La Ciudad del Vaticano reforzó de manera significativa su legislación en materia de acceso irregular al territorio vaticano. La Santa Sede publicó el 19 de diciembre de 2024 un nuevo decreto que endurece las sanciones contra quienes entren ilegalmente en el Estado más pequeño del mundo, estableciendo multas que pueden alcanzar los 25.000 euros y penas de prisión de hasta cuatro años en los casos más graves.
La normativa, firmada por el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, entró en vigor de forma inmediata tras su publicación. El objetivo declarado fue reforzar la seguridad y proteger un enclave de enorme relevancia religiosa, institucional y diplomática.
Entre las principales novedades destaca el castigo para quienes accedan al territorio vaticano mediante violencia, amenazas, engaños o elusión de los controles de seguridad. Según el texto legal, estas conductas podrán ser castigadas con penas de prisión de entre uno y cuatro años, además de sanciones económicas que podrían alcanzar los 25.000 euros.
El decreto contempla agravantes específicas para determinadas circunstancias. Así, las penas aumentarán cuando la entrada ilegal se produzca portando armas, sustancias peligrosas o actuando en grupo. También se endurecerán cuando la infracción de los controles fronterizos se realice utilizando un vehículo, supuesto en el que las condenas podrán incrementarse hasta en dos tercios.
Otra de las medidas incorporadas afecta al espacio aéreo del Vaticano. La nueva regulación introduce sanciones para el sobrevuelo no autorizado, incluyendo el uso de drones, una cuestión que ha cobrado relevancia en los últimos años por razones de seguridad. En estos casos, las penas podrían alcanzar los tres años de prisión.
Asimismo, la legislación prevé nuevas herramientas administrativas para las autoridades vaticanas. Entre ellas figura la posibilidad de imponer prohibiciones de acceso al territorio durante un periodo de hasta 15 años para quienes reincidan en este tipo de infracciones. También se contemplan sanciones por incumplimientos relacionados con la residencia o con el uso indebido de bienes cedidos por el Estado vaticano.
La aprobación de esta normativa ha generado debate en distintos ámbitos, especialmente por el contraste entre la política de acogida y solidaridad hacia los migrantes que el papa Francisco ha defendido reiteradamente a lo largo de su pontificado y el endurecimiento de las medidas de control dentro del propio Estado vaticano.
