Una constructora habría cedido papeles de empleados en regla a trabajadores sin permiso en varias obras
La Policía Nacional ha detenido en València a los responsables de una empresa constructora: los dos propietarios y la mujer de uno de ellos. Los investiga como presuntos autores de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. Según la investigación, utilizaban datos de empleados con contrato legal para facilitárselos al menos a 83 trabajadores en situación irregular, que prestaban servicio en múltiples obras.
Una denuncia en la comisaría de Abastos
Las pesquisas comenzaron en agosto del pasado año, a cargo de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de València. El origen fue una denuncia en la Comisaría de Distrito de Abastos. Un ciudadano extranjero en situación irregular manifestó que había trabajado para una empresa de construcción sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Según su relato, cobraba 6,50 euros la hora y en negro, aunque la empresa conocía que no tenía permiso de trabajo.
Cómo funcionaba, según la Policía
La empresa se dedicaba a proporcionar mano de obra a otras compañías para ejecutar obras de construcción. Según las primeras gestiones, a los trabajadores afectados se les creaba un perfil falso para poder desempeñar su labor.
La investigación, complementada por el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de València, apunta a que la empresa contrataba a personas con autorización para trabajar en España y facilitaba su documentación a otras que carecían del permiso de residencia y trabajo. De este modo, las empresas contratistas recibían la documentación del trabajador que sí estaba dado de alta, y se producía, según la Policía, una «evidente suplantación de identidad».
Precariedad y miedo a denunciar
Según la Policía Nacional, los investigados se valían de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para explotarlas laboralmente. Estas trabajaban sin los derechos que sí tenía el resto de la plantilla. Los agentes lograron contactar con varios empleados, pero la mayoría mostró reticencias a denunciar por temor a perder su empleo y sufrir represalias.
El informe de la Inspección de Trabajo señala que esta operativa se repetía y afectaba a múltiples trabajadores y centros de trabajo, al menos desde enero de 2024. Habría afectado, como mínimo, a 83 personas.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.