Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentados este viernes pintan un cuadro aparentemente optimista: la Comunitat Valenciana suma 3.840 nuevos afiliados extranjeros solo en febrero, hasta alcanzar los 380.938 cotizantes foráneos, un 13,24% más que en el mismo mes del año anterior. El Gobierno celebra las cifras. Pero detrás de los números hay preguntas que nadie en el Ejecutivo parece querer responder.
La primera es la del mercado laboral. Con más de 253.000 de esos trabajadores procedentes de países extracomunitarios, concentrados mayoritariamente en hostelería, agricultura, construcción y servicio doméstico, la presión sobre los sectores de menor cualificación es innegable. Estos son precisamente los empleos a los que aspiran muchos jóvenes valencianos sin titulación universitaria, y donde la competencia de mano de obra dispuesta a trabajar en condiciones más precarias termina por deprimir los salarios y dificultar la negociación colectiva. El dato de que el 88,7% tenga contrato indefinido suena bien sobre el papel, pero no dice nada sobre las condiciones reales de esos contratos ni sobre los salarios percibidos.
La segunda pregunta es la de la vivienda. La Comunitat Valenciana lleva meses en estado de emergencia habitacional. El precio del alquiler en Valencia, Alicante y Castellón no ha dejado de subir, expulsando a familias trabajadoras hacia las periferias. Incorporar decenas de miles de nuevos residentes cada año a un mercado que ya no da abasto no es una solución neutral: es combustible sobre un incendio que ya está fuera de control. Ningún informe ministerial recoge este impacto.
La tercera es la sostenibilidad de los servicios públicos. Sanitarios, educativos y sociales de la Comunitat llevan años denunciando la saturación de sus recursos. La incorporación masiva y acelerada de nuevos usuarios a estos sistemas, sin una inversión proporcional en infraestructuras y personal, genera tensiones reales que afectan a todos, tanto a los recién llegados como a quienes llevan décadas cotizando y esperando una atención digna.
Nada de esto significa que la inmigración no aporte valor. Lo aporta, y los datos lo confirman. Pero presentar el crecimiento de afiliados extranjeros como un éxito sin matices, ignorando deliberadamente sus efectos sobre el mercado laboral, la vivienda y los servicios públicos, no es información: es propaganda.
