La familia de Esperanza denuncia que la actual inquilina comenzó a retrasarse en los pagos durante 2024 y que desde febrero de 2025 dejó de abonar completamente el alquiler
Esperanza Muñoz tiene 78 años, está separada y no cobra una pensión. Después de dedicar buena parte de su vida al cuidado del hogar, su sustento depende de una vivienda que heredó de su madre y que durante años alquiló principalmente a estudiantes por 900 euros mensuales. Según relata su familia, llevaba una década sin subir el precio.
Ahora, ese ingreso ha desaparecido.
La familia de Esperanza denuncia que la actual inquilina comenzó a retrasarse en los pagos durante 2024 y que desde febrero de 2025 dejó de abonar completamente el alquiler. La deuda acumulada rondaría ya los 20.000 euros.
La paradoja es que Esperanza no solo ha dejado de ingresar el dinero del que dependía para vivir. Continúa pagando los gastos asociados a una casa que no puede recuperar: comunidad, seguro, impuestos y agua. Un desembolso que la familia cifra en aproximadamente 200 euros mensuales, al que se añaden los honorarios de abogado derivados del procedimiento judicial.
Según su entorno, la propietaria llegó incluso a ofrecer una compensación económica a la arrendataria para facilitar su marcha. La propuesta no prosperó y Esperanza decidió acudir a los tribunales para reclamar la vivienda y las cantidades pendientes.
El conflicto ha traspasado además la puerta del piso. La familia asegura que los vecinos, muchos de ellos personas mayores, denuncian ruidos, fiestas, daños en zonas comunes y un constante trasiego de desconocidos. La Policía Local, según este relato, habría tenido que intervenir en distintas ocasiones.
A ello se suma otro episodio que inquieta especialmente a los residentes: el suministro de gas fue cortado y precintado por impago y, según denuncia la familia, el precinto habría sido posteriormente manipulado.
Mientras el procedimiento sigue su curso, Esperanza afronta una situación especialmente delicada: tiene 78 años, ha perdido el que asegura que era su único ingreso y continúa pagando cada mes por una vivienda de la que no puede disponer.
