
La Xunta destina 941.000 euros a fomentar la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de Ferrolterra
La Xunta destina este año 941.140 euros a fomentar la contratación de personas con discapacidad en Ferrolterra
La Xunta destina este año 941.140 euros a fomentar la contratación de personas con discapacidad en Ferrolterra, mediante ayudas a ocho centros especiales de empleo (CEE) de la comarca. Esta mañana, la delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitó uno de estos centros, Galogística, que recibió 166.738 euros para mantener y adaptar sus 27 puestos de trabajo actuales.
La convocatoria de ayudas para los CEE, con un presupuesto inicial superior a 27 millones de euros, contempla tres líneas principales:
- Mantenimiento de empleos y costes salariales: los trabajadores con discapacidad de los CEE recibirán ayudas equivalentes al 50-65% del Salario Mínimo Interprofesional.
- Contratación indefinida con apoyo especializado: destinada a personal que trabaje con personas con mayores dificultades para acceder al empleo.
- Estabilidad laboral mediante nuevas contrataciones: permite subvencionar hasta siete puestos por centro con incentivos de hasta 25.000 euros por empleo a jornada completa, según las características de la persona trabajadora, y una ayuda de 1.800 euros para la adaptación de cada puesto.

Durante la visita, Martina Aneiros destacó que estas convocatorias reflejan "la apuesta firme de la Xunta por la inclusión laboral de las personas con discapacidad" y subrayó la importancia de apoyar entidades como Galogística, cuya labor permite a personas con mayores dificultades integrarse profesional, social y personalmente.
Además, la delegada recordó que este año la Xunta ha unificado las ayudas dirigidas a empresas de inserción, cuyo objetivo es la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social. Estas personas recibirán formación y empleo durante un máximo de tres años. El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1,5 millones de euros y exige que al menos el 30% de la plantilla de las empresas beneficiarias esté compuesta por personas en situación o riesgo de exclusión social.
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