José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra acaparando las portadas de los medios de comunicación. Tras su imputación en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, el expresidente socialista deberá hacer frente a su declaración el próximo 2 de junio.
Por ello, agentes de la Policía Nacional y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se dedicaron a realizar registros en varios puntos clave, como en el despacho de Zapatero y en la sede de la agencia de sus hijas, Whathefav.
La investigación describe una supuesta estructura organizada en varios niveles en la que, según la resolución judicial, José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía un papel de dirección y supervisión. El juez le atribuye decisiones relacionadas con la elección de clientes, la creación de sociedades en paraísos fiscales y el diseño de mecanismos para mantener su implicación al margen de las operaciones más delicadas.
En un escalón intermedio se situarían Julio Martínez Sola, vinculado a la presidencia de Plus Ultra, y Aarón Fajardo, señalado por el empresario Víctor de Aldama como “la pieza de ZP en Venezuela”. De acuerdo con el instructor, ambos habrían actuado como enlace directo con clientes y como figuras de confianza en la operativa.
Por debajo de ellos aparecen María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, y Cristóbal Cano, colaborador de Julio Martínez, a quienes se les atribuye la coordinación del trabajo diario y la gestión administrativa del entramado.
El análisis de los movimientos financieros ocupa un lugar central en el caso. Según el juez, Zapatero habría percibido cerca de 490.780 euros a través de la consultora Análisis Relevante, una empresa propiedad de Julio Martínez que habría recibido financiación principal de Plus Ultra.
