La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Europol y la Policía francesa, han desarticulado una red criminal dedicada a introducir inmigrantes extracomunitarios de forma ilegal en España a través de las costas de Murcia, Almería y Alicante. La operación, bautizada como 'Barón-Galón', se ha saldado con siete detenidos: seis en Alicante y uno en Marsella.
Los investigados, hombres de nacionalidad argelina y libia de entre 25 y 40 años, utilizaban el método conocido como 'pateras taxi': embarcaciones semirrígidas de gran potencia con las que transportaban a los migrantes hasta las costas españolas. Muchas de estas lanchas eran de procedencia ilícita, sustraídas en España o Francia, o alquiladas con documentación falsa.
La investigación arrancó a mediados de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional y el Instituto Armado siguieron la pista de varios ciudadanos argelinos asentados en la provincia de Alicante que facilitaban la logística y el personal para introducir a compatriotas ilegalmente por las costas alicantinas, murcianas y almerienses. La red controlaba el suministro de combustible, el alojamiento de los patrones de las lanchas, los puntos de desembarco y la elección de lugares considerados seguros para operar. Además, mantenía conexiones con Francia para la adquisición de embarcaciones y vehículos. Ello obligó a coordinar la operación con Europol para el intercambio de información entre cuerpos policiales europeos.
En los registros domiciliarios practicados en Alicante y Santa Pola se incautaron documentación, dinero y varios dispositivos móviles relacionados con el entramado delictivo.
La eficacia de esta operación no puede ocultar el fracaso estructural del Gobierno de Sánchez en materia de inmigración irregular. Mientras las fuerzas de seguridad dedican recursos a desmantelar red tras red, el Ejecutivo de Sánchez sigue sin abordar con seriedad el control de fronteras ni el descontrol en la llegada masiva de pateras. Las costas mediterráneas acumulan presión migratoria récord, los municipios costeros valencianos y murcianos soportan una situación insostenible y el Gobierno central mira hacia otro lado, más ocupado en blindar sus pactos políticos y gestionar sus propios escándalos de corrupción que en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
