De acuerdo con el informe, tanto Carmen Pano como Álvaro Gallego mantuvieron varias reuniones con representantes del despacho de abogados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a sus últimas investigaciones una declaración que añade un nuevo elemento de controversia al denominado caso hidrocarburos. Según recoge un reciente informe policial, el PSOE habría planeado el pago de más de 40.000 euros a la empresaria Carmen Pano mediante un supuesto "contrato simulado", con el objetivo de que modificara su versión de los hechos en sede judicial.
La información figura en un atestado elaborado por los investigadores a partir de la declaración prestada por Álvaro Gallego, chófer y colaborador de confianza de Pano. Según su relato ante los agentes, la propuesta habría llegado desde el entorno profesional de la abogada Leticia de la Hoz, conocida por ejercer la defensa de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
De acuerdo con el informe, tanto Carmen Pano como Álvaro Gallego mantuvieron varias reuniones con representantes del despacho de abogados. Durante esos encuentros, siempre según la versión aportada por Gallego y reflejada por la Guardia Civil, se les habría trasladado la conveniencia de modificar el contenido de sus futuras declaraciones judiciales.
La empresaria Carmen Pano adquirió notoriedad pública tras asegurar que había entregado bolsas con dinero en efectivo en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Esa afirmación la convirtió en una de las figuras más relevantes dentro de las investigaciones relacionadas con el caso hidrocarburos y con las ramificaciones políticas que han ido apareciendo durante la instrucción.
Según la documentación policial, en una de las reuniones se habría planteado a Pano y a su chófer que declarasen que únicamente habían transportado documentación, desvinculando de ese modo la existencia de entregas de efectivo. Asimismo, se les habría sugerido atribuir determinadas responsabilidades al empresario Víctor de Aldama.
La UCO sostiene que, posteriormente, se abrió una negociación sobre posibles contraprestaciones económicas. Siempre de acuerdo con las declaraciones recogidas por los agentes, Carmen Pano habría solicitado 25.000 euros en efectivo para afrontar gastos familiares, además de una ayuda mensual para el alquiler de una vivienda durante varios años. Por su parte, Álvaro Gallego habría pedido 15.000 euros para la adquisición de un vehículo.
Uno de los aspectos más llamativos del informe policial es la referencia al mecanismo mediante el cual se justificarían dichos pagos. Según la versión trasladada a la Guardia Civil, los interlocutores habrían planteado la posibilidad de instrumentalizar contratos laborales o de intermediación para dar apariencia legal a las cantidades abonadas. Los investigadores describen esta fórmula como un supuesto "contrato simulado".
El informe añade que los interlocutores habrían condicionado cualquier pago a que las declaraciones judiciales se ajustaran a las directrices previamente planteadas. Además, se habría mencionado la conveniencia de seguir colaborando en futuras actuaciones destinadas a reducir la presión judicial sobre José Luis Ábalos y Koldo García.
Sin embargo, según consta en las diligencias, Carmen Pano decidió finalmente no aceptar la propuesta tras consultar el asunto con su abogado. La empresaria mantuvo su declaración ante el Tribunal Supremo y, posteriormente, las relaciones con el entorno que le había realizado la oferta quedaron interrumpidas.
