La Policía Nacional ha detectado que las redes dedicadas al tráfico de inmigrantes hacia España están evolucionando y utilizando métodos cada vez más sofisticados. Así lo confirma La Razón. Entre estas prácticas se encuentra la oferta de documentación aparentemente impecable a través de plataformas como Telegram y Facebook, con el objetivo de facilitar a los extranjeros la acreditación del arraigo de cinco meses exigido para acceder a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno.
En el Congreso de los Diputados, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Prieto, presentó las conclusiones elaboradas por su organización tras los primeros meses de aplicación del procedimiento. Invitado como experto en la ponencia a petición del Partido Popular, advirtió de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la ausencia de un informe policial obligatorio. Según expuso, esta situación podría permitir que personas con múltiples delitos o incluso con órdenes internacionales de detención logren regularizar su situación en España, así como facilitar el reconocimiento de estancias a individuos con antecedentes en sus países de origen difíciles de comprobar en el tiempo establecido.
Durante su intervención, Prieto también presentó un informe de 16 páginas en el que se analizan los principales desafíos operativos de la Policía Nacional y su impacto en la seguridad. En él se hace referencia a la Unidad Central contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), señalando que la reasignación de agentes a tareas administrativas relacionadas con este proceso estaría reduciendo la capacidad de actuación contra las redes criminales organizadas.
Desde el SUP se critica además que la tramitación urgente del real decreto pueda estar afectando a la capacidad de anticipación y detección de amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. También se muestra especial preocupación por la disposición transitoria quinta, relativa a los conceptos de arraigo y protección internacional, ya que podría permitir que solicitantes de asilo con expedientes en curso o incluso denegados accedan a esta vía extraordinaria, generando duplicidades administrativas.
Por otro lado, el volumen previsto de hasta 750.000 solicitudes está provocando una fuerte saturación en las oficinas encargadas de su gestión. Según el sindicato, esta situación no solo supone un problema de eficacia burocrática, sino que podría derivar en un riesgo para la seguridad nacional. Además, alertan de una debilidad en el sistema de verificación inicial, que recae en personal administrativo en lugar de en agentes especializados, lo que podría permitir que identidades sean validadas antes de una revisión policial completa. A esto se suman problemas en la gestión telemática y en la asignación de citas, factores que, según denuncian, estarían alimentando el mercado negro y el fraude en la obtención de turnos.
