El operativo está diseñado para anticiparse al riesgo de incendios forestales y reforzar la capacidad de respuesta
La Generalitat mantiene activo este verano el dispositivo extraordinario de prevención y extinción de incendios forestales, que alcanza los 1.693 efectivos y cuenta con la participación coordinada de diferentes administraciones.
El operativo está diseñado para anticiparse al riesgo de incendios forestales y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias durante un periodo caracterizado por una elevada afluencia de personas a los entornos naturales.
Por provincias, el dispositivo cuenta con 724 efectivos en Valencia, 470 en Castellón y 434 en Alicante, a los que se suman otros 65 profesionales que desarrollan su labor en el conjunto de la Comunitat Valenciana.
El despliegue integra a bomberos forestales de la Generalitat, consorcios provinciales, bomberos municipales, agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública Vaersa. Entre sus funciones se encuentran las tareas de vigilancia, intervención rápida y coordinación técnica.
El dispositivo dispone además de 56 unidades terrestres de bomberos forestales, 45 autobombas y seis unidades helitransportadas operativas durante todo el año. A estos medios se suma una red de 42 observatorios forestales, diez de ellos con vigilancia las 24 horas, destinados a facilitar la detección temprana de posibles incendios.
La Generalitat también impulsa la modernización de esta red mediante la renovación de diez observatorios estratégicos. Las actuaciones contemplan mejoras en las infraestructuras, sistemas avanzados de comunicación, autosuficiencia energética y la incorporación de estaciones meteorológicas.
Para estos trabajos, la administración autonómica cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU.
El dispositivo contempla asimismo labores de vigilancia preventiva en las zonas recreativas y los espacios naturales de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reducir las conductas que puedan incrementar el riesgo de incendio y reforzar la protección de las áreas forestales.
