La jueza de la dana no para. Y hace bien. El juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, bajo la dirección de Nuria Ruiz Tobarra, ha citado de nuevo como testigo al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Será el próximo 4 de mayo. Será también la quinta vez que este técnico tenga que sentarse a explicar lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024. Cinco veces. Porque hay demasiadas preguntas sin respuesta. Y demasiados muertos que merecen una.

Suárez no es un nombre cualquiera en esta causa. Era el enlace entre el Cecopi y los técnicos de Emergencias. El hombre que operaba justo por debajo de los cargos políticos. El que sabía lo que pasaba en la sala técnica y lo que se decidía —o no se decidía— en la reunión de máximos responsables. Por eso la jueza lo ha llamado una y otra vez. Porque cada vez que habla, aparece algo nuevo.
Y lo que ha ido contando es demoledor. Suárez confirmó que en el Cecopi nadie habló del barranco del Poyo. Explicó cómo fue el proceso que retrasó el envío del ES-Alert hasta las 20.11 horas: su propuesta inicial, el debate con el jefe de Bomberos José Miguel Basset, las dudas jurídicas lanzadas por la entonces consellera de Interior Salomé Pradas —hoy investigada— y los cambios en el borrador de la alerta ordenados por la propia Pradas y por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Dos políticos tocando el texto de una alerta de emergencia mientras el Poyo se desbordaba.







