La Universidad Complutense de Madrid ha dado un paso más en el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez. El centro universitario ha reclamado una indemnización de 113.509,32 euros que deberá abonarse únicamente si la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, resultan condenadas por el presunto delito de malversación que investiga el juez Juan Carlos Peinado. Así lo confirma El Debate.
La institución académica sostiene, según el medio, que sufrió un perjuicio económico derivado de los hechos que se investigan y, por ese motivo, ha ejercitado la acción civil dentro del procedimiento penal. En su escrito, solicita que la eventual responsabilidad patrimonial recaiga sobre quienes sean declaradas responsables en sentencia, de acuerdo con el grado de participación que determine el tribunal.
La institución académica sostiene que sufrió un perjuicio económico derivado de los hechos que se investigan
Uno de los elementos centrales de la reclamación gira en torno al software desarrollado durante la actividad de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez. La Complutense mantiene que ese desarrollo tecnológico fue creado utilizando recursos universitarios y aportaciones destinadas a una actividad académica, por lo que entiende que constituye un activo de su propiedad.
Desde esa premisa, la universidad considera que existen indicios de que ese software habría quedado fuera de su control al registrarse tanto el dominio como la marca a nombre de la empresa Transforma TSC sin autorización de la institución. Ese extremo forma parte de los hechos que el centro considera relevantes para fundamentar su reclamación económica.
Junto a la reclamación económica, la universidad respalda que el procedimiento continúe su curso
La UCM también defiende que el patrimonio público cuya protección analiza la causa no se limita a los recursos económicos. En su escrito recuerda que el trabajo realizado por personal al servicio de la Administración en el ejercicio de sus funciones también integra ese patrimonio, argumento que incorpora para justificar el alcance del posible perjuicio.
Que el procedimiento siga su curso
Junto a la reclamación económica, la universidad respalda que el procedimiento continúe su curso. Para ello hace suyos los razonamientos recogidos por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la existencia de indicios suficientes para mantener abierta la investigación por un presunto delito de malversación relacionado con el uso de los recursos de la cátedra.
