograr en el Parlamento, lo intentaron con la pistola. Por eso los tratan con comprensión: porque fueron su vanguardia criminal.

Y conviene recordarlo con claridad: el PSOE ha matado más que ETA. Durante la Guerra Civil, el socialismo español fue responsable directo de decenas de miles de asesinatos, de ejecuciones sumarias, de sacas y de paseíllos. No hay organización en la historia moderna de España que haya derramado más sangre inocente que el PSOE y sus milicias afines. Por eso, cuando los socialistas hablan de “paz”, lo hacen con la boca llena de mentiras. Ellos no trajeron la paz, trajeron el olvido, la impunidad y la desmemoria.

Mientras las víctimas de Hipercor, de la casa-cuartel de Zaragoza, de la cafetería California 47 o la cafetería Rolando o de tantos atentados permanecen olvidadas, los asesinos reciben homenajes públicos en los pueblos vascos con la complicidad del Gobierno. Y lo peor es que ahora, más de una década después, esos mismos que aplaudieron a los verdugos son socios del PSOE en el Congreso. Bildu —la herencia política de ETA— sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa. Es la consecuencia lógica de aquella rendición moral que empezó con Zapatero.

El 20 de octubre de 2011 no fue el fin de ETA: fue el principio de su victoria política. Una victoria que hoy vemos cada día en los pasillos del Congreso, donde los herederos de los asesinos imponen leyes, deciden presupuestos y se permiten dar lecciones de democracia.

España no derrotó al terrorismo: lo integró en el sistema. Y esa vergüenza moral llevará el nombre de un presidente que se arrodilló ante los criminales y manchó para siempre la memoria de las víctimas: José Luis Rodríguez Zapatero.

Javier García Isac