El ultimátum del juez Carrero a Errejón y Mouliaá que los pone contra las cuerdas

El juez Adolfo Carretero ha emitido un ultimátum a Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. Exigiéndoles la entrega de sus teléfonos móviles en un plazo de cinco días.

Esta orden responde a la necesidad de analizar los mensajes que intercambiaron a través de redes sociales, específicamente en Instagram.  Con el objetivo de obtener pruebas relevantes en el marco de la investigación por la presunta agresión sexual que involucra a ambos.

El juez Carretero, que está al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha solicitado a la Policía Nacional que se encargue de volcar el contenido de los dispositivos.

Sin embargo, la orden es clara: los agentes deben centrarse exclusivamente en las conversaciones que mantuvieron a través de Instagram, tal y como había solicitado la acusación popular. Esta petición fue presentada por la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializadas (ADIVE), representada por el letrado Jorge Piedrafita.

Una de las claves de esta investigación radica en la ausencia de conversaciones entre Errejón y Mouliaá en WhatsApp, lo cual ha generado sospechas. El juez ha señalado que no consta "ninguna" conversación en la aplicación de mensajería, lo que indica que podría haber mensajes eliminados.

De ahí que se haya solicitado que se estudie si es posible recuperar estos mensajes borrados. Ya que podrían ofrecer información crucial para esclarecer los hechos.

El juez considera que este rastreo de comunicaciones es "una prueba muy importante" para evaluar la veracidad de las versiones presentadas. En el proceso judicial, las versiones de los involucrados son contradictorias. Por un lado, Íñigo Errejón ha afirmado que la relación fue completamente consensuada.

Según él, no hubo agresión alguna y todo lo ocurrido fue fruto de una interacción mutua. Sin embargo, Elisa Mouliaá ha relatado una versión completamente distinta.

La actriz asegura que fue víctima de forzamiento, y descarta que pudiera haber existido consentimiento, alegando que se encontraba en un estado de embriaguez. Esta contradicción es lo que ha llevado al juez a solicitar pruebas más específicas para determinar qué ocurrió realmente.

El rastreo de los mensajes es clave para corroborar la credibilidad de cada versión. Para Carretero, los datos obtenidos a partir de los dispositivos de los implicados pueden ayudar a resolver el caso, analizando las interacciones previas y posteriores al presunto incidente. Las conversaciones entre ambos son fundamentales, ya que podrían reflejar si existió una relación consentida o si las denuncias de Mouliaá son verídicas.

El ultimátum de cinco días impone una presión adicional sobre los involucrados. A pesar de que los teléfonos serán analizados por expertos en informática forense, cualquier obstaculización en este proceso podría generar consecuencias legales. En este contexto, tanto Errejón como Mouliaá tendrán que decidir si cooperan con la justicia o si optan por defenderse de manera diferente.