Más de medio millón de cazadores españoles han anunciado una respuesta firme y coordinada frente a la iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia que pretende impedir que los menores de edad asistan o participen en jornadas de caza. El sector cinegético considera que la reforma legal proyectada supone un ataque directo a la actividad y pone en serio riesgo su continuidad al dificultar el relevo generacional.
La propuesta, impulsada por el departamento que dirige la ministra Sira Rego, se articularía a través de una ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Según el planteamiento del ministerio, la presencia de menores en actividades cinegéticas podría exponerlos a riesgos físicos, psicológicos y emocionales. Sin embargo, desde el sector denuncian que no se han presentado estudios científicos ni datos objetivos que respalden dichas afirmaciones.
Ante este escenario, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado que movilizará todos sus recursos para frenar lo que califica como un ataque frontal a la libertad de los cazadores y a una actividad esencial para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio del medio rural. La federación ha solicitado formalmente información detallada sobre el proyecto y ha iniciado una ronda de contactos políticos a nivel autonómico, estatal y europeo.
Desde la RFEC recuerdan que la caza cuenta con un profundo arraigo social y cultural en amplias zonas de la España rural, donde generaciones enteras han crecido en contacto con esta práctica sin que ello haya supuesto perjuicios para su desarrollo físico o psicológico. Además, subrayan el papel clave de la actividad cinegética en la gestión sostenible de especies, la prevención de daños agrícolas y la fijación de población en el medio rural.
El presidente de la RFEC, Josep Escandell, ha advertido de que la iniciativa podría provocar una confrontación sin precedentes entre el Gobierno y el sector cinegético, similar a la vivida durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal. Aquel proceso desembocó el 20 de marzo de 2022 en una multitudinaria manifestación en Madrid, conocida como la “marea naranja”, que reunió a más de 800.000 personas procedentes de toda España.
Escandell ha apelado al “sentido de la responsabilidad del Ejecutivo y del principal partido del Gobierno” y ha recordado el compromiso adquirido por una amplia mayoría parlamentaria en el marco de la estrategia nacional cinegética para garantizar la continuidad de la actividad. “No será posible mantener la caza sin relevo generacional”, ha señalado, antes de afirmar que el sector no permitirá que se vulnere el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus valores.
La movilización del colectivo cinegético abre un nuevo frente de tensión política y social en torno a una actividad que, más allá del debate ideológico, sigue siendo un pilar económico, ambiental y cultural en amplias zonas del territorio español.
