El Gobierno de Sánchez colapsa los centros de menores valencianos con un reparto opaco y sin recursos
porEDATV
actualidad
La Plataforma de Profesionales del Sector Social denuncia macrocentros hacinados, contratos millonarios de emergencia y un sistema que falla por la nula planificación
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El Gobierno central sigue trasladando menores no acompañados a la Comunitat Valenciana sin dotarla de los medios necesarios para atenderlos dignamente. La Plataforma de Profesionales del Sector Social ha denunciado públicamente el caos que genera este modelo de reparto impuesto desde Madrid: centros desbordados, menores durmiendo en colchones en el suelo y contratos de emergencia que cuestan 855.000 euros cada tres meses sin que el sistema mejore.
El caso más llamativo es el Centro de Acogida Temporal de Emergencia de Muro d'Alcoi, instalado en un antiguo albergue juvenil ubicado en un polígono industrial alejado del núcleo urbano, con capacidad para 60 personas y ampliado ahora hasta 90 plazas. Un macrocentro que nació como solución provisional y que se perpetúa por la incapacidad del Ejecutivo de Sánchez para articular una política migratoria planificada y sostenible.
El panorama se repite en otros puntos de la Comunitat. El centro de recepción de Alborache tiene 84 plazas autorizadas pero acoge a 105 menores, con jóvenes durmiendo en el suelo por falta de espacio. El CATE la Mar, en la ciudad de València, tiene sus 72 plazas al límite. Y en Alicante, el centro de recepción está al triple de su capacidad: 24 plazas autorizadas, 50 menores acogidos.
De los 571 menores que el Gobierno central ha asignado a la Comunitat Valenciana, solo ha llegado el 24%, unos 140 jóvenes. La Conselleria advierte de que faltan todavía 450 por llegar, lo que anticipa un colapso aún mayor si Madrid no cambia el modelo.
Desde la Plataforma son contundentes: el problema no son los menores, sino un sistema saturado por la propia dinámica del flujo migratorio y la absoluta dejadez del Gobierno a la hora de planificarlo. Exigen centros que cumplan la Ley de Infancia, con un máximo de 30 plazas y estructurados como hogares, en lugar de macroinstalaciones de emergencia gestionadas mediante contratos opacos. "Con ese dinero se construyen varios centros", señalan, criticando que se destinen 855.000 euros cada tres meses a un único CATE mientras el sistema se desmorona.
La Conselleria de Servicios Sociales ha sido clara al señalar al Gobierno central como responsable directo de la saturación. El decreto de reparto, elaborado sin criterios transparentes ni dotación de recursos suficientes, traslada toda la presión a las comunidades autónomas. Además, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta han declarado nulas varias resoluciones de traslado por no ajustarse a los procedimientos legales, lo que evidencia que ni siquiera la tramitación burocrática se hace correctamente desde Madrid.
La Generalitat exige una política migratoria estatal coordinada, planificada y financiada. Lo que hay ahora es improvisación, factura millonaria y menores sin la atención que merecen.
