El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una supuesta red de influencias y adjudicaciones irregulares vinculada a la SEPI, así como posibles maniobras impulsadas desde el entorno del PSOE para interferir en procedimientos judiciales que afectaban al partido.
Según el sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Leire Díez como una de las figuras centrales de ambas operaciones. Los investigadores sostienen que la exmilitante socialista actuaba bajo las instrucciones de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, con el objetivo de proteger “los intereses del presidente”.
La investigación apunta a que Díez habría desarrollado labores destinadas a desacreditar instituciones del Estado mientras mantenía una relación de colaboración con dirigentes y empresarios presuntamente implicados en la trama. Entre ellos figuran Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Antxon Alonso, al que la UCO vincula con Cerdán.
De acuerdo con las pesquisas, el grupo habría presionado o influido sobre funcionarios públicos para favorecer determinadas adjudicaciones, obteniendo presuntamente más de 730.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023. Parte de esos beneficios, según los investigadores, se habría ocultado mediante sociedades instrumentales y distintos bienes patrimoniales.
Uno de los episodios que concentra mayor atención es el rescate público de Tubos Reunidos. La compañía recibió 113 millones de euros de la SEPI en 2021 y, según la Guardia Civil, aquella operación habría generado cerca de 115.000 euros en comisiones para la presunta red investigada.
