La verdad que tratan de ocultar el PSOE y Podemos sobre el acuerdo para regularizar inmigrantes

La inmigración en España no solo puede afectar al aspecto social, también al judicial y al político. Con la nueva propuesta del PSOE y Podemos, los inmigrantes que puedan acreditar cinco meses de residencia en España podrán ser regularizados sin vínculo laboral. Se trata de una medida que podría traer repercusiones en España.

Se plantea esto mediante un Real Decreto, es decir, saltándose el Congreso. Y es que el Gobierno no tiene derecho legal para tomar solo esta decisión sobre inmigración masiva, según recuerdan en redes. Y es que es un tema que le corresponde al Congreso según la Constitución y la ley española.

Se trata de una diferencia importante si se compara con las medidas optadas por Zapatero en 2005. En ese momento, el antes mandatario concedió la regularización de más de 500.000 inmigrantes si conseguían un trabajo. 

En este contexto, la gestión de Zapatero se presenta como un referente crítico. Su regularización masiva, aunque criticada por algunos sectores, respetaba el marco legal. Además, establecía un criterio claro ligado al empleo, lo que facilitaba su justificación jurídica.

Las nuevas iniciativas, en cambio, muestran una tendencia a priorizar la rapidez administrativa sobre la seguridad jurídica y el control parlamentario. Así, se abre el debate sobre los límites de la acción ejecutiva en materia de inmigración.

Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos, anunció el lunes un acuerdo con el PSOE para regularizar a los inmigrantes que acrediten al menos cinco meses de residencia en España. La medida avanzará este martes, cuando el Consejo de Ministros dé luz verde al inicio de la tramitación de un real decreto.

La medida permitirá obtener la residencia a todas las personas que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, siempre que no tengan antecedentes penales y puedan demostrar un mínimo de cinco meses de residencia.

La acreditación podrá realizarse mediante el empadronamiento o a través de otros documentos, como un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o de alquiler, o incluso un certificado de envío de dinero. Este tipo de alternativas ha sido muy solicitado por las organizaciones sociales, que señalan las dificultades que enfrentan quienes se encuentran en situación irregular para acceder al padrón.

Además, al presentar la solicitud, se suspenderán de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión que estuvieran vigentes, ya sea por motivos administrativos o por trabajar sin autorización.